El silencio es el nuevo estilo para comunicar que han impuesto muchos gobiernos actuales. Dejar de hablar de un problema no lo resuelve, pero ocultar, minimizar, matizar, sesgar o negarse a explicar una situación, deja a la sociedad en la incertidumbre.

 

 

Muchos gobiernos actuales han impuesto un nuevo estilo de comunicar: el del silencio. Caminar sin aspavientos y lo más sigiloso posible para no provocar debates ni participar en ellos. Los errores o indiscreciones en los medios por parte de los funcionarios públicos son sancionados y los protagonismos son intolerables.

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Decía Carlos Castillo Peraza que “la acción del Estado y del gobierno debe fundarse en el diálogo, porque solamente a partir del diálogo la obediencia es noble y digna”, pero no hay diálogo; lo que hay es una avalancha de mensajes institucionales para posesionar una visión —las bondades de la reforma energética, por ejemplo—, que dicho sea de paso nadie cree y sólo ha provocado una reacción contraria al objetivo.

Aprovechando los estragos que dejaron  las lluvias en varios estados del país, el Gobierno Federal quitó dicha campaña y la sustituyó por otra más de carácter social y de prevención de emergencias. Estuvo bien, no tenía sentido seguir con un discurso superficial y poco creíble en los spots de la reforma energética y mucho menos cuando tienes una tragedia frente a ti.

Pero tampoco hay diálogo sobre todos los demás temas del país. La comunicación se circunscribe —cuando lo hay o no queda de otra— a ofrecer el discurso oficial plano y llano, acotado al tema del momento sin réplica ni cuestionamiento. El escenario ideal es la pregunta cómoda para ofrecer el mensaje fácil. Para lograr ese terreno seguro de difusión lo mejor es recalcar al mensajero el poder del gobierno. Para ellos lo importante es que el ciudadano sólo acuse de recibido del discurso institucional.

Pero lo más característico es el silencio. Para qué hablar de las cosas malas si podemos hablar de las buenas. Suena lógico, pero se incumple la obligación de informar sobre el estado de la nación. Dejar de hablar de un problema no resuelve el problema, pero ocultar, minimizar, matizar, sesgar o negarse a explicar una situación, deja a la sociedad en la incertidumbre y en la angustia de saber que está pasando frente a sí, donde la realidad es más terca que los discursos oficiales o el silencio gubernamental.

El problema es la ausencia del debate. Se rehúye debatir porque no hay condiciones para hacerlo desde el punto de vista del poder. Primero, no todos los funcionarios de gobierno —de todos los niveles—  están capacitados para ello; a veces no pueden hilar una idea concreta sin que les gane la demagogia.

Segundo, su capacidad técnica es limitada. Los voceros y funcionarios no pueden explicar algo porque sencillamente no lo saben, aunque sean titulares de una dependencia. Tercero, no hay con quién debatir de manera seria. Los medios siempre buscan los extremos porque facilita la discusión, atrapa a la audiencia y se lavan las manos con el típico: “Ahí están las posiciones, usted tiene la última palabra”.

En el debate también se extraña una figura: el de los intelectuales. Es una verdadera tragedia que nuestro país esté huérfano de intelectos, serios, ecuánimes, lúcidos, humildes y honestos, que nos ayuden a entender qué está pasando, qué salidas tenemos, hacia dónde debemos ir, darnos esperanza y ánimo para enfrentar la angustia colectiva.

Todos los opinadores profesionales, comentaristas, académicos, analistas, líderes de opinión y hasta los charlatanes que salen en los medios de comunicación, aportan algo o mucho para entender al país y las decisiones gubernamentales. Bienvenidos todos al debate, pero faltan los gobernantes.

Los gobiernos han perdido muchas cosas: la dignidad, la vergüenza, la capacidad, pero también han renunciado a otras como la creatividad para generar opinión. Los gobiernos se han vuelto rehenes de la opinión pública en lugar de ser su tutor.

Para el poder, la institucionalización del diálogo no es prioritaria ni necesaria, por el contrario, estar permanentemente en un escenario no controlado es estar en el fuego cruzado de las redes sociales, de las oposiciones políticas, de estridentes locutores de radio, de periodistas militantes de la causa en turno, etc.; desgasta innecesariamente, pues considera que su legitimidad se la ganó en las urnas y no requiere nada más. Encarar al gobernado no es lo suyo.

La ausencia en el debate de los principales actores del país, la negativa a informar de todos los problemas que aquejan a nuestro entorno, las crisis e incertidumbres de la política, la economía, la seguridad, la ingobernabilidad; el golpe que recibirán los ciudadanos cuando tengan que pagar más impuestos, la indignación ante la impunidad cotidiana, el desempleo, etc., está causando un estrés colectivo fuera de lo normal, que se puede ver constantemente en los alzamientos ciudadanos contra la autoridad o tomando el control o la justicia por su propia mano.

Si esto sigue así la política como actividad de consenso, legitimidad y obediencia será derrotada y surgirá de manera preponderante la política del uso legítimo de la fuerza, de la dádiva cómo control político y de la corrupción cómo la mano que mece la actividad económica de este país. Se podrá decir que todo esto ya existe, es cierto, pero se puede agravar considerablemente.

Si los gobiernos se niegan a dialogar con sus gobernados, ya sea por miedo, incapacidad o soberbia, dejarán a la deriva el timón de un barco en medio de la tormenta, donde sus pasajeros sentirán los vaivenes bruscos sin la asistencia de la tripulación, que les aminore el miedo, los reconforte en la crisis o por lo menos que piensen que alguien lleva el timón.

 

 

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