El principio de la llamada Ley Anti Memes, recientemente incluida en el Código Penal del Estado de Veracruz, refiere que se podría sancionar hasta con dos años de cárcel a quien utilice plataformas digitales para ofender o discriminar a otra persona.

De acuerdo con el comunicado que emitió el Congreso de Veracruz:

“Las y los legisladores aprobaron imponer de seis meses a dos años de prisión, y hasta cien días de trabajo a favor de la comunidad, a quien, utilizando cualquier medio de comunicación digital, difunda información lesiva o dolosa de otra persona, revelando, cediendo o transmitiendo una o más imágenes, grabaciones audiovisuales o textos, que dañen su reputación o su autoestima y le causen con ello afectación psicológica, familiar, laboral o en su entorno cotidiano.”

Así, cualquier persona que utilice redes sociales o cualquier otra plataforma de comunicación digital para publicar contenido que pueda ser ofensivo para la persona aludida, entonces podrá ser acreedor a las sanciones que se describen.

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Si bien no menciona explícitamente a los memes, se encuentra implícito que el uso de dichas imágenes podría ser la causa que llevara a una persona a recibir dicha sanción.

Como sucede con cualquier otra ley, las posibilidades de interpretación son muchas, ya que lo que se plantea defender es la reputación e imagen de las personas y el derecho que tienen a ser tratados con dignidad y respeto.

No obstante, la ley puede leerse de distintas maneras. Tal puede ser el caso de un político o funcionario público cuya vida privada pueda ser exhibida a través de las redes sociales o su labor criticada a través de una serie de memes o videos.

Aquí entonces, puede plantearse la pregunta sobre si la vida privada de un funcionario es de interés público o si es necesario que se mantenga una división con su derecho a la privacidad.

El argumento resulta bastante complejo, puesto que los escenarios y los contextos en los que se distribuyen los memes e imágenes similares son demasiado diversos. En ese sentido tendrían que existir precisiones respecto de cuándo y cómo proceder y diferencia en tanto se trate de personas públicas o del tipo de contenido exhibido.

Por ejemplo, en Yucatán el congreso local aprobó una ley contra la pornovenganza, es decir, contra la difusión en cualquier tipo de plataforma de contenidos de carácter erótico o sexual sin el consentimiento de la persona exhibida. Las penas van hasta 9 años de cárcel.

Por otra parte, los casos de ciberacoso, particularmente contra menores de edad, podrían estar fuertemente sancionados, ya que esa población podría ser la más vulnerable al ser los medios digitales su principal fuente de comunicación e interacción.

Sin embargo, bajo el argumento de que se vulnera su imagen o reputación, un funcionario público podría castigar a aquel que pueda cuestionarle o criticar su actuar a través de un meme o imagen, pero no sólo eso, podría hacerse acreedor a una sanción corporal con años de cárcel.

No obstante, uno de los argumentos que esgrimió el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al revocar la sanción contra la empresa que publicó fake news que afectaban al excandidato Ricardo Anaya fue que “al ser al ser una figura pública, está sujeto a un nivel

de vigilancia mayor, pues su privacidad se ve disminuida ante el escrutinio público” y que, al estar alojada en Internet, la información puede ser contrastada con otras fuentes para verificar su veracidad. Esperemos que así se dé el razonamiento de cualquier otra corte en tanto acusen a una persona de compartir contenido indebido contra un servidor público.

En tanto, el gobernador Yunes publicó en su cuenta de Twitter que vetaría la ley en el Congreso.

Existe un grave problema con el ciberacoso y la publicación de contenidos que afectan directamente la vida privada de las personas. Sin embargo, no se puede legislar afectando otros derechos fundamentales como el acceso a la información y la libertad de expresión. Es un hecho que se necesita proteger a poblaciones vulnerables, sin embargo, abrir la puerta a prohibir contenidos en Internet, abrirá la posibilidad de prohibir lo que sea.

 

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