La tragedia pudo haber sucedido en Acambay, en el Estado de México, donde hace apenas unos días, cientos de personas juntaban combustible de una toma clandestina, armados con bidones y garrafas. Pero ocurrió en Tlahuelilpan, con un saldo de al menos 85 muertes. A tres semanas de que el presidente López Obrador comenzara una batalla en contra del huachicoleo, la tragedia irrumpe en la vida del país, la cual genera preguntas sobre la viabilidad y oportunidades de éxito de esta guerra, la capacidad del ejército para estar en frentes distintos, desde la lucha contra el narcotráfico hasta la contención de civiles, así como la falta o no de una estrategia por parte del gobierno para evitar otros desastres como Tlahuelilpan, lugar hasta hace unos días desconocido para la gran mayoría de la población.

La explosión también ha venido a profundizar posiciones radicales sobre las acciones que está emprendiendo el presidente de México, que difícilmente aceptan matices sobre la actuación del nuevo gobierno federal. O al menos eso parecen indicar las redes sociales, donde abundan las frases del tipo “el ejército no pudo evitarlo”, “¿dónde estaba el pueblo bueno y sabio?”, “se requiere mano dura y todo el peso de la ley”, “eran pobres y no delincuentes”, “los militares hicieron lo correcto”, y otras tantas expresiones en lo que parece una competencia por tener la razón.

Uno de los cuestionamientos que ha despertado lo ocurrido en Hidalgo tiene que ver con la solidez de la estrategia con la que el gobierno pretende ganar esta batalla, la que se percibe será de largo plazo, como lo demuestra el ejemplo colombiano, donde tardaron una década para controlar la extracción ilegal de combustible, con una estrategia integral que incluyó el uso de tecnologías, un grupo policial especializado junto con fuerzas militares y una política pública que involucró a empresarios y funcionarios.

Diversas encuestas realizadas los últimos días indican que, a pesar del malestar y las horas gastadas para cargar combustible en algunos estados del país, la mayoría de los encuestados apoyan al presidente en su cruzada en contra del huachicoleo e, incluso, hay un aumento en la aceptación del presidente. Lo que se desprende de estas encuestas es el amplio espacio de gobernabilidad que tiene López Obrador y que le da la legitimidad necesaria para continuar con una batalla que requerirá toda la inteligencia del Estado.

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Tlahuelilpan tristemente es un ejemplo de la complejidad del fenómeno de la corrupción y de la ausencia de una cultura de la legalidad. Es ejemplo de la corrupción a pequeña escala, la que parece inofensiva y que es socialmente aceptada porque se ve como una forma de compensar la falta de oportunidades en educación o trabajo digno. Pero este evento es a la vez consecuencia de aquella corrupción estructural, que se articula en redes y que involucra a cientos de actores, desde los que extraen la gasolina en sus pueblos, hasta gasolineras, empresas, funcionarios de Pemex y su poderoso sindicato. En este contexto surgen varias preguntas, una de ellas es si el gobierno será capaz de competir con la tentación de enriquecerse de la noche a la mañana, en un negocio ilícito en el que se requiere de casi nada para poder incursionar y que es democráticamente accesible, sin distingos de edad o clase social.

El presidente ha calificado la explosión de Tlahuelilpan como un hecho “doloroso pero aleccionador”. Ojalá que también sirva para afinar las estrategias del gobierno, donde la apelación a los valores y a los principios del ser humano se acompañe de un verdadero trabajo de inteligencia contra las redes criminales del huachicoleo.

 

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