El ‘mercado verde’ cuenta con más consumidores que están dispuestos a pagar un precio mayor por artículos y servicios que no tengan un impacto nocivo al medio ambiente o a la sociedad. Además, los gobiernos alrededor del mundo ofrecen cada vez más incentivos fiscales a las compañías que cumplen con ciertas medidas de sustentabilidad.     Por Julián Vega, asesoría de Negocios de Ernst & Young     Si un director general se pregunta cuál es la razón de fondo para implementar en su organización iniciativas de responsabilidad social o sustentabilidad, la respuesta debe ser: la realidad misma. Cada vez más gente alrededor del mundo exige que las compañías disminuyan su impacto negativo al medio ambiente, tanto en sus productos como en sus procesos. Esta tendencia mundial pone en relieve otra realidad: la viabilidad del negocio. El mundo vive un escenario energético marcado por el encarecimiento y escasez tanto de los combustibles fósiles como de otros recursos. Asimismo, el mercado accionario mundial –el mexicano incluido- ha puesto en marcha diversos índices bursátiles diseñados para distinguir, ante los ojos de los inversionistas, a las organizaciones con las mejores prácticas de responsabilidad social, medio ambiente y gobierno corporativo. En términos generales, el llamado ‘mercado verde’ cuenta con más consumidores que están dispuestos a pagar un precio mayor por artículos y servicios que no tengan un impacto nocivo al medio ambiente o a la sociedad. Por otra parte, los gobiernos alrededor del mundo ofrecen cada vez más incentivos fiscales a las compañías que cumplen con ciertas medidas de sustentabilidad. Además, el aumento en los precios de los combustibles, los cuales mantendrán su encarecimiento debido a la existencia limitada de recursos fósiles, como el petróleo y el carbón –el barril de petróleo Brent aumentó aproximadamente 26 % de 2009 a la fecha–, trae como consecuencia la conveniente implementación de instrumentos que hagan más eficiente el consumo de la energía. En México, la Secretaría del Medio Ambiente ofrece diversos beneficios fiscales por llevar a cabo acciones en la materia, los cuales varían según cada estado. En el Distrito Federal, por ejemplo, existen incentivos como la reducción a los derechos por suministro de agua, así como al impuesto predial y sobre la nómina. No obstante, aunque los aspectos positivos que conlleva sumarse a esta clase de medidas son un gran aliciente y prometen beneficios en el mediano y largo plazo, es cierto que se convierten en factores más tangenciales en la medida que se concretan más exigencias regulatorias y condiciones del mercado, las cuales se traducen en recomendaciones para llevar a efecto verificaciones y cumplimientos con el fin de acceder a nuevas formas de financiamiento. En pocas palabras, será una ventaja competitiva adaptarse lo más pronto posible, porque en un futuro no muy lejano será indudablemente la condición para que las empresas permanezcan en el mercado.   Índice ‘verde’ En el caso de la Bolsa Mexicana de Valores, el Índice de Precios y Cotizaciones Sustentable representa no sólo una oportunidad, sino también una medición que más organizaciones tendrán que buscar para captar los fondos de inversión socialmente responsable. Creado para calificar a las compañías con un mínimo de float de 30% y un valor de capitalización flotado mayor a los 10,000 millones de pesos, dicho índice tiene el propósito de comparar a los evaluados con sus pares alrededor del mundo y definirlos como instituciones que sobresalen en temas de responsabilidad social, medio ambiente y gobierno corporativo. Entre las corporaciones que forman actualmente parte del índice se encuentran América Móvil, Cemex y Grupo Bimbo Este ejercicio, similar a los índices que existen alrededor del mundo como el Dow Jones Sustainability Indexes (DJSI) y el FSTE 4Good, arrojó en sus resultados más recientes, evaluados por Ecovalores y la Universidad Anáhuac del Sur, una lista con 23 de las compañías públicas con las mejores prácticas internacionales. Conforme pase el tiempo, lo que veremos será a más instituciones que busquen formar parte de este selecto grupo a través de análisis serios y estrategias muy puntuales que los ayuden a mejorar sus indicadores. Pero lo que tiene mayor relevancia por sus implicaciones para el próximo sexenio es el reciente decreto de la Ley General del Cambio Climático, el cual define un nuevo marco institucional que busca armonizar al país con los avances en las negociaciones y acuerdos internacionales. Entre los puntos más notables destaca el compromiso de México por reducir en 30% sus emisiones de gases de efecto invernadero hacia 2020. Y es importante por la forma en que impactará a los diversos sectores industriales, ya que, si bien existe la legislación, todavía faltan por definir los reglamentos particulares que podrían afectar en la productividad y eficiencia de gremios como el automotriz, cuyo desempeño en los últimos años ha posicionado al país como un jugador clave. El análisis y la cautela para aplicar esta ley serán fundamentales en la agenda de la próxima administración, en aras de mantener las expectativas de crecimiento económico del país, sin dejar de cumplir ante las exigencias de sustentabilidad globales.     Contacto: [email protected]

 

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