El escandaloso caso de trata de jornaleros agrícolas en Jalisco pone al descubierto una vez más que en México no existe respeto por los derechos laborales ni políticas públicas efectivas para proteger a los más vulnerables.

 

 

Para nadie es secreto que los jornaleros del campo en México son de los más pobres entre los pobres y explotados entre los explotados.

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Por más convenciones y tratados internacionales que ha firmado el país, sus condiciones de vida siguen siendo las mismas que antes de la Revolución: tiendas de rayas, alimentación precaria, hacinamiento, falta de escuelas en los campos, horas extra sin pago y un maltrato constante de parte de los capataces.

Después de conocer la noticia de las condiciones de esclavitud de las que fueron rescatados 275 jornaleros agrícolas en Jalisco, que trabajan para la empresa Bioparques de Occidente, una empacadora, productora y exportadora de jitomate, la pregunta natural es ¿nadie se dio cuenta? Y más aún tratándose de una compañía que no sólo recibió apoyos del gobierno estatal por 10 millones de pesos sino que también recibió una serie de reconocimientos.

La empresa no sólo obligaba a los jornaleros a trabajar 12 horas diarias sino que también les decomisaba identificaciones y papeles personales, los hacía que se levantaran a las 3:00 para recibir un desayuno que todos los días consistía en una “sopa” que sabía más a agua que a alimento, entre otros.

 

Siempre hay alguien detrás

Bioparques de Occidente, con sede en Culiacán, Sinaloa, es propiedad del empresario azucarero, Eduardo de la Vega y según información publicada recientemente tiene una trayectoria de quejas por las viviendas en las que aloja a sus jornaleros agrícolas y por los deficientes servicios médicos que ofrece.

Si ya se tenían estos antecedentes en Sinaloa ¿cómo se le permitió operar en Jalisco sin hacer ninguna inspección laboral al menos en los últimos dos años?

Más aún, la compañía fue certificada por el Centro Mexicano de la Filantropía por la “calidad de vida que ofrecen las industrias, así como la ética empresarial, la vinculación con la comunidad y los cuidados del medio ambiente”.

Hasta la semana pasada, el Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural (FOCIR), presumía en su página oficial a la compañía como un caso de éxito.

Ahora, después de 11 años de operaciones, la empresa es investigada por los delitos de trata de personas y privación ilegal de la libertad en perjuicio de 42 familias de jornaleros.

Después de conocer la noticia, el gobierno de Jalisco inició una “exhaustiva” investigación, el de San Luis Potosí anunció una revisión de las condiciones en las que trabajan sus jornaleros y el Congreso de Guanajuato exigió a las secretarías de Desarrollo Social y del Trabajo y Previsión Social federales que intervengan “enérgicamente” para proteger a los casi 2 mil 500 jornaleros mixtecos y a sus hijos que son explotados y esclavizados en campos agrícolas de la entidad.

Pero, la verdad, volvemos a lo mismo de siempre: como mencionaba al principio, toda la vida hemos sabido las condiciones en las que trabajan los jornaleros del campo en el país, y nos hemos hecho de la vista gorda.

Esta vez fueron 275, y la próxima vez quizá sean 300… No nos extrañe que al rato en alguna instancia de gobierno alguien tenga la genial opinión de crear una comisión para investigar las condiciones de vida de los trabajadores del campo, que como todas las comisiones en este país, resuelva básicamente, nada.

 

 

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Twitter: @julianafregoso

 

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