Grupos de taxistas afirman que las autoridades capitalinas perseguirán a los servicios de transporte privado no concesionado que operan en el Distrito Federal.

 

Las autoridades capitalinas se comprometieron a perseguir a todo aquél que preste servicios de transporte privado en la Ciudad de México y no cuente con una concesión para realizar esa actividad, y a no otorgar más concesiones a nuevos vehículos, aseguraron los representantes legales de Taxis Organizados, una asociación que aglutina a más de 1,300 taxistas concesionados en el Distrito Federal.

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De confirmarse el acuerdo, los servicios de transporte con chofer privado como Uber y Cabify podrían verse forzados a cerrar sus operaciones en el Distrito Federal, y al mismo tiempo se estarían dando pasos concretos para combatir a los taxis irregulares (pirata) que circulan en la ciudad.

Los voceros de Taxis Organizados Daniel Medina, Ignacio Rodríguez, Francisco Cornejo, José Luis Ramírez y Julio César Martínez ofrecieron una rueda de prensa frente a las instalaciones de la Secretaría de Movilidad del Distrito Federal luego de una mesa de trabajo que sostuvieron con el subprocurador de Averiguaciones Previas Desconcentradas de la PGJDF, Óscar Montes de Oca; la directora general del TAXI, Ana Laura Olavarría; el director operativo de TAXI, Moisés Cornejo; el director de Seguridad Pública del DF, Marcos Salazar Peña y José Luis Valle, representante del Instituto de Verificación Administrativa (INVEA).

Ahí, los representantes de la agrupación afirmaron que los acuerdos alcanzados en la mesa son:

  • La aplicación de la fracción I del artículo 19 del reglamento de tránsito vigente en el DF, y que prohíbe la instalación en vehículos particulares de cromáticas similares a las usadas por las unidades de transporte público de pasajeros matriculados.
  • Se dará marcha atrás al plan de entregar nuevas concesiones (un recurso denominado “declaratoria de necesidad”), por lo que no habrá vía de regulación para nuevos servicios.
  • La aplicación de operativos conjuntos entre el INVEA y los grupos de los taxistas concesionados en “puntos neurálgicos” en donde se tiene conocimiento de la prestación del servicio de Uber, Cabify y taxis pirata.

Por su parte, Daniel Medina, declaró que: “Se ratifica y se confirma que el servicio que prestan, la actividad que llevan a cabo estas dos empresas, Uber y Cabify, es ilegal”, y aseguró que Olavarría acordó que no habrá una declaratoria de necesidad para regular a un vehículo más en la capital, lo cual contradice las declaraciones hechas por el secretario de Movilidad del DF, Rufino León, sobre la posibilidad de regular a servicios como Uber y Cabify a través del otorgamiento de más concesiones.

En tanto, Ignacio Rodríguez afirmó que “ya se giraron los oficios para que la Policía de Investigación empiece a trabajar con datos completos. Ya tienen una lista de domicilios relacionados con la prestación de esos servicios, particularmente de la empresa Uber. Ya la Procuraduría puso a trabajar a sus agentes y nos pide que si contamos con más elementos probatorios de la comisión del delito nos vuelve a recibir el subprocurador en las instalaciones de la Procuraduría capitalina el próximo miércoles a las 10 a.m. para que los taxistas concesionados sigamos aportando pruebas de la comisión de delitos.”

No obstante, aún no hay acuerdos concretos, por lo que Medina aseguró que no se está desistiendo del recurso legal presentado en 2014 en contra de Rufino Leal por la inacción en contra de los servicios como Uber y Cabify. “No estamos equivocados en el camino, en el análisis jurídico y la acción jurídica que estamos emprendiendo como taxistas organizados. Ante la falta de la modificación de la Ley de movilidad para regular esos servicios, no vamos a desistir y confiamos que en un promedio de dos semanas tendremos resultados, la detención de las personas que están operativamente brindando ese servicio en calle, como de las que encabezan las empresas en la Ciudad de México”, aseguró.

“Esos son los acuerdos y parece ser que atienden la necesidad del sector de poner orden y dar certeza jurídica en el uso y la explotación de las concesiones”, concluyó Medina.

 

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