Notimex.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) inició un proceso de análisis para presentar una nueva denuncia contra Rosario Robles debido a que se han detectado 105 convenios adicionales a los que ya había reportado la Auditoría Superior de la Federación (ASF), informó Santiago Nieto, encargado de la instancia dependiente de la Secretaría de Hacienda.

Entrevistado en el Senado de la República en el marco de la inauguración de un foro sobre violencia sexual infantil, el funcionario indicó que la detención de la extitular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) representa la transformación relevante que se tiene para el combate decidido contra la corrupción.

“En el caso de la Unidad de Inteligencia Financiera, estamos desarrollando un proceso de análisis de la información que se cuenta y se han detectado con la Secretaría de Bienestar (antes Sedesol) 105 convenios adicionales a los que ya había reportado la Auditoría Superior de la Federación y la Fiscalía General de la República (FGR)”, dijo.

“Estamos iniciando un proceso de análisis para la presentación de la denuncia correspondiente”, agregó.

Nieto precisó que esos convenios equivalen a un monto de más de 800 millones de pesos y aseguró que se presentarán nuevas denuncias porque se trabaja para que ningún caso de corrupción quede impune.

Estos casos, explicó, sirvieron de base para el congelamiento de cuentas tanto de Rosario Robles como de sus colaboradores, por lo cual la investigación continúa.

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Añadió que se ha solicitado información y apoyo de unidades financieras de otros países para detectar montos que hubieran sido transferidos por parte de Robles y sus principales colaboradores.

“Hasta este momento tenemos siete personas congeladas con monto variables, que llegan hasta 12 millones de pesos; pero estamos siguiendo el proceso de análisis de la información y de localización particularmente de empresas fachada”, puntualizó.

Santiago Nieto explicó que detrás de la llamada Estafa Maestra estuvo el uso de universidades estatales para hacer adjudicaciones directas de contratos a empresas que tenían muy poco tiempo de constitución, que tenían prestanombres como accionistas y que, finalmente, representaron una afectación al erario.

Reconoció, además, el trabajo de la fiscalía y su titular, Alejandro Gertz Manero, en el proceso contra la extitular de la Sedesol y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), pues –dijo– refleja la transformación relevante que se está viendo en el país en el combate a la corrupción.

“Lo que hay que llamar la atención aquí es que la impunidad se acabó; soy un convencido que la posición del presidente Andrés Manuel López Obrador, es muy clara: cero tolerancia a la corrupción y cero tolerancia a la impunidad.

“El hecho de que una exsecretaria de Estado se encuentre en este momento con una medida cautelar de prisión preventiva en razón de sus actos, creo que es un mensaje de que este tipo de cuestiones no deben de volver a ocurrir en la República mexicana”, expresó.

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