Por los supuestos vicios presentados en el proceso legislativo para la elaboración de las modificaciones a las leyes electorales, el conocido “plan B”, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Alberto Pérez Dayán propuso invalidar en su totalidad las dos leyes que forman parte de esta reforma.

Será el próximo 8 de mayo cuando el pleno de la Corte revise el proyecto de sentencia del ministro Pérez Dayán en el que alerta sobre violaciones graves a la aprobación de las leyes generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas que fueron impugnadas por el Instituto Nacional Electoral (INE), partidos políticos además de legisladores de oposición.

El proyecto, difundido por el portal Aristegui Noticias, refiere que en la recepción y aprobación en la Cámara de Diputados no hubo tiempo para el estudio de la normativa al ser votada el mismo día en el que fue recibida.

El ministro advierte que el presidente de la República no podía enviar al Congreso iniciativas de carácter preferente, pues esta facultad sólo es aplicable al inicio de cualquier periodo ordinario de sesiones.

Sin embargo, explica el ministro, la bancada de Morena realizó modificaciones mínima a la iniciativa presidencial en materia electoral y con ello dispensó todos los procesos en materia legislativa para dar pie a un “análisis urgente” de la iniciativa, sin fundamento legal.

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“La gravedad de tales infracciones en conjunto permite concluir con la invalidez del decreto cuestionado, por violación directa a los artículos 71 y 72 de la Constitución federal, esto porque la iniciativa no se conoció a tiempo, ni se publicó con la anticipación debida para su discusión en la Cámara de origen, dada la inobservancia a las disposiciones contenidas en el Reglamento de cada Cámara, desconociéndose con ello el principio de deliberación informada y democrática, así como los derechos que asisten a la representación popular”, argumentó Pérez Dayán.

Al respecto de la filtración, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal acusó que la filtración del proyecto de sentencia constituye una falta legal y llamó a la Corte a brindar respuestas ante lo que calificó un acto de irresponsabilidad y falta ética en el proceso judicial.

“¿Quién es responsable de resguardar la información de un expediente judicial en trámite ante el alto tribunal? ¿Con qué intención alguien de la SCJN filtró a un medio de comunicación, en exclusiva, un proyecto de sentencia tan relevante? ¿A cambio de qué se entregó la información reservada? La filtración de información ¿afecta o no el principio de imparcialidad de los demás jueces constitucionales? ¿Es causa de responsabilidad grave la divulgación indebida de esta información? Son cuestionamientos que la SCJN debe responder al pueblo de México”, expresó la Consejería de Presidencia.

“Cabe resaltar que la SCJN no difundió de forma institucional el proyecto de sentencia, sino que lo entregó clandestinamente a un medio de comunicación, lo cual contamina el proceso deliberativo de los integrantes del pleno, pues los demás ministros no conocían el proyecto que se divulgó ante la opinión pública, lo cual trasciende de manera negativa al principio de imparcialidad previsto en el artículo 17 constitucional”, acusó la CJEF.

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