Luego de que el poder Ejecutivo de Costa Rica enviara un proyecto de regulación al Legislativo que tiene como objetivo reglamentar  a las Empresas de Plataforma de Transporte (EPT), la empresa Uber expresó su inconformidad y pidió al Congreso abrir una discusión para concretar una regulación moderna del servicio al considerar que “la visión del gobierno aún está lejos de promover la innovación, la competencia y el desarrollo de la tecnología”.

En una carta dirigida al Gobierno, al Congreso, al Poder Judicial, a los partidos políticos y a la ciudadanía, la empresa Uber, a pesar de que valoró positivamente que el Gobierno haya presentado un plan de regulación, se mostró disconforme con el texto, pues considera que este “desconoce las características y medidas de seguridad con las que ya cuenta el sistema” y que además “restringe la oferta del servicio y limita la cantidad de personas que pueden inscribirse como socios” (conductores).

“Hemos dado un voto de confianza al país con una inversión que supera los 30 millones de dólares en los últimos 3 años (…) nuestra plataforma se ha convertido en una opción innovadora, eficiente y segura para más de 783,000 usuarios y es una fuente de ingresos para más de 22,000 familias costarricenses”, indica la carta firmada por Andrés Echandi, gerente general de la empresa para Centroamérica.

Por lo que expresaron que confían en que la Comisión de Asuntos Económicos del Congreso valorará todos los insumos para lograr una regulación moderna, inclusiva, diferenciada, que abra las puertas para la innovación de la movilidad y beneficio de todas las personas en Costa Rica como la empresa lo ha hecho con más de 132 jurisdicciones alrededor del mundo.

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El proyecto de Ley que regula a las EPT, como es el caso de Uber, que establece un impuesto de valor agregado del 13% y además el tributo sobre las remesas al exterior que es del 8.5% para las mismas, las obliga a aportar un 3% del precio cobrado al usuario para crear el Fondo Nacional de Movilidad, cuya misión será la modernización del transporte público del país.

En ese sentido Uber también expresó su preocupación por los montos que sus colaboradores deberán pagar al año de 35 dólares por conductor y de 200 dólares por vehículo.

Otro punto declara a todas las EPT como un servicio público, pero sin estar sujetas a regulación tarifaria, y además estas compañías deberán inscribirse en el Consejo del Transporte Público (CTP) mediante un pago de unos 13.5 mdd, también establece que el Consejo de Transporte Público tendrá la facultad de fijar una cantidad máxima de vehículos que puedan operar, obligará a los conductores a tributar ante el Ministerio de Hacienda y a estar asegurados como trabajadores independientes ante la Caja Costarricense del Seguro Social.

 

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