Enrique Graue Wiechers, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), presentó hace unos días la “Carta Universal de Deberes y Obligaciones de las Personas”, en colaboración con la Fundación José Saramago y la World Future Society.

La carta que promueve la UNAM enuncia los principales problemas que alteran el bienestar social y que preocupa a la institución, así como algunos compromisos con los que se busca hacerles frente.

“El medio ambiente está amenazado y deteriorado, la democracia es cuestionada y las opciones de ideología política no ofrecen respuestas adecuadas, el derecho se ha convertido en un proceso mismo de dominación, las condiciones de empleo se han degradado y resultan enajenantes para muchos”, dijo el rector.

Este reconocimiento moral explica que los derechos son una herramienta indispensable para la construcción de la individualidad, pero a su vez requiere de una construcción social, por lo que invita al cumplimiento de deberes y obligaciones.

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La carta toma especial relevancia en el actual contexto nacional, considerando las diversas señales de una clara descomposición social, que se percibe en los altos niveles de inseguridad, pobreza, corrupción y en el ánimo de la población, así como en posturas polarizadas en el marco del proceso electoral que tiene lugar.

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De ahí, la necesidad que observan los impulsores de esta carta de que los ciudadanos se sumen a esta iniciativa de “reconstrucción” social y se asuman como agentes de cambio.

“Nuestras obligaciones y responsabilidades recaen en todos los miembros de la sociedad civil, desde el Estado y las organizaciones internacionales, hasta el sector privado y las organizaciones no gubernamentales”.

Estas son algunas de las 23 declaraciones de derechos y obligaciones que enlista la carta:

1. Cumplir y exigir el cumplimiento de los derechos reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

2. No abusar de los derechos y del disfrute responsable de los bienes y servicios.

3. No discriminar y exigir que se combata la discriminación por motivo de raza, color, sexo, edad, género, identidad y orientación sexual, idioma, religión, opinión política o ideología, origen nacional, étnico o social, discapacidad, propiedad, nacimiento u otros motivos similares.

4. Todas las personas y organizaciones sociales y culturales tenemos el deber, la obligación y la responsabilidad de no participar en prácticas de desaparición forzosa, esclavitud, trata de niños y adultos, tortura, tratos inhumanos, crueles y degradantes, violencia de género, explotación infantil y trabajo forzoso.

5. Respetar la identidad, autonomía e indemnidad sexual de las personas, menores y adultos.

6. Respetar y exigir la libertad de expresión, informarnos y participar responsablemente en los asuntos públicos.

7. No incitar a la violencia o discriminación en medios de comunicación y redes sociales.

8. Participar en procesos democráticos y la integración de la representación política, si es el caso.

9. Acceso a la educación sin importar condiciones económicas.

10. Respetar la cultura, lenguas propias y ajenas, la memoria colectiva de los pueblos y su patrimonio cultural, y transmitirlo a generaciones futuras.

Entre los firmantes se encuentran el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Ramón Cossío Díaz, el escritor Julio Millán Bojalil, la filósofa mexicana Juliana González Valenzuela, y la catedrática Ruth Rubio Marín.

“Los derechos han logrado aliviar algunos de los problemas individuales y sociales, pero no han sido capaces de resolver otras muchas situaciones”, dijo Enrique Graue Wiechers.

Cualquier ciudadano que desee sumarse a este esfuerzo colectivo lo puede hacer escribiendo al correo electrónico [email protected] y en los siguientes días recibirá una copia de la carta personalizada, donde se hace de conocimiento su adhesión.

 

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