Por Jose Roberto Balmori
El grupo hacktivista conocido como Guacamaya infiltró los servidores de la Secretaría de la Defensa Nacional, extrayendo más de seis terabytes de información, contenidos en cientos de miles de correos intercambiados por elementos del ejército. El objetivo principal de este ataque es el de exponer públicamente información del ejército mexicano, tal y como lo han hecho con otros ejércitos de países latinoamericanos, incluidos los de Chile, Colombia, El Salvador y Perú. Aunque recomendaciones de la Auditoría Superior de la Federación advertían de vulnerabilidades severas en la ciberseguridad del ejército desde el 2020, estas no fueron atendidas oportunamente, lo que derivó en este hackeo masivo. El ejército, junto con el gobierno del presidente López Obrador, deberán de enfrentar una serie de consecuencias políticas, organizacionales y de seguridad.
En primer lugar, habrá implicaciones políticas importantes para estos actores. En lo que va de los pocos días desde que fue anunciado el hackeo, ya se ha dado a conocer información sensible; por ejemplo, las enfermedades de las que padece el presidente López Obrador. Estas filtraciones también nos han enterado del espionaje que se realiza a periodistas como Ricardo Raphael, así como a activistas de derechos humanos, utilizando el software Pegasus. Dentro de poco, conoceremos más detalles sobre los vínculos de los gobiernos estatales con el crimen organizado, violaciones a los derechos humanos por partes de las instituciones del gobierno, así como diferentes contratos reservados por motivos de seguridad. De particular importancia serán los contratos reservados para proyectos insignia de este gobierno encargados al ejército, incluidos el aeropuerto Felipe Ángeles, el tren Maya o la refinería Dos Bocas. De confirmarse los hechos de espionaje, o en el caso de que llegue a haber corrupción en los contratos reservados, se desatará una ola de críticas justo antes de las elecciones, lo que podría perjudicar políticamente al partido del actual gobierno.
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Por otro lado, la información que se dé a conocer sobre las prácticas organizacionales del ejército tendrá un gran eco en el debate nacional, ya que las fuerzas armadas han tomado un papel mucho más importante en este sexenio. Esto incluye la construcción y administración de aduanas, puertos, aeropuertos e infraestructura estratégica. Dentro de los temas organizacionales, algunos correos hackeados hablan sobre ciertas prácticas de abusos que atañen a mujeres militares o, bien, la intención de crear una aerolínea administrada por el ejército. A medida que los datos sobre conflictos organizacionales e intenciones de emprendimiento por parte del ejército se den a conocer, obtendremos una radiografía parcial de los vicios y ambiciones que el ejército tiene. Lo anterior expondrá a las élites militares como nunca en la historia de México. Por tanto, es probable que surjan voces que promuevan reformas organizacionales al interior del ejército, algo que no ha ocurrido en el periodo democrático de nuestro país.
Finalmente, y quizás lo más importante, habrá consecuencias en la política de seguridad de México. Aunque el Senado ya aprobó la extensión para la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública hasta el año 2028, las filtraciones de bases de datos a académicos especializados en política pública darán pie a mediciones de impacto sobre el despliegue militar en la incidencia criminal, el trasiego de drogas y la migración ilegal. Es decir, podremos saber si en aquellas zonas donde hay más militares o miembros de la Guardia Nacional desplegados, existe también un impacto positivo o negativo en la seguridad pública. Dichas estimaciones deben dar cauce a las siguientes reformas de seguridad ciudadana.
Del lado negativo para la seguridad pública, cabe destacar que está información puede ser utilizada por grupos criminales en detrimento de la sociedad. Un caso de ello es que se han hecho públicos las horas y los días en los que hay menos presencia militar en al aeropuerto de Cancún, lo cual puede ser explotado por el crimen transnacional para traficar drogas o personas. Es por ello, que información sensible no debe de caer en malas manos. Por el bien todos, esperemos que eso no suceda.
Contacto:
Jose Roberto Balmori. Director de los programas de licenciatura de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Anáhuac México
Twitter @jrbalmori
Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.
