El verdadero reto de la reforma del campo es terminar con los monopolios que se han ido gestando a lo largo de los años gracias a las redes de poder entre funcionarios y empresarios.

 

 

Como en cada sexenio, durante este primer tercio de la administración del presidente Enrique Peña Nieto se espera una reforma del campo que realmente transforme al sector primario y haga que produzca lo necesario para alimentar a los más de 100 millones de habitantes del país.

El 5 de marzo, Peña Nieto instruyó al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), Enrique Martínez y Martínez, para que convocara a foros y espacios de diálogo y propuestas a organizaciones campesinas para conocer su experiencia y recabar propuestas tendientes a lograr una reforma que convirtiera al agro mexicano en “uno más productivo, más rentable, espacio de vida digna para quienes ahí viven y de él dependen, y también una actividad sustentable”.

Sin lugar a duda, el campo mexicano necesita todo eso, no solamente hoy, sino desde hace ya varios sexenios, pero el verdadero reto que enfrenta la reforma del actual gobierno es solucionar también los nuevos riesgos que se han generado en el sector, en los que –por ser uno de los históricamente olvidados– nadie había caído en la cuenta.

La lista puede ir desde la incorporación de nuevas tecnologías y una verdadera valoración sobre el uso de transgénicos, hasta los problemas derivados del cambio climático y los efectos que tendrán en la producción alimentaria.

Pero uno que representa un verdadero reto es el de terminar con los monopolios, que al igual que en otros sectores, como el de telecomunicaciones, se han ido gestando a lo largo de los años gracias a las redes de poder entre funcionarios y empresarios.

Nombres de empresas sobran, principalmente las vinculadas al mercado de las tortillas y del pollo. Para que una reforma sea a fondo, se necesita acabar con la impunidad que permite el acaparamiento y la especulación y los sobreprecios en los alimentos.

Lo que se requiere no es sólo cambiar las reglas de operación de programas asistenciales, sino acabar y romper esas redes de las que forman parte unos pocos para apoderarse de un mercado que tiene un valor superior a un billón de pesos anuales.

Esta complicidad se ha convertido en la plataforma para golpear el ingreso de los productores y mantener el abuso a los consumidores, además de imponer precios desproporcionados a las semillas y fertilizantes, y apoderarse de la riqueza producida con la actividad de más de cinco millones de unidades económicas y del consumo de cerca de 119 millones de mexicanos.

En este contubernio descansa una pobreza extrema de la mayoría de la población rural, la de más bajo ingreso en el país junto con la indígena, y la ruina de la clase media agrícola.

La Comisión Federal de Competencia Económica no puede seguir siendo omisa frente a un mercado sin competencia y donde se presenta toda una serie de violaciones a la legislación y a las normas antimonopólicas.

El campo también es un sector prioritario para el país, porque si no hay producción, simple y sencillamente no se puede alimentar a la población. Lo más difícil de esta reforma no va a ser organizar foros y recoger todas las propuestas, sino evaluar si en aras de beneficiar a unos cuantos se seguirá dando un cheque en blanco a los monopolios agroalimentarios que impiden el despegue del agro.

 

 

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