Por Forbes Colombia

Hace días, el presidente de Colombia Iván Duque señaló que un Estado no puede legislar para una empresa, en entrevista con el diario La República, para referirse a la petición de Uber de que emitiera un decreto que les permitiera operar mientras se definía una regulación para las plataformas de transporte.

George Gordon, director de Uber para América Latina, le dijo a Forbes que para ellos es “discriminatorio” que la orden vaya dirigida solo hacia una empresa, mientras que otras plataformas similares pueden seguir operando.

“Para nuestro CEO Dara y para todos es una sorpresa, nunca habíamos visto en nuestra historia que saquen a Uber y dejen a todos los demás. Estamos preocupados por el mensaje que le están enviando al extranjero. Colombia es un país que se intenta posicionar como abierto a la innovación y a la inversión, pero protege a las industrias tradicionales, algo que va en contra de la innovación y la inversión extranjera”, asegura Gordon.

El directivo añadió: “Nosotros hasta la fecha hemos pagado más de 130,000 millones de pesos que hemos pagado en impuestos, no conozco ninguna empresa ilegal que pague impuestos o que un gobierno se los reciba, si el gobierno considera que somos ilegales nos deberían devolver ese dinero”.

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De hecho, esta situación podría escalar a una tensión diplomática con los Estados Unidos, porque el embajador de ese país en Colombia, Philip Goldberg, afirmó que lo que sucedió con Uber demuestra inestabilidad jurídica y afecta la confianza de inversionistas.

“Nos preocupa que una empresa estadounidense se vea obligada a cesar sus operaciones mientras que otros competidores sigan operando con el mismo modelo de negocio, esto afecta el ambiente de inversión para nuestras empresas en Colombia”, comentó Goldberg.

Entre tanto, por lo mencionado, Uber sigue proyectando una demanda internacional en contra de Colombia. “Ese no es el camino que queremos, pero es una opción que estamos considerando”, enfatiza Gordon.

De los diálogos con el Gobierno, Uber asevera que no ha visto “cambios concretos” y que actualmente cuenta con las mismas opciones que tenía desde antes de desactivar su plataforma en el país. Por ahora las vías son la apelación a la sanción, que puede tomarse el tiempo; un decreto presidencial, las tutelas y el arbitraje internacional. “La preferencia nuestra viene que la solución llegue del gobierno”, agrega el directivo de la compañía.

En el encuentro que tuvieron con la ministra de Transporte, Ángela Orozco, aclaran que “realmente no salió nada, solo discusiones”. Mientras tanto sus empleados del mercado seguirán sus responsabilidades con los otros países de la región andina.

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