La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) propuso este jueves reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones para combatir y sancionar casos de hackeo, sabotaje y cualquier tipo de délito cibernético.
La organización propuso agregar a la ley un artículo 190 bis 2 para añadir que la obligación de preservar una dirección IP durante tres meses en vivo y tres de almacenamiento, tal como establece el Convenio de Budapest sobre ciberdelincuencia, a fin de permitir que el ministerio público cuente con información, previa orden judicial.
Oscar Lira, vicepresidente del grupo de trabajo de ciberseguridad de la Coparmex, destacó que instituciones como Pemex, la Secretaría de Economía (SE), y recientemente la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) y el Banco de México (Banxico) han sufrido de ataques a la infraestructura crítica y sabotaje, lo que evidencia la necesidad de legislar en la materia.
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“Hubo acceso no autorizado a equipos de cómputo, eliminación de información de información, extorsión, sabotaje, ilícitos que ameritarían hasta 20 años de prisión”, advirtió.
“Pero no hay marco legal, ni herramientas, ni siquiera para investigar y ese tipo de delincuentes permanecen en el anonimato”, expusó Lira en el marco del foro “Ciberseguridad, desafíos actuales y futuro de México”, organizado por la Comisión de Ciencia y Radiodifusión y Tecnología de la Cámara de Diputados.
Asimismo, Lira explicó que es necesario aplicar esas reformas, ya que la Ley Federal de Telecomunicaciones sólo obliga a los proveedores de telefonía a preservar datos de hora, fecha y geolocalización, así como entregarla en caso de un delito (lo cual no necesariamente refiere a delitos informáticos).
Con información de medios
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