Autoridades de Suiza y Estados Unidos anunciaron en mayo que estaban investigando una trama de corrupción al más alto nivel en el fútbol, incluyendo el proceso por el que se entregó la organización de los Mundiales de 2018 y 2022 a Rusia y Qatar, respectivamente.   Reuters Fiscales suizos iniciaron una investigación criminal contra el presidente de la FIFA, Joseph Blatter, bajo sospechas de malversación, dijo el viernes la fiscalía general del país (OAG). En un hecho que da cuenta de que la investigación por corrupción al interior de la FIFA se está expandiendo, representantes de la OAG (por sus siglas en inglés) interrogaron a Blatter tras una reunión del comité ejecutivo del organismo en Zúrich, dijo la fiscalía en un comunicado. “Además, la OAG realizó el 25 de septiembre del 2015 un allanamiento en la sede de la FIFA con el apoyo de la policía criminal federal. La oficina del presidente de la FIFA ha sido registrada y se requisaron datos”, añadió. Autoridades de Suiza y Estados Unidos anunciaron en mayo que estaban investigando una trama de corrupción al más alto nivel en el fútbol, incluyendo el proceso por el que se entregó la organización de los Mundiales de 2018 y 2022 a Rusia y Qatar, respectivamente. En ese momento se acusó a 14 dirigentes y directivos de empresas de marketing, entre ellos varios de la Confederación Sudamericana y de la Concacaf, pero hasta el viernes las autoridades no habían involucrado al suizo Blatter, de 79 años y quien comanda la FIFA desde 1998. Blatter siempre negó haber obrado mal. La OAG interrogó a Blatter y le pidió información al ex astro Michel Platini, actual presidente de la UEFA, según el comunicado de las autoridades. Platini es el favorito para ganar la elección de febrero en la que se decidirá al sucesor de Blatter. El comunicado dijo que Blatter está bajo sospecha de haber hecho un pago de 2 millones de francos suizos (2.05 millones de dólares) a Platini a expensas de la FIFA, supuestamente por trabajos realizados entre enero de 1999 y junio de 2002. El pago se hizo efectivo en febrero de 2011, sostuvo la OAG. Un portavoz de la fiscalía estadounidense declinó hacer comentarios.

 

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