Reuters.- La Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela trabaja en una reforma de la Constitución que incorporaría los ideales socialistas del fallecido Hugo Chávez pero propondría mayor apertura petrolera en momentos de crisis económica, dijeron dos constituyentes.

La industria del crudo, que aporta 95% de los ingresos del país miembro de la OPEP, enfrenta un deterioro de su producción por la merma de las inversiones, la falta de personal capacitado, las fallas en la infraestructura y las elevadas deudas.

Ante ese panorama, el Gobierno trata de recuperar algo de la producción e intentaría que las estatizaciones aplicadas por Chávez queden en el pasado para volver a atraer capitales cuando el país está en su quinto año de recesión y en hiperinflación.

Desde mejorar condiciones a las empresas mixtas a abrir el manejo de servicios conexos a la industria serían las fórmulas que se plantearían para reactivar la actividad petrolera, según los constituyentes consultados.

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“Las empresas mixtas incluso se les pueden mejorar las condiciones. Hay que buscar mecanismos provisionales mientras se consiguen los recursos. Hay que tener en cuenta la situación económica del país, necesitas inversiones para recuperar la producción”, dijo David Paravisini, un constituyente que está en la comisión de economía de la ANC, como se conoce la asamblea.

Los procesos de búsqueda de capitales se definirían en normativas a futuro.

La Carta Magna de 1999, impulsada por Chávez, presenta enunciados generales sobre el sector petrolero y dice que el Estado debe tener todas las acciones de la estatal petrolera venezolana Petróleos de Venezuela (PDVSA). Hace una excepción para permitir la participación de empresas en asociaciones estratégicas.

En leyes posteriores se estableció que en sus alianzas la petrolera tuviera una participación no menor a 50%, y en decretos subsiguientes se decidió que la industria tuviera hasta 60% en las asociaciones.

Esos porcentajes se mantienen hasta ahora y los constituyentes no indicaron si podrían variar.

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El Ministerio de Comunicación no respondió un pedido de comentario.

“Hay una apertura, siempre con el Estado mayoría, no negado a la inversión extranjera”, dijo Hermann Escarrá, uno de los más influyentes constituyentes, con respecto a la nueva Carta Magna. “No amarrar al Estado, y que se pueda llegar a acuerdos en determinadas circunstancias”. No dio precisiones sobre cómo serían esos acuerdos.

El 28 de agosto PDVSA firmó acuerdos con empresas locales e internacionales de servicios para cederles temporalmente el manejo de campos petroleros.

La apertura se plantea 11 años después de la nacionalización de proyectos en la Faja del Orinoco, que originó demandas de Exxon y ConocoPhilips. Esta última ganó un arbitraje por 2.000 millones de dólares, cuyo acuerdo de pago con PDVSA se anunció hace unos días, pero los fondos no se han entregado.

El bombeo de crudo venezolano está en el nivel más bajo en tres décadas y se ubica en 1,4 millones de barriles por día, según las fuentes directas citadas en el boletín de la OPEP, por ello, la industria estatal necesita de capitales.

La mayor presencia de privados también se evaluaría en los servicios conexos de la industria petrolera. “La situación no es la misma que cuando se nacionalizaron las empresas, ahora se impone abrirse”, agregó Paravisini. Las compañías que manejaban esos servicios fueron estatizadas en 2009.

Los avances de la reforma serían entregados en 30 días al presidente de la ANC, Diosdado Cabello, segundo hombre fuerte del Gobierno, quien dijo en julio que la Constituyente podría durar cuatro años y no ha dado pistas sobre cuándo podría aprobarse el nuevo texto.

Paravisini dijo que “no se hará nada que no sea en concordancia con el presidente (Nicolás) Maduro”.

 

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