La Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) alertó del aumento del robo al autotransporte de carga en diversos puntos de la red carretera del territorio mexicano durante los últimos meses.

Por ello, hizo un llamado al gobierno federal y al Congreso de la Unión para combatir este delito, al que calificó de incontrolable, especialmente en la región centro del país.

“Está impactando directamente la competitividad de las empresas nacionales. A pesar de que las autoridades han mostrado sensibilidad frente a dicho problema, a la fecha no se ha logrado combatir esta amenaza de manera contundente, no obstante la gravedad de los delitos y que la sofisticación de las bandas criminales va en aumento”, advirtió Miguel Elizalde Lizárraga, presidente de la Comisión de Transportes de la Concamin.

De 2014 a 2016, el robo de autotransporte de carga en carreteras creció 179%, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), retomadas por el organismo.

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Para este año se estima que el fenómeno aumente hasta en 37%, de acuerdo con la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (Canacar).

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Debido a esta tendencia, las empresas aseguradoras han incrementado el costo de las pólizas hasta en 200% y en algunos casos optan por no asegurar unidades de carga.

“Un incremento en los costos no sólo afecta la capacidad operativa de las empresas de carga, sino también perjudica la distribución de insumos que componen la cadena productiva de la industria, lo cual impactará el precio final de los productos que consumen las familias mexicanas”, señaló el líder de la Concamin.

Recordó que el autotransporte de carga moviliza el 81% del valor de la producción nacional y representa 56% del total de la carga que circula por el país.

Ante este escenario, la Concamin solicitó aprobar las iniciativas de ley existentes para que el robo al autotransporte de carga sea establecido como un delito federal, reactivar el Programa Nacional de Seguridad en Carreteras y establecer mecanismos que fomenten la coordinación entre las procuradurías estatales y la homologación de la información respecto a este tipo de delito.

 

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