Algunos sondeos en Baja California señalan que más de la mitad de la población estaría a favor de que el mandato del actual gobernador, Jaime Bonilla, se mantenga durante el periodo de 5 años.

A unos días de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determine si el periodo de gubernatura de Baja California se mantendrá en cinco años, o si será reducido a dos años, como originalmente se estableció en la elección, un par de encuestas revelaron que más de la mitad de la población del estado fronterizo prefiere que se respete el periodo modificado y consideró la reducción como un acto político.

Según los datos presentados por Massive Caller, el 56.6% de los bajacalifornianos consultados estuvo de acuerdo con que Bonilla se quede 5 años en el cargo, en contraste con el 37.2% que no estuvo de acuerdo y el 6.2% que no tuvo opinión.

La segunda pregunta fue sobre si consideraban como acto político o legal la reducción a dos años para la actual gubernatura, que tiene como finalidad homologar el calendario electoral en México. El documento refiere que el 64% lo consideró como un acto político, mientras que el 32.9% se decantó por considerarlo un acto legal. El 3% restante se estuvo indeciso.

Por otra parte, la casa encuestadora Demotáctica realizó tres preguntas a ciudadanos del estado fronterizo. En primer lugar, cuestionó si la SCJN debe avalar el periodo actual a 5 años. Los resultados arrojaron un 60% a favor de la extensión, mientras que el 36% se decidió por mantener la duración tal como está prevista actualmente.

El segundo cuestionamiento fue sobre si Jaime Bonilla debería mantenerse 5 años como gobernador de la entidad, el tanteo reportó un 61% a favor, por un 35% en contra, con 4% indeciso.

La última interrogante versó sobre si la reducción del periodo del gobierno estatal respondía a un acto político o si lo consideraban dentro de la legalidad. La respuesta fue la más contundente en ambas encuestas, el 66% lo consideró un acto político, mientras que el 31% opinó que era legal.

En esta semana se espera una resolución del máximo tribunal del país, en el que se necesita el voto de por lo menos 8 de 11 ministros para invalidar el decreto de reforma constitucional que fue avalado por el Poder Legislativo estatal.

 

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