Por: Gustavo Almaráz Petrie*
Han transcurrido 165 días desde que se registró el primer caso de COVID-19 en el país, con más de 50 mil decesos registrados, con consecuencias considerables en términos sociales y económicos, en un contexto en que la estrategia de salud pública federal ha sido seriamente cuestionada, no sólo por los gobiernos estatales, sino por la sociedad en general..
En este contexto, el debate sobre la salud pública y la reactivación económica permanece, en un clima de incertidumbre respecto a la efectividad de un tratamiento o vacuna. Po ello, el manejo de la crisis será estratégico para aminorar y reducir la temporalidad de los efectos del COVID-19 en la economía.
La evaluación de los alcances que tendrá la Pandemia en nuestro país es incierto, pero es claro que las señales de recesión eran visibles desde 2019, pues la economía mexicana cerró con una contracción anual de 0.1%, efecto no registrado desde 2009. Durante el segundo trimestre del 2020, la economía se contrajo 2.2 veces más que el peor trimestre de la crisis mexicana de 1995 y 2.4 veces más que la crisis financiera global del 2008-2009. Las expectativas no mejoran, pues se espera que, a finales de 2020, la economía mexicana caiga entre 10%-11%.
Esos números se han traducido en un impacto social sin precedente. El IMSS registró que, entre marzo y junio se han perdido 1,113,677 millones de empleos formales; mientras que CONEVAL reveló que en junio el 48.1% de las personas del país, se encontraban en una situación de pobreza laboral, insuficientes para cubrir la canasta básica alimentaria.
También se ha dado a conocer que 93.2% de empresas en México tienen algún tipo de afectación por la pandemia. La respuesta gubernamental frente a este contexto ha sido débil y poco coordinada, se ha enfocado en una política de apoyos sociales, cuyos efectos serán cortoplacistas e insuficientes. Las medidas fiscales gubernamentales representan menos de 1% del PIB nacional.
Así, de manera proactiva y propositiva, el sector privado ha hecho diversos planteamientos. El Consejo Coordinador Empresarial presentó medidas para preservar los empleos, evitar la disminución de la inversión y apoyar a las MiPyMEs. También, la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) propone #RemediosSolidarios, iniciativa que incluye un salario mínimo garantizado, un bono y un seguro de desempleo.
Todas las crisis son oportunidades y hoy, el futro del desarrollo de país y del bienestar social están condicionado a la suma de voluntades políticas, a la trascendencia de ideologías o preferencias políticas, a la construcción de un mínimo pacto social que redunde en un Acuerdo Nacional para la reactivación ordenada de la economía.
**Gustavo Almaráz Petrie es presidente del Comité de Estrategia Pública de Coparmex
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