Por: Santiago Fabián Arroyo Seguedo*

En días pasados, dentro del marco del inicio de la vigencia del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos de América y Canadá, el periódico The Dallas Morning News fue publicado un artículo de opinión con autoría de Dan Brouillette, Secretario de Energía del Gobierno de los Estados Unidos, del cual cabe destacar las siguientes afirmaciones:

“Este nuevo marco legal tiene varios componentes clave para seguir impulsando el comercio de energía. Mantener las exportaciones de energía a través del continente bajo un esquema libre de aranceles, apoyando la Reforma Energética de México, la cual, ha reforzado los lazos comerciales con Estados Unidos, facilitando el intercambio comercial de energía a través de las fronteras.

En cambio, este tratado internacional más robusto permitirá que los tres países continúen dependiendo de las importaciones de energía, sobre todo de naciones que no defiendan la misma adhesión al libre mercado, la transparencia y el Estado de Derecho. Los beneficios que traen estas medidas serán para preservar y reforzar nuestra mutua independencia, las cuales, no son exageradas. Esto hará que todos los americanos, y nuestra región en el mundo, sean mas libres, seguras y prosperas.”

Palabras que nos dan un claro indicio sobre la intención del Gobierno de los Estados de América, es la creación de un bloque comercial energético que integre a las tres naciones bajo los principios de libre mercado, transparencia y Estado de Derecho; que, básicamente son los postulados torales en la ideología estadounidense que han creado de dicho país, una potencia económica.

No obstante, desde la perspectiva del Gobierno estadounidense se vislumbra una doble oportunidad para el país vecino que, desde el exterior, será crear un posicionamiento de fortaleza geopolítica con miras a consolidar su estatus como una potencia energética mundial desde el ámbito de los hidrocarburos (productores de gas y aceite de esquisto), así como desde las energías renovables. Restando la influencia comercial de elementos externos como la OPEP, destinando al resto del continente a una dependencia energética directa de los Estados Unidos e indirecta de los otros dos socios comerciales dentro del tratado; al tiempo que direcciona un aislamiento comercial natural y consecuente sobre las naciones que son consideradas por el país del norte como contrincantes ideológicos desde su visión política y que a la fecha han recibido diversas sancionen económicas por parte del Departamento del Tesoro.

Asimismo, esto contrasta con la segunda área de oportunidad que tiene pretendida la Casa Blanca sobre los fines del acuerdo, que es más sobre una visión regional y hacia el interior que, como ya se dijo, es fortalecer a los productores estadounidenses de gas y aceite de esquisto, al mismo tiempo que centran una política de recuperación de la producción carbonífera norteamericana; lo que en las pretensiones del presidente Trump, será la generación de mayores empleos sobre la industria energética, tal como lo ha referido en su discurso, mientras consolida sus exportaciones de energéticos a los países miembros del Tratado.

Lo anterior, sirviendo como una manera de sintetizar los objetivos de la Casa Blanca respecto al tratado y su relación con sus socios comerciales. Sin embargo, al direccionarnos hacia la relación entre México y Estados Unidos, habrá que resaltar el hecho que el secretario Bouillette en sus palabras respalda en muchos sentidos la Reforma Energética mexicana de 2014, así como lo que representa para los inversionistas e inversiones estadounidenses, pero con el efecto colateral del desarrollo económico de México y su fortalecimiento energético; bajo los principios por los cuales fue erigida la Reforma que, en su momento fueron los de transparencia, regulación efectiva, libre mercado y una transición hacia una industria energética emparejada a un Estado de mínima intervención; desde los postulados de libre mercado y Estado de Derecho, como cita el propio Brouillette en su texto, mismos que son los que enarbolan el T-MEC.

Siendo el anterior párrafo, el que nos sirve como puente para dirigirnos hacia el contexto mexicano relacionado al T-MEC, desde el enfoque de la industria energética y su relación con los cambios en la política energética nacional que, en 2018 aconteciera con el encumbramiento del presidente Andrés Manuel López Obrador, en la Administración Pública Federal y que, al presentar su Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024 se plantea un cambio cismático en las políticas energéticas del país, direccionado hacia dos términos que son clave para comprender lo que más adelante comentaremos; siendo los conceptos ideológicos de la “soberanía energética” y “autosuficiencia energética” que, desde la percepción del gobierno mexicano, especialmente del presidente López y la ingeniera Rocío Nahle, como titular de la Secretaría de Energía, se trata de un cierre de fronteras, anulación de inversiones y centralización de todos los aspectos tanto regulatorios como operativos de la industria energética mexicana sobre los productos y servicios que alcancen ofrecer las Empresas Productivas del Estado (Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad), delineando un cierre de oportunidades de elección y consumo energético de la ciudadanía, a pesar de que las propias empresas estatales no alcanzan a cubrir las demandas energéticas del país.

Privilegiando así, la actuación de estos monopolios del Estado bajo una visión nacionalista que los nuevos titulares del gobierno mexicano consideran un “patrimonio nacional”, por encima del bienestar general de la población y su desarrollo.

Todo lo anterior, desde un paradigma relacionado con un supuesto “saqueo” de recursos por parte de empresas y particulares, en especial extranjeros, que no ha sido comprobada a cabalidad y quedando a deber a las personas una explicación o demostración mediante procesos judiciales de sanción sobre exfuncionarios señalados por la administración actual como responsables de estos supuestos que plantean los integrantes del gabinete energético del Gobierno de México.

Así pues, es que encontramos un choque de ideologías muy claro que, a su vez representan intenciones económicas y políticas divergentes de ambos países; al grado que hace algunas semanas tanto el American Petroleum Institute y la American Fuel and Petrochemical Manufacturers enviaran misivas al presidente Trump y al propio secretario Brouillette, refiriendo que las empresas agremiadas han recibido en México tratos regulatorios discriminatorios, incumplimiento de contratos y compromisos comerciales, solicitando la intervención de la Casa Blanca para revisar la licitud o apego al marco legal energético mexicano, de las decisiones que han tomado el presidente López Obrador y su gabinete energético.

Lo cual se suma a la oleada de juicios de garantías promovidos por empresas generadoras de energía renovable, en su mayoría con inversionistas de origen extranjero, contra las Políticas de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, emitidas por la Secretaría de Energía en mayo pasado; sin omitir mencionar los diversos juicios contra un Acuerdo del Centro Nacional de Control de Energía, para paliar supuestas irregularidades en el despacho eléctrico provocados por los desbalances de demanda a causa de la pandemia por coronavirus. Procesos judiciales en dónde tanto la Comisión Federal de Electricidad, que actúa como Tercero Interesado en los juicios, el CENACE y la SENER, han sufrido una serie de reveses significativos en virtud del poco o nulo fundamento legal y técnico de sus decisiones o acciones.

Pero las afirmaciones de los cabilderos empresariales estadounidenses no carecen de sentido, y mucho menos de sustento; desde el inicio de la Administración del presidente López Obrador han sido presentes y reiterados los conflictos de sus alfiles energéticos Rocío Nahle y Manuel Bartlett contra la iniciativa privada, enarbolando los primeros una retorcida y sobredimensionada rectoría Constitucional de la política energética del país (que cae en los albores de la ilegalidad). Así como nombramientos de funcionarios en los diferentes Órganos Reguladores del sector energético que, además de no cubrir con los conocimientos mínimos para los cargos (como ha quedado demostrado durante las comparecencias de las ternas de candidatos para ocupar los cargos de comisionados en la Comisión Reguladora de Energía y las consejerías de PEMEX y CFE); han incurrido en una serie de declaraciones que pueden ser directamente vinculantes desde una perspectiva de responsabilidad en la Función Pública, así como en materia penal y en derecho internacional ante la posibilidad del inicio de procedimientos legales internacionales contra el Estado mexicano; manifestaciones sobre las intenciones de utilizar sus cargos en la CRE para favorecer a regulados como PEMEX y CFE.

Lo anterior por citar un ejemplo claro de que las afirmaciones de las asociaciones empresariales en cita no son infundadas. De igual modo, esta cadena de sucesos regulatorios que restan al principio de legalidad y Estado de Derecho bajo el cual está suscrito el T-MEC, se suman las resoluciones que escuetamente ha emitido la CRE en los últimos meses desde su reinicio de actividades en octubre de 2019, a causa de la falta de quorum legal para sesionar; determinaciones del regulador que son evidentemente favorecedores únicamente a PEMEX, por cuanto ve a la flexibilización de la aplicación de normas de calidad de petrolíferos como la NOM-016-CRE-2016, así como, recientemente las resoluciones en materia de tafias eléctricas de porteo que favorecen directamente a CFE y sus empresas subsidiarias. A pesar de todas estas acciones regulatorias con sesgo en favor de las empresas productivas del estado, contrastan con las enormes pérdidas financieras que han reportado; PEMEX presentó para el primer trimestre de 2020 una pérdida financiera de 562 MMDP, que resulta ser un 92% mayor a la reportada en todo 2018, y por parte de CFE, se reportó una pérdida de 121 MMDP para el primer trimestre de 2020, que ha sido históricamente el mas grande déficit de la comisión.

No olvidemos que, también la Comisión Nacional de Hidrocarburos ha quedado a deber en materia de regulación, haciendo especial mención que ha tenido una actuación más mesurada y cuidando las formas institucionales; pero no resta que tenga en su haber decisiones controversiales y que, desde la perspectiva de la American Petroleum Institute sean de gran preocupación no solo para las inversiones de sus agremiados, sino también, para el cumplimiento legal y político del T-MEC. Sirva solo mencionar un par de casos como la flexibilidad mostrada por la CNH ante el incumplimiento de PEMEX de sus compromisos en las asignaciones que retornó a la tutela del Estado por no haber realizado el más mínimo trabajo de exploración, pero que la CNH tuvo a bien calificar sin sancionar y volver a acreditar los campos en nuevas asignaciones; al igual, as diversas disyuntivas por la operación del campo Zama, donde a pesar de la carga técnica y financiera de los reportes presentados por el contratista privado, se deja ver que, al parecer los dados están cargados en favor de PEMEX.

Por lo que, al contrastar el entorno energético de ambos países, resulta que México tiene el escenario más dantesco y desfavorable; provocando ya un clima de tensión para la cumbre, ya que es probable que los diferentes “lobbys” empresariales ya mencionados estén expectantes a ver si sus peticiones son atendidas por el presidente Trump y el secretario Brouillette, para negociar soluciones desde el plano diplomático y evitar llegar al plano judicial. Máxime que al igual que en México, en los Estados Unidos de América persiste un clima de desconfianza del empresariado estadounidense hacia la administración Trump, derivado también, de su irascibilidad y compromisos de campaña que no se han cumplido a satisfacción de sus patrocinadores empresariales.

No obstante, las estrategias de los inversionistas estadounidenses en el sector energético del país, no descartan acudir a tribunales internacionales; toda vez que se están actualizando supuestos de incumplimiento del Estado mexicano a los compromisos del TMEC en los capítulos 22, 28, 31; sobre buenas prácticas regulatorias y trato no discriminatorio. Que en caso de no existir soluciones en la vía diplomática encaminadas a la flexibilización de la política energética del Gobierno de México, así como un tratamiento más cuidadoso de los reguladores energéticos mexicanos respecto de la legalidad y apego a derecho de su actuar, las empresas norteamericanas tienen muchísimos elementos de convicción para acreditar detrimento en sus inversiones que, no solo deberán ser restituidas, sino también, indemnizadas; bajo un contexto financiero recesivo en México y la inexistencia de recursos para cubrir la “salida” de estas inversiones.

Evidentemente el panorama es desalentador, pero relativamente sencillo para el gobierno de México, la dirección a tomar será plantear una solución que no signifique un descalabro en política exterior, así como agudizar y profundizar la terrible crisis económica que ya enfrenta el país. La respuesta está en atender el compromiso en materia regulatoria y de respeto al trato no discriminatorio del TMEC, flexibilizar la política energética nacionalista y plagada de vicios ideológicos, respetar a los órganos reguladores y hacer que sus funcionarios respeten la inocuidad debida a su investidura y funciones; recordando que la inversión privada puede coadyuvar a la intención del ejecutivo Federal mejorar las condiciones de bienestar de la población y la recuperación de los millones de empleos que se han perdido, ya ni hablar de los aspectos tributarios, dado que, la actividad de privados en la industria energética del país conlleva a importantes ingresos por contribuciones, dinero que al gobierno hoy día le hace mucha falta.

Será lo anterior, o sencillamente, mirar al país sumido en una atraso económico y social que nos lleve a los peores momentos que se puedan vivir para la nación mexicana. Hay mucho que ganar con el TMEC y el sector energético, pero también hay mucho que perder.

Contacto:

Santiago Fabián Arroyo Seguedo es CEO y Founder de URSUS Trade & Colsunting*

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.

 

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