Tras la destitución del secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE), Edmundo Jacobo Molina, por la entrada en vigor del “plan B” de reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, el órgano discutirá mañana el nombramiento de Roberto Heycher Cardiel Soto como encargado del despacho.
El Consejo General del Instituto sesionará mañana de forma extraordinaria para discutir el proyecto de acuerdo a fin de darle cumplimiento a uno de los artículos transitorios del decreto de reforma, el cual establece la destitución de Jacobo Molina, quien llevaba 14 años en el cargo y es cercano a Lorenzo Córdova.
De proceder la reforma electoral, los consejeros designarán en mayo al nuevo titular de la Secretaría Ejecutiva para el periodo 2023-2029. Para ello es necesario el voto de dos terceras partes del Consejo General a propuesta de su presidente.
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Mientras, el encargado de despacho de la Secretaría Ejecutiva del INE será Roberto Heycher Cardiel Soto, quien es director ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica, cuenta con 20 años de experiencia en materia político electoral e ingresó al Servicio Profesional Electoral en el año 2003.
“Es importante destacar que el C. Roberto Heycher Cardiel Soto cuenta con los conocimientos y la experiencia profesional exigidos, además de haber acreditado el liderazgo y la capacidad para afrontar con eficacia y profesionalismo los retos y responsabilidades que ha tenido a su cargo”, señala el proyecto de acuerdo que se discutirá mañana.
La reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que es parte del “plan B”, señala que la persona titular de la Secretaría Ejecutiva durará en el cargo seis años y podrá ser reelecta por única ocasión por tres años más, cuando anteriormente era por seis años.
En la mañana, Edmundo Jacobo Molina informó en un programa de radio que presentará un recurso legal ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para evitar su destitución, mientras que el INE anunció que ya presentó un juicio electoral contra el despido del funcionario, pues señaló que el “plan B” es inconstitucional al invadir competencias de la autoridad electoral y contravenir derechos amparados por la Constitución.
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