La Unión Europea (UE) inició hoy un procedimiento de infracción contra Reino Unido, Alemania, España, Luxemburgo, República Checa, Lituania y Grecia por no haber sancionado a Volkswagen por el uso de software ilegal para ocultar las emisiones de sus vehículos diésel.

Hace un año estalló el escándalo masivo de Volkswagen conocido como dieselgate.

A través de un comunicado, la Comunidad Europea (CE) informó que según la legislación, los siete Estados miembros de la UE “deben disponer de sanciones eficaces, proporcionadas y disuasorias para disuadir a los fabricantes de automóviles de infringir la ley”.

Dichas sanciones deben aplicarse en casos como el de Volkswagen, en el que la compañía empleó dispositivos de desactivación que reducen la efectividad de los sistemas de control de las emisiones.

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Por no haberlo hecho, Alemania, España, Luxemburgo y Reino Unido, países que expidieron homologaciones al Grupo Volkswagen en la UE, son visados por el procedimiento de infracción.

La CE dijo además que considera que Alemania y Reino Unido “infringieron la ley al negarse a revelar, a petición de la Comisión, toda la información técnica” de sus investigaciones sobre las posibles irregularidades de Volkswagen y otros fabricantes de automóviles en sus territorios.

En el caso de los procedimientos de infracción contra República Checa, Lituania y Grecia, éstos recibieron sendas cartas de emplazamiento por no haber incorporado los sistemas de sanciones en sus respectivas legislaciones, esto constituye una petición oficial de información.

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“El respecto de la ley es primero de todo un deber de los constructores automovilísticos. Sin embargo, las autoridades nacionales en la UE deben asegurarse de que los constructores obedecen efectivamente”, dijo la comisaria europea de Industria, Elzbieta Bienkowska.

La comisaria también recordó que para el futuro, “la Comisión ha presentado propuestas para introducir una mayor supervisión europea y un sistema de aprobación más robusto”, que aún debe ser aprobado por el Parlamento Europeo y por el Consejo.

Finalmente, la CE abrió un plazo de dos meses para que los países afectados presenten sus alegaciones.

 

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