Sigue libre Rodrigo Medina de la Cruz, ex gobernador de Nuevo León, a pesar de que la noche del martes quedó vinculado a proceso por ejercicio indebido de funciones, un delito que alcanza hasta 12 años de prisión. “A petición de la Subprocuraduría Anticorrupción, un Juez de Control determinó el auto de vinculación por la probable comisión de este delito, al considerar presuntas irregularidades en los incentivos otorgados a la armadora KIA Motors, por más de 3 mil millones de pesos y exenciones de impuestos que excedieron los montos establecidos por la ley”, informó el gobierno de Nuevo León. De acuerdo con un comunicado difundido a la media noche por la entidad gobernada por Jaime Rodríguez Calderón, la fiscalía anticorrupción pidió también la vinculación a proceso del ex gobernador priista por peculado y delitos contra el patrimonio del Estado, pero el Juez Jaime Garza Castañeda solo vinculó por ejercicio indebido de funciones. Ante esta decisión, la Fiscalía presentará una apelación. El ex gobernador no tiene en su contra alguna medida cautelar que limite sus libertades, ya que de acuerdo con la defensa, existe una suspensión provisional concedida por un juzgado de distrito en material penal para protegerlo de cualquier privación o restricción de libertad, hasta que se resuelva la suspensión definitiva. Forbes México publicó que el sueño de Medina de la Cruz, ex gobernador de Nuevo León, tal vez no era ser el terrateniente más próspero al terminar su gestión, pero seguro sí estaba entre sus planes que su familia y amigos amasaran riqueza a través de negocios con el estado. Lee: Familia del ex gobernador de Nuevo León revendió los terrenos del penal de Mina Su padre, su madre, sus hermanos y sus amigos adquirieron 2,428 hectáreas de terrenos ejidales a bajo precio, los cuales fueron revendidos con un sobreprecio a la administración de Rodrigo Medina para que construyeran ahí el Penal de Mina, una prisión que no recibió a los reclusos de alta peligrosidad de Topo Chico, en donde en menos de seis meses se asesinaron a 52 personas. “Humberto Ricardo Medina Ainslie (padre del ex mandatario neoleonés), María Rebeca de la Cruz Barrera (madre del político del PRI), así como Humberto Ricardo y Alejandro David Medina de la Cruz (sus hermanos) se presentaron como propietarios de 14 parcelas en los ejidos California, La Azufrosa y El Pui en Mina, Nuevo León”, de acuerdo con actas de la asamblea ejidal en poder de Forbes México. Los documentos certificados del Registro Agrario Nacional (RAN) señalan que en la compra de tierras también participaron Francisco Cienfuegos Martínez, alcalde priista de Guadalupe, así como los hermanos Héctor Armando, Alejandro y Elisa Martínez Martínez; propietarios de Grupo Kalos Regiomontana, una compañía dedicada a la construcción de almacenes y edificios industriales. A los hermanos Martínez Martínez, quienes se quedaron con 10 parcelas, los usó la familia de Rodrigo Medina para apoderarse de los terrenos ejidales. Otros 20 predios de Mina quedaron en manos de personas cercanas al ex gobernador como: Alicia Martínez Elías Calles, David Jiménez Rodríguez, Gerardo Jiménez Rodríguez, Ignacio Gerardo Martínez González, Olga Deciga Peña y Rogelio González Aguilar. Lee también: Gobierno de Nuevo León actúa contra el exgobernador Rodrigo Medina    

Juicio maratónico

La audiencia del ex gobernador se realizó en medio de una jornada maratónica de 13 horas, en las que incluso se presentó una falla eléctrica que dejó a oscuras la Sala durante algunos minutos. Medina acudió a la audiencia realizada en el Palacio de Justicia de Monterrey acompañado de defensa, integrada por el ex Procurador General de Justicia, Javier Flores, y el abogado penalista Alonso Aguilar Zinzer. Después de esta audiencia, en la que el ex Mandatario no pierde la presunción de inocencia, se abre un periodo de investigación en el que el Ministerio Público y la defensa deberán aportar las pruebas y argumentos. El Juez estableció un plazo de tres meses para el cierre de investigación, que deberá ser el 9 de noviembre. Debido a que la defensa de Medina de la Cruz presentó una suspensión provisional de amparo, el Juez no emitió medidas cautelares. Las irregularidades atribuidas a Medina de la Cruz se derivan de la Operación Tornado, una investigación de la actual administración estatal sobre hechos relacionados con los delitos de peculado, daño patrimonial, ejercicio indebido de funciones y ejercicio abusivo de funciones. La vinculación es muy relevante por las consecuencias de responsabilidad penal que habría para el ex Gobernador, concluyó Ernesto Canales Santos, Fiscal Anticorrupción.

 

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