Cual cónclave, más de once horas duró la última fase de la negociación entre los representantes de los gobiernos de México y de Estados Unidos. Cuando finalmente el “humo blanco” llevó a la opinión pública el tweet del presidente Trump en el que orgullosamente anunciaba que se había alcanzado un acuerdo con México y que la imposición arancelaria quedaba suspendida indefinidamente, el tema le otorgó al Canciller Ebrard una aparente victoria pues para México, esta suspensión era fundamental. Desde el impacto en los mercados hasta la viabilidad de la ratificación del T-MEC, atender la vulnerabilidad comercial ofrecía una certeza que con urgencia requería confianza y certidumbre.

Sin embargo, en este traspié de la relación bilateral el acuerdo alcanzado no puede verse como una total victoria para nuestro país. De todos los actores en este juego político orquestado por el presidente estadounidense, es México el que tendrá que hacer el mayor despliegue de recursos para atender a cabalidad los compromisos adquiridos en este nuevo acuerdo bilateral.

Por un lado, el despliegue de seis mil efectivos de la Guardia Nacional (GN)en la frontera Sur de México implica una movilización de recursos materiales, humanos, técnicos y hasta legales pues en estas tareas que se le han comprometido a la GN se requiere especialización en derechos humanos y migración. Hacer las funciones de policía migratoria no es algo que se tuviera contemplado en la creación de este nuevo cuerpo de seguridad mexicano, no obstante, el acuerdo bilateral requiere el intercambio de datos en plataformas de inteligencia que permitan contener la expansión de grupos del crimen organizado transnacional con el fin de disminuir drásticamente la internación de células delictivas hacia México y hacia Estados Unidos. Gran tarea tiene la Secretaría de Gobernación cuya titular, Olga Sánchez Cordero, aseguró el 12 de diciembre de 2018 que “en cinco días el nuevo gobierno había puesto fin al problema migratorio”. En ese momento, la amenaza de las caravanas migrantes dejaba entrever una crisis migratoria que rebasaría la infraestructura mexicana existente.

En otro sentido, la Embajadora de México ante Estados Unidos confirmó que se ha comprometido la atención de los migrantes centroamericanos en territorio nacional en materia laboral, educativa, de salud y programas sociales. En cumplimiento a los acuerdos internacionales que México tiene suscritos como la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de Ginebra (1951) y el Pacto Mundial sobre Migración (2018), México deberá permitir la estancia a los migrantes que deban aguardar el resultado de las solicitudes de asilo y refugio hechas al gobierno estadounidense. Asimismo, deberá mantener las condiciones de seguridad humanitaria a los migrantes mientras esperan la resolución de sus trámites migratorios.

Aunque en el papel, el acuerdo promete ser equilibrado para ambas naciones, la realidad es que nuestro país deberá destinar recursos a la generación de estaciones de albergue para migrantes, programas educativos, de salud pública y condiciones óptimas de empleabilidad para albergar a los migrantes en tránsito mientras se defina su situación migratoria.

Antes de celebrar el resultado de la reciente negociación, debemos pensar quién es el mayor beneficiado con el acuerdo, quién obtuvo lo que quería desde un inicio y quién no obtuvo un “no” por respuesta.

 

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