El abuso ha generado otorgar contratos benéficos para ciertos privados y que las bondades de las APP se pierdan en un mar de corrupción y compadrazgos.

 

 

Por Érick Díaz*

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En la administración pública alrededor del mundo, así como en el ideario de múltiples inversionistas, el concepto de asociación público privada ha tomado gran empuje en la última década. Una asociación publico privada (APP) se denomina a aquella que reúne al sector público y a inversionistas privados para desarrollar un proyecto y que tenga dos fines: el fin social, productivo o de eficiencia administrativa del gobierno, y el fin de negocio del sector privado. Fue apenas en la década de los noventa cuando se propuso por vez primera este tipo de asociaciones, en que capital privado se usaba para construir proyectos públicos que podrían generar dinero por ellos o podrían generar el suficiente beneficio social o económico tal que costeara un arreglo para su posterior pago por parte del gobierno. Hasta antes de la crisis de 2008 se había convertido en un método de financiamiento para proyectos públicos muy utilizado por gobiernos de distintas nacionalidades y niveles, México incluido.

Dentro de las ventajas de las APP nos encontramos con la opción de financiamiento que le otorgaría al gobierno para desarrollar proyectos productivos. En este caso, la ventaja sería poder crear un proyecto de infraestructura, dígase una autopista, sin la necesidad de invertir las enormes sumas de dinero, puesto que se cargaría a los usuarios una cuota por su tránsito y con ésta se les reembolsaría su dinero a los inversionistas. Además, basado en el argumento de una mayor eficiencia del sector privado, no de todos compartido, se podrían generar proyectos mucho más eficientes, mejor diseñados y más baratos que por parte del sector público

Tal parecía que las APP se convertirían en un gran aditamento para las finanzas públicas, pero debido a su poca regulación, en México podemos encontrar célebres casos de APP que han generado grandes beneficios pero solamente para el sector privado. Imaginemos una inversión en que el gobierno se comprometía a pagar durante 25 años por el uso de un inmueble una renta que año con año aumentará junto con la inflación, es decir, prácticamente sin riesgo. Este ejemplo hipotético es real y sucedió en los estados de Nuevo León (Torre Administrativa), Zacatecas (Ciudad Gobierno) y diversos Hospitales Regionales de Alta Especialidad. Es decir, se ofrecía un contrato con altos rendimientos a largo plazo, rendimientos que no los encontramos en cualquier lado y, lo mejor de todo, prácticamente 0% de riesgo. Y es esto último lo que el uso y abuso de las APP han generado: otorgar contratos benéficos para ciertos privados y que las bondades de las APP se pierdan en un mar de corrupción y compadrazgos.

Fue en 2012, aún bajo la administración del presidente Felipe Calderón, cuando se promulgó la Ley de Asociaciones Público Privadas, que buscaría regular y agilizar los trámites para lograr una más transparente asociación de los recursos. Al día de hoy sirve para tratar de proporcionar Estado de derecho al proceso de presentar y licitar APP. Sin embargo, la ley no contempla cómo enfrentar las desventajas antes presentadas.

La principal clave del éxito de las APP es ceder el riesgo de un proyecto productivo. De entre las modalidades de las APP podremos encontrar las concesiones, contratos de administración o las asociaciones de riesgo compartido (BID, 2011). Estos tipos de contratos son los que aseguran que las ventajas de las APP se potencien, puesto que la inversión se realiza de forma privada y el riesgo también lo corre el privado. Hasta este punto, el beneficio público es la capacidad de poder gozar de un servicio determinado aun cuando se requiera pagar una cuota; de cualquier manera se habría de pagar un impuesto para que el mismo servicio sea ofrecido por el gobierno. De nueva cuenta es importante el supuesto de que el sector privado es más eficiente que el público.

Independientemente de la escuela de pensamiento sobre la eficiencia o ineficiencia del sector público, no se pueden negar las ventajas que proporcionan las APP sobre la obtención de financiamiento más barato en mayor cantidad. Sin duda, un excelente instrumento que podría representar una gran opción a la hora de llevar a cabo un proyecto productivo, proyectos de infraestructura, proyectos sociales o proyectos petroleros, aunque estos últimos son otra historia.

Ahora que el gobierno federal ha presentado el más ambicioso programa de infraestructura en la historia –adjetivo que curiosamente comparte con todos y cada uno de los planes presentados por anteriores gobiernos– valdría la pena estudiar los alcances que las asociaciones público privadas pueden ofrecer para el desarrollo de proyectos productivos. La viabilidad financiera de un proyecto es importantísima, y el gobierno ha demostrado flaquezas al tratar de administrar la viabilidad de un proyecto; nada mejor que un inversionista privado para tratar de buscarla.

 

Alborta G., Stevenson C., Triana S. (2011), “Asociaciones público-privadas para la prestación de servicios. Una visión hacia el futuro”, BID

CMIC (2012), “Asociaciones público-privadas agenda e incidencia de la industria de la construcción en México”.

 

 

*Érick Díaz es escritor de economía en Paradigmas.

 

 

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