Por: Roberto de la Maza
La iniciativa de reforma constitucional en materia energética plantea como objetivo “garantizar la seguridad energética como condición necesaria de la seguridad nacional para restablecer un sistema eléctrico comprometido con el pueblo que asegure el abastecimiento confiable de energía eléctrica a los más bajos precios”. Si bien esto puede considerarse un fin deseable y legítimo deja de lado tres temas fundamentales para el desarrollo sustentable del país: la emergencia climática, la democratización de la energía y la transición energética justa.
Sobre el primero, el Gobierno Federal debe reconocer que es imposible atender la emergencia climática sin descarbonizar el sector energético que actualmente representa el 67% de las emisiones del país. Mexico es el doceavo emisor más grande del mundo y se ha comprometido a reducir 22% de Gases de Efecto Invernadero y 51% de carbono negro al 2030, en comparación a una línea base. Estas cifras son altamente insuficientes para alcanzar el objetivo de temperatura del Acuerdo de París de no rebasar el umbral de calentamiento por arriba de los 1.5°. La ciencia ha sido enfática en señalar que a nivel global nos quedan 10 años para actuar de manera urgente y radical.
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Considerando el tipo de centrales eléctricas con las que opera CFE, que consumen combustibles fósiles, en particular carbón y combustóleo, la insuficiente inversión en el desarrollo de energías renovables y el estado crítico en el que se encuentra la red eléctrica del país, las preguntas clave serían ¿cómo va aumentar el gobierno los compromisos climáticos y los va a cumplir para atender la emergencia climática? ¿Cuántas emisiones implicaría la nueva planeación centralizada que propone la reforma?
De acuerdo con un estudio del Laboratorio Nacional de Energía Renovable de los Estados Unidos de América, en un escenario que busca maximizar la generación de electricidad de las centrales de CFE, como lo plantea la reforma, las emisiones resultantes implicarían un incremento de 75 millones de toneladas de CO2, equivalentes a un aumento de 103% de las emisiones anuales del sector energético y 3.8 millones de toneladas de dióxido de azufre anuales.
Sobre la democratización de la energía, la reforma no reconoce la corresponsabilidad de los distintos sectores de la sociedad en la transición energética. Se plantea que el 46% del mercado se destinará a desarrolladores privados, pero en un marco de incertidumbre jurídica, discrecionalidad y falta de transparencia. El derecho a la energía no debe verse solo como un derecho de acceso al consumo, sino también como un derecho a participar en la generación.
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Por sector privado no me refiero exclusivamente a las grandes empresas sino también a los proyectos comunitarios o a los individuos en el esquema de generación distribuida. Nuestro país tiene la oportunidad de fomentar un sistema eléctrico democrático donde todos contribuyamos al bienestar ambiental, económico y social, al poder generar nuestra propia electricidad e incluso vender a terceros. De esto también se trata la seguridad energética, sobre todo a nivel local.
Con relación al tercer elemento, es positivo que la reforma incluya y reconozca el concepto de transición energética y plantee el desarrollo de políticas y directrices para lograrla. Sin embargo, no contempla a la justicia como un criterio esencial para alcanzarla. Hablar de transición energética no solo es hablar de confiabilidad, costos y cambio climático. Es también hablar de familias y personas que tienen necesidades, intereses y perspectivas diferentes. Es reconocer que las economías locales como la de la región carbonífera en Coahuila, la cuenca de Tula, el puerto de Manzanillo o los estados de Veracruz, Tabasco y Campeche son regiones altamente dependientes de la actividad energética y la quema de combustibles fósiles, que sufren afectaciones directas a la salud de las personas y al ambiente por la contaminación, y que hoy por hoy no imaginan ni ven viable un futuro distinto.
En la COP 24 sobre el Cambio Climático nuestro país firmó la Declaración de Silesia, reconociendo la importancia de las políticas de solidaridad y justicia para facilitar la transición energética a tecnologías de bajas emisiones. También se adhirió en 2019 a la Iniciativa de Acción Climática para el Empleo, que promueve políticas justas de transición energética.
¿Cómo se va a planear el retiro de centrales eléctricas basadas en combustibles fósiles en un horizonte cercano? ¿Cómo se va a tomar en cuenta a las comunidades en este proceso? ¿Cómo se van a garantizar los derechos laborales y la promoción de alternativas de diversificación productiva bajas en emisiones y con condiciones de trabajo dignas? ¿Cómo se va a asegurar el cumplimiento de salvaguardas ambientales y sociales de todos los proyectos energéticos, públicos y privados, basados en combustibles fósiles y energías renovables?
Esperamos que estos elementos sean parte central de la discusión en el Congreso de la Unión y en las legislaturas de las entidades federativas.
Contacto:
Roberto de la Maza es director de Política y Gestión Ambiental de Vo.Bo. Asesores Integrales, S.C., y docente de la maestría de Derecho Ambiental y Política Pública de la Universidad del Medio Ambiente.
Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.
