Por Manuel Grajales

Natalia López es una migrante mesoamericana de 51 años. llegó a Estados Unidos en 1989 y desde entonces está ahí de manera ilegal.

Todos los días se levanta a las 5:00 am para ir a trabajar como operadora a una planta de manufactura en la periferia de Chicago. Ahí se fabrican desde válvulas para marcapasos y sensores para cafeteras, hasta gomas para tanques anfibios de guerra.

En esa fábrica laboran 120 empleados; estima que 90% son hispanos, muchos de ellos de origen guatemalteco y hondureño. Ella, como sus compañeros de trabajo, no esperaba el triunfo de Donald Trump.

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Desde que la elección presidencial tuvo lugar, el tema se ha convertido en el preferido de las sobremesas en su planta.

Son pocos en la fábrica de Natalia los que apoyan a Trump. Los que lo hacen es porque consideran que si cumple su promesa de que no salgan más inversiones de Estados Unidos, esto generará estabilidad en el empleo de los propios migrantes, aún de los indocumentados.

Puedes leer: ¿Qué pasará con el comercio entre EU y Centroamérica con Trump?

“Como quiera que sea, como migrantes creemos que el Congreso no dejará que el nuevo presidente sea tan drástico en ciertas decisiones, y en eso estamos esperanzados, pero tenemos miedo”, dice Natalia.

Al igual que ella, los 11.3 millones de indocumentados que actualmente radican en Estados Unidos tienen temor, pues desde su mítico discurso en junio de 2015, cuando Trump anunció que competiría por la Casa Blanca, los inmigrantes se convirtieron en el blanco de su campaña.

“Cuando México envía a su gente, no envía a los mejores. Envía gente que tiene muchos problemas… traen droga, crimen, son violadores”, reiteraba.

Lo que él no dijo entonces, o no sabía, es que desde la crisis económica de 2008 la migración de mexicanos hacia Estados Unidos ha venido cayendo de manera notable, mientras que aumenta año con año la de aquellos nacidos en América Central.

Del total de indocumentados, alrededor de dos millones son centroamericanos (casi la mitad de la población total de Panamá), según estimaciones del Pew Research Center.

“Lo que estamos viendo es que uno de los problemas generados por un discurso como el que utilizó para lograr el triunfo es exacerbar las animadversiones en la sociedad estadounidense. Eso va estar presente independientemente de cuáles sean los resultados de esta política”, resalta Rubén Ruiz, director del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la Universidad Nacional Autónoma de México.

 

Las cuentas no salen

Cuando Donald Trump declaró en entrevista que podría deportar a entre dos y tres millones de indocumentados con antecedentes criminales, de inmediato la cifra no cuadró para los especialistas.

De acuerdo con datos del Migration Policy Institute (MPI), en 2015 había 820,000 indocumentados con antecedentes penales y de esos casi 390,000 son por delitos menores, como conducir en estado de ebriedad.

Tres millones entonces es una cifra muy alta y los gastos que implicaría el detenerlos, trasladarlos y deportarlos son cuantiosos.

Así las cosas, parecería que la tendencia no sería muy diferente a la política seguida por Barack Obama, conocido entre los inmigrantes como el “presidente de las deportaciones”.

Durante los ocho años de su mandado se devolvieron a su país de origen 2.8 millones de indocumentados.

Un hecho es que las noticias no son buenas para los países que participan en el Sistema Integrado Centroamericano (SICA), en cuyas economías las remesa enviadas por sus connacionales en el exterior representan en promedio 7.2% de la economía de esta región y en países como Honduras o El Salvador dichos ingresos representan más de 15% de su PIB.

Los más de 21,000 millones de dólares que recibió la región en 2015, por este concepto, representan casi el doble que la economía total de Nicaragua; incluso está levemente por encima del PIB nacional de Honduras.

Si estos flujos de dinero se reducen de manera significativa, bien sea porque se imponga un impuesto a las remesas, como lo mencionó Trump, o porque se reduzca de manera significativa el número de personas que envían dinero a sus familiares en Centroamérica, implicaría un duro golde a la región.

“Marcar un impuesto al envío de remesas tendría el rebote que significaría poner cortapisas al flujo de Inversión Extranjera o de simplemente los capitales golondrinos que van de un lado a otro buscando mejores condiciones de rentabilidad”, explica Rubén Ruiz.

Para algunos especialistas es lamentable que los países de la región dependan de manera tan sistemática de estos envíos de dinero.

“Guatemala están viviendo de las remesas de sus ciudadanos en el extranjero y es irresponsable. Se deben tener los mecanismos a mediano plazo para dejar de depender de las remesas”, puntualiza Carlos Roberto Calderón.

Uno de esos mecanismos que podrían ayudar a mejorar las condiciones sociales y económicas en la región sería el Plan de Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte, el cual tuvo su origen en 2014, cuando se intensificó la detención de niños centroamericanos que viajaban solos en su intento por cruzar a Estados Unidos.

Entonces el gobierno de Obama creó este plan que busca garantizar un crecimiento sostenido en la región y evitar la migración masiva hacia Estados Unidos.

Para el presidente de la Coalición Nacional de Inmigrantes Guatemaltecos en Estados Unidos (Conguate), éste es un buen plan para evitar que la gente se siga yendo.

El problema, dice, es que por cada dólar que ponga el gobierno estadounidense, los gobiernos de Guatemala, El Salvador y Honduras tendrían que invertir casi el triple y ahorita Guatemala se está tambaleando con su propio presupuesto.

*Puedes consultar el reportaje completo “Perspectivas Trump”, en el número de enero de Forbes Centroamérica.

 

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