La Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite la controversia constitucional promovida por el Instituto Nacional Electoral (INE) en contra de la decisión de la Cámara de Diputados de recortar 950 millones de pesos a su presupuesto de 2019 y la reducción de salarios, pero negó la suspensión.

En el acuerdo publicado este martes, el ministro Alberto Pérez Dayán explicó que el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) ya entró en vigor y por tanto no se le pueden dar efectos restitutorios a la suspensión, por ser una medida cautelar que tiene como propósito preservar la materia del juicio.

Por ello instruyó notificar a las autoridades responsables, a fin de que en el plazo de 30 días hábiles contados a partir del siguiente en que surta efecto la notificación, manden a la Corte los informes correspondientes y copia certificada de los antecedentes que les toque sobre la iniciativa, discusión y aprobación del presupuesto.

La autoridad electoral indicó que “respeta el sentido de las determinaciones que emita (el máximo órgano jurisdiccional) dentro de dicho procedimiento”.

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En un comunicado, dijo que presentó la controversia el pasado 23 de enero, por el recorte presupuestal por 950 millones de pesos, que aprobó la Cámara de Diputados en diciembre pasado, al presupuesto originalmente planteado por este Instituto, por lo que se vulneró la autonomía e independencia del mismo.

También puntualizó que la Corte consideró que debía seguir surtiendo efecto la decisión de la Cámara de Diputados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 2018, hasta en tanto se determine en definitiva, si la reducción presupuestal aprobada en perjuicio del Instituto Nacional Electoral es constitucionalmente válida.

Señaló que el mismo día que se presentó la controversia y con el objetivo de avanzar en el cumplimiento de sus tareas, el INE aprobó su presupuesto considerando ya el recorte y realizando ajustes en diversos rubros.

Dicho ajuste consideró materiales y útiles de oficina; combustibles y aditivos para vehículos; servicio telefónico convencional; congresos y convenciones; asesorías; pasajes aéreos y terrestres de servidores públicos y viáticos.

En entrevista, el consejero electoral Marco Antonio Baños Martínez apuntó que se sigue la ruta legal y que la admisión de la controversia por parte de la Suprema Corte es una decisión dentro del procedimiento que no resuelve todavía el fondo del asunto.

“Vamos a ver cómo decide la Corte resolver nuestra promoción, pero no es un tema que impacte de ninguna manera al instituto. Seguimos trabajando, hay un plazo adecuado que hemos abierto aproximadamente de cinco meses para poder concluir las negociaciones con las secretarías de Hacienda y Gobernación, y esperar la decisión de la Corte, estamos en la ruta que ha establecido el instituto”, explicó.

Sobre el pago de los salarios, dijo que han sido muy respetuosos de las decisiones del Poder Judicial, y consideró que son ellos los que tienen, en este caso, la última palabra y van a resolver de acuerdo a derecho el fondo del asunto.

“Tomaremos las medidas que correspondan conforme avancen estos temas, y por supuesto que el salario de los consejeros correrá la suerte que la ley establece”, comentó.

Sobre el tema del Servicio Profesional Electoral explicó que solo está el bloque de los delegados del instituto, cuyo salario estaba ligeramente arriba del del presidente y se ajustó a la baja en función de las determinaciones que se tomaron sobre el presupuesto y con la Ley de Salarios Máximos.

Informó que en ese caso algunos de ellos han hecho las promociones legales correspondientes a sus intereses, lo cual está en curso y se tienen que esperar a que se resuelvan conforme a derecho, y con respecto al tema de los seguros de separación individualizada y de gastos médicos mayores, “se les informó a los trabajadores que son tres meses de vigencia”.

Lo anterior por el amparo que interpuso el INE y que la juez sexta del Séptimo Distrito en Materia Administrativa concedió a la suspensión provisional, para pagar la nómina de los trabajadores de este instituto y evitar una ilegalidad.

Con información de Notimex.

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