La organización Human Rights Watch (HRW) advirtió que las violaciones de derechos humanos perpetradas por miembros de las fuerzas de seguridad —incluyendo tortura, desapariciones forzadas y abusos contra migrantes— han continuado durante la administración de Andrés Manuel López Obrador.

En la sección dedicada a México en su Informe Mundial 2020, HRW señaló que pese al cambio de gobierno en el país en diciembre de 2018, la impunidad sigue siendo la norma y se siguen produciendo ataques contra periodistas y defensores de derechos humanos; además, persisten las limitaciones en el acceso a los derechos sexuales y reproductivos.

Aunado a esto, la organización criticó al mandatario por crear una Guardia Nacional con militares principalmente, a quienes incluso se les otorgaron facultades para participar en investigaciones penales y asumir actividades de inteligencia con fines preventivos.

HRW indicó que con su involucramiento en la lucha contra la delincuencia organizada y el narcotráfico, los militares han perpetrado desde hace años violaciones generalizadas de derechos humanos.

“Entre diciembre de 2012 y enero de 2018, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recibió más de 4,600 quejas sobre presuntos abusos militares. Entre enero y julio de 2019 (ya en el gobierno de López Obrador), recibió 241 quejas de este tipo”, indicó la organización.

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Sobre la tortura, señaló que médico forenses de la Fiscalía General de la República (FGR) intervinieron en 1,903 presuntos casos en 2019 y la CNDH recibió 84 quejas de tortura entre enero y septiembre del año pasado.

La desapariciones forzadas, agregó HRW, permanecen como una problemática generalizada y su ejecución es impune pues raramente se castiga.

“Para enero de 2019, la FGR había iniciado 975 investigaciones sobre señalamientos de desapariciones forzadas y había presentado cargos en apenas 12 casos. En septiembre de 2019, la unidad especializada en investigación de secuestros de la FGR informó tener apenas una investigación abierta sobre desapariciones cometidas por agentes no estatales”, apuntó.

En el mismo tema, el informe destacó que en agosto pasado, Karla Quintana, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda afirmó que se desconocía el paradero de 40,000 personas en el país.

Las ejecuciones extrajudiciales son otra problemática abordada por HRW y la ejemplificaron con el caso ocurrido en Tamaulipas en septiembre, cuando ocho civiles fueron presuntamente ultimados por parte de policías estatales. Para octubre,  las autoridades habían emitido órdenes de aprehensión contra siete agentes y seguían investigando.

Los ataques contra periodistas y defensores de derechos humanos también fueron resaltadas; el informe retomó la declaración de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, quien visitó México en abril y se refirió al problema como “alarmante”.

En cuanto a cifras, la organización indicó que siete periodistas y al menos 13 activistas fueron asesinados entre enero y julio de 2019.

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Migrantes en riesgo

Human Rights Watch advirtió que los migrantes enfrentan varios riesgos en México, donde frecuentemente sufren abusos y violaciones de derechos humanos.

De entrada, se detalló que entre enero y septiembre de 2019, la CNDH recibió 599 quejas de abusos contra migrantes, en su mayoría contra miembros de la Policía Federal.

A esto se suman las posturas de los gobiernos tanto de México como de Estados Unidos. En el segundo caso, la administación de Donald Trump empezó en enero de 2019 a enviar de regreso a México a solicitantes de asilo mientras sus solicitudes se encuentran en trámite.

De esa forma, más de 40,000 solicitantes de asilo fueron enviados de regreso, muchos hacia condiciones peligrosas e inhabitables.

Con respecto al gobierno mexicano, éste se tuvo que enfrentar a amenazas comerciales de Trump para controlar la migración irregular; López Obrador respondió movilizando a 6,000 miembros de la Guardia Nacional, con lo que “en la práctica, militarizó las fronteras”, apuntó HRW.

Esta militarización llevó a irregularidades como intentes de ingreso a albergues para revisar el estatus migratorio de las personas, algo prohibido por el derecho mexicano; por ello, recordó la organización internacional, la CNDH dictó en junio medidas de protección a favor de albergues en Sonora y Coahuila.

Una problemática más señalada en el caso de los migrantes es que los centros de detención gestionados por el gobierno se mantienen desbordados y las personas allí detenidas llegan a experimentar condiciones inhumanas como calor extremo, plagas de insectos, falta de acceso a higiene básica, servicios médicos limitados y comida de baja calidad.

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