Apenas en agosto de este año, el presidente de México acordaba con la ANUIES que, si no se aumentaba el presupuesto para universidades en 2019, al menos se mantendría el mismo que para el 2018, en términos reales. Sorpresivamente, tan solo cuatro meses después, el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2019 entregado a la Cámara de Diputados, preveía recortes a las universidades, entre ellas la UNAM, con una reducción del 6% y poco más del 3% a universidades estatales.

Lo que sigue es bien conocido. Días después el presidente López Obrador tendría que admitir que se había cometido un error en la reducción de recursos a las universidades públicas. En tan solo unos días, el mandatario pasó de la justificación “se hará más con menos” a “Se cometió un error” y “se va a reparar”. De manera previsible, este hecho ha generado y reforzado posturas extremas sobre la intención inicial de incluir a las universidades en la lógica de la austeridad. Eso sí, los centros de investigación del Conacyt parece que no serán parte de la rectificación del Ejecutivo, no obstante las posturas que han emitido algunos de estos centros, sobre sus aportaciones en términos de una educación superior de calidad y a la movilidad social de los jóvenes.

De la larga discusión que ha generado el presupuesto para el siguiente año, destaca la explicación que el Secretario de Hacienda hizo a la reducción del presupuesto de las universidades, al atribuirlo a los malos manejos de las instituciones de educación superior, según lo documentado en “La Estafa Maestra”. Y es que esta investigación periodística, publicada en septiembre de 2017 y construida a partir de los informes de la ASF sobre las cuentas públicas del gobierno federal en 2013 y 2014, no deja de tener resonancia en la sociedad mexicana. El modus operandi identificado por los periodistas se repitió en la Cuenta Pública de 2016, en la que la ASF detectó el mismo esquema de simulación consistente en que diversas dependencias del Gobierno federal firmaban convenios con dependencias educativas para que realizaran algún servicio para las que no están preparadas, por lo que tenían que subcontratar a varias empresas, o bien, se entregaban contratos de manera directa a empresas “fantasmas”. A pesar de que han sido suspendidos funcionarios y servidores públicos, lo cierto es que hay una enorme sombra de impunidad en todo esto, la cual se explica en parte, porque en aquellos casos donde se encuentran a los presuntos empresarios, no hay pista de los recursos públicos desviados.

Es notorio que buena parte de la opinión pública pareció comulgar estos días con la justificación del secretario Carlos Urzúa de reducir el presupuesto a las universidades para el 2019. El problema con esta postura, de tomar “una medida necesaria” ante el mal de la corrupción en las universidades, es que pagan justos por pecadores. Desde luego se entiende el enojo y la indignación de la sociedad ante este caso emblemático de la corrupción y la impunidad en México. Sin embargo, no deja de ser peligroso el argumento de tratar de equiparar las ocho universidades estatales aparentemente involucradas en “La Estafa Maestra”, con el resto de las universidades públicas de este país.

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Estos días han demostrado que la exigencia de la sociedad de tener mayor transparencia y una rendición de cuentas más exigente del uso de recursos públicos pasa también por las universidades, y que el discurso de autonomía debe renovarse para incorporar tales aspectos de manera más efectiva.

 

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