Por Isabel Crowley

El presente y futuro de toda sociedad depende de su capacidad para promover la salud y el bienestar de las próximas generaciones. Por esta razón resulta prioritario tomar todas las medidas necesarias para garantizar la inversión en la infancia, y de esa manera el cumplimiento de sus derechos.

En 2015 vivían en México 12.7 millones de personas de entre 0 y 5 años de edad, quienes no gozan de la igualdad de oportunidades. De acuerdo con datos de UNICEF y Coneval, en 2012 el 55.8% de los menores de 5 años vivía en pobreza y la población de cero a un año de edad tenía los mayores niveles de carencia en el acceso a servicios de salud (27.5%).

Otras estadísticas, también del 2012, indican que los niños más pequeños tienen el nivel más bajo en el Índice de Desarrollo Humano entre la infancia (IDH), y que los niños y niñas entre 0 y 5 años recibieron el menor gasto público per cápita –y más regresivo– y fueron en menor proporción beneficiarios del gasto en desarrollo humano.

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Además, estudios de UNICEF sobre inversión en la primera infancia en países de América Latina muestran que en 2013 en México se destinó 0.8% del PIB a la atención de los niños y niñas entre 0 y 5 años, debajo del promedio de los países de la región.

En el contexto de los ajustes macroeconómicos y recortes al presupuesto público federal 2016, anunciados en días pasados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Banco de México, es importante llamar la atención sobre la posible afectación que estas medidas podrían tener en la garantía de los derechos de la infancia, así como el riesgo de que comprometan las perspectivas de su bienestar presente y futuro.

Aun cuando los ajustes presupuestarios anunciados no afectan el gasto de la Secretaría de Desarrollo Social, suponen la posibilidad de afectar la disponibilidad y la calidad de programas, bienes y servicios públicos que tienen un papel clave en la garantía de los derechos de la infancia.

Es necesario tomar en consideración que el gasto social incluye, desde una perspectiva integral, las asignaciones presupuestales para garantizar los derechos a la salud, la nutrición adecuada, la atención médica de calidad, la seguridad social, un nivel adecuado de vida, un entorno saludable y seguro, el acceso a la educación, el derecho a la protección y restitución de derechos y el derecho a la participación. La falta de inversión en la primera infancia genera costos más altos a largo plazo y afectaciones en el desarrollo de las personas en esta etapa de su vida, que muchas veces son irreversibles.

Al analizar los programas que pertenecen al Anexo Transversal para la Atención de los Niños, Niñas y Adolescentes en el año en curso, se observa que las disminuciones son de 4,725 millones de pesos, es decir, 14.6% del monto total disminuido en el presupuesto 2016.

El presupuesto del Seguro Médico Siglo XXI disminuirá 888 millones de pesos, lo cual es crítico porque se trata del brazo del Seguro Popular, que brinda atención a millones de niños y niñas menores de cinco años de familias que no tienen acceso a ninguna institución de seguridad social.

A su vez, el presupuesto del programa de estancias infantiles para madres trabajadoras disminuirá 60 millones de pesos, y el de infraestructura social de los sectores educativos y de salud disminuirá 191.8 millones de pesos. En el sector educativo, de manera global, el gasto en infancia disminuirá en 2,460 millones.

En un contexto así, es prioritario mantener y hacer más progresiva la inversión en infancia. Sólo de esta manera el país alcanzará mejores estadios de crecimiento económico y bienestar social en el mediano y largo plazo. Tomemos en cuenta el alto precio que ha pagado la infancia en ajustes económicos anteriores y los costos sociales que estas decisiones han significado para todos los sectores sociales, en específico para los hogares con menores ingresos.

UNICEF propone continuar los esfuerzos ya iniciados para el diseño de una política integral de atención a la primera infancia, que proteja a los niños ante la adversidad macroeconómica y garantice una atención integral, con especial énfasis en los niños y niñas con mayor desventaja y marginación. Ello implica mejorar el espacio fiscal para aumentar los recursos disponibles y mejorar la capacidad y la coordinación de todos los niveles de gobierno.

Cuando invertimos sostenidamente en los niños, las niñas y sus familias estamos garantizando generaciones más productivas y que ejercen una ciudadanía responsable. En cambio, no proporcionarles las condiciones necesarias para que tengan bases sólidas para una vida sana y productiva pone en riesgo la prosperidad de la nación, sin hablar del impacto en la vida de cada niño y niña afectado.


Isabel Crowley es representante de UNICEF en México.

 

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.

 

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