La toma de casetas en distintas autopistas del país es realizada por un grupo de delincuentes y no por personas desempleadas a raíz de la crisis por la pandemia de Covid-19, aseguró Marco Antonio Frías Galván, director general de la Asociación Mexicana de Concesionarios de Infraestructura Vial (AMCIV).
“Los grupos perjudicados (por la crisis sanitaria y económica) no son violentos, nos ha sucedido que sí han pedido en algún momento dinero en los carriles, (pero) no toman la caseta ni representan un riesgo para la seguridad vial”, declaró.
“Son acciones muy distintas las que realizan estas personas a las que llevan a cabo los grupos de huachicol carretero, quienes van directo sobre el dinero de los usuarios, así como son violentos, agresivos y tienen un modus operandi muy identificado y se han creado para la toma de casetas”, afirmó el representante de empresas operadoras de autopistas en México.
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El dirigente explica que hay una diferencia entre los grupos huachicoleros con la población desempleada y los vinculados a la protesta social.
Las empresas como la Red de Carreteras de Occidente (RCO), Aleática México y Pinfra han trabajado con las autoridades y con las asociaciones de Bancos de Alimentos para ayudar y generar una vinculación social con los grupos perjudicados por la pandemia de Covid-19, señaló.
“Te puedo decir que 99% de las tomas son originadas por los grupos de huachicoleo carretero”, manifestó en entrevista con Forbes México.
—¿Descartas que la toma de casetas sea para obtener recursos para saciar el hambre y tener ingresos por el desempleo?— se le cuestionó al director general de la AMCIV.
—En el 99% de los casos así es, yo lo descarto por completo.
La pandemia de Covid-19 provocó una caída de 8.5% en la economía mexicana, el mayor descenso desde la crisis de la Gran Depresión de 1929.
En 2020, la población ocupada se redujo en 3.25 millones de personas, la mayor pérdida en registro, de acuerdo con Gabriela Siller, directora de Análisis Económico Financiera de Grupo Financiero Base.
“Durante el confinamiento de abril de 2020 salieron del mercado laboral 12.5 millones de personas, de los cuales 9.5 millones de personas han logrado regresar a sus actividades productivas”, indicó la economista del banco.
El director general de la Asociación Mexicana de Concesionarios de Infraestructura Vial recuerda que la toma de casetas tuvo un punto de inflexión en 2017, cuando se dan los incrementos al precio de la gasolina y diésel, momento en el que José Antonio Meade encabezaba la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
A partir de ese año empezan las manifestaciones a lo largo y ancho del país y una de ellas fue la toma de casetas de las autopistas administradas por empresas privadas y por Caminos y Puentes Federales (Capufe), agregó.
“La toma de casetas fue evolucionando para mal y en 2018 vuelve encontrar un punto (de inflexión) importante con unas características, que son la creación de grupos para llevar el boteo o huachicol carretero”, expuso.
Añadió que el huachicoleo carretero es el control de la caseta a través de medios violentos en la gran mayoría de los casos, así como la extorsión a los usuarios para que les den dinero.
“Hemos identificado que (el huachicoleo carretero) se incrementa cuando se aproximan los periodos electorales, por ejemplo, en 2018 fue un punto muy importante antes de la elección presidencial”, dijo Frías Galván.
La toma de casetas apareció por toda la República Mexicana por ser un negocio ilegal y se incrementó en 2019 y 2020 con la emergencia sanitaria de Covid-19, expresó.
“Grupos empiezan aprovechar la situación sanitaria y todo lo que conlleva para tomar casetas, particularmente en Sinaloa y Nayarit. En ambas entidades tuvimos casetas tomadas durante meses y no tuvimos operación regular durante más de un año”, mencionó.
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El representante de las operadores de autopistas señaló que la toma de casetas fue una constante en el Estado de México, Jalisco, Sonora, Morelos, Guerrero y la Ciudad de México, en Tlalpan, específicamente
“Nosotros empezamos a trabajar con el gobierno federal y con los gobiernos estatales a partir de septiembre de 2020 a través del Programa Caseta Segura, así como se instrumentaron diversos operativos que nos permitieron recuperar la operación en las plazas de cobro de Sinaloa y Nayarit”, comentó.
Frías Galván indicó que se ha notado una labor importante de las autoridades federales y estatales para recuperar la operación de las plazas de cobro, incluso con operativos como en la caseta de Alpuyeca, Morelos, donde hubo detenidos.
“Jalisco, en los primeros días del año, se había convertido en un foco rojo, porque teníamos tomas de casetas a diario y en un acción importante encabezada por el gobierno del estado se logró la detención de varias personas dedicadas al huachicol carretero”, puntualizó.
Sin embargo, “prevalecen todavía incentivos perversos, que seguramente propiciarán que los grupos sigan tomando casetas no en Estado de México, Jalisco, Sonora, Morelos, Guerrero, Sinaloa y Nayarit, pero sí en otras entidades de la República Mexicana”, destacó el director de la asociación.
El 15 de diciembre de 2020, la Cámara de Diputados aprobó una reforma al artículo 533 de la Ley de Vías Generales de Comunicación para establecer penas de 7 años de cárcel a quienes realizan el huachicol carretero o el boteo en las casetas de las autopistas de cobro privadas y de Capufe.
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La iniciativa, que está por discutirse en el Senado de la República, es muy relevante para las empresas privadas y públicas encargadas de operar las casetas en México, precisó Frías Galván.
“En la medida en que logremos contar con un marco jurídico más claro y le dé mayor certeza a las autoridades para atender la ilegalidad del huachicol carretero, pues le daremos mejores incentivos para evitar la toma de casetas. Si se logra la aprobación será muy importante que no sea letra muerta”, aseveró.
La colaboración de los concesionarios, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y los gobiernos estatales es importante para frenar la toma de casetas, ya que provocan un daño directo a los ingresos, aseguró.
“Las tomas de casetas en automático se ve reflejada en menos impuestos recabados por parte de la Federación y en menos contraprestaciones, lo que a su vez genera un perjuicio social cuando el gobierno no puede recaudar impuestos”, resaltó.
Cuando se toma una caseta y se presenta el huachicol carretero, el grand perdedor es la sociedad porque “solo esos pequeños grupos delincuenciales son los que ganan y ganan mucho dinero”.
“Son 7,000 millones de pesos que se han perdido desde diciembre del 2018 (al cierre de 2020) en toma de casetas, ¿a dónde han ido a parar o por dónde han pasado? Porque no pagan impuestos”, cuestionó el director general de AMCIV.
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