El gobierno de Venezuela negó que haya confiscado una planta de General Motors (GM) en el país, dijo el ministro de Trabajo, Francisco Torrealba.

En la televisión estatal, Torrealba explicó que lo sucedido es por el dictamen de un juicio por un conflicto entre el fabricante y sus concesionarios.

“El Estado venezolano reconoce la importancia de este sector, incluso a propósito de ese reconocimiento, ha puesto al servicio de las ensambladoras un conjunto de herramientas de financiamiento y otras formas de apoyo para que estas plantas reactiven y lleven a su máxima capacidad los niveles de producción”, dijo en una entrevista con la televisión estatal.

General Motors suspendió operaciones en Venezuela debido a un embargo de bienes por parte del gobierno de Nicolás Maduro.

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La armadora filial de la empresa estadounidense dijo que la decisión es una medida ilegal.

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“General Motors Venezolana rechaza las medidas arbitrarias tomadas por las autoridades y tomará vigorosamente medidas legales fuera de Venezuela para defender sus derechos”, detalló la compañía en un comunicado.

El pasado 19 de abril, la planta de GMV fue tomada inesperadamente por el gobierno de Nicolás Maduro, lo que detuvo la operación normal de actividades. Además otros activos han sido confiscados, como automóviles, detalló la compañía en un comunicado.

La medida, según General Motors, va en contra del debido proceso jurídico, causando un daño “irreparable” a la firma y a sus 2,678 trabajadores, 79 concesionarios (la red más grande de servicios con más de 3,9000 empleados) y proveedores que representan más de 55% de la industria de autopartes en el país sudamericano.

Con información de agencias.

 

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