Visión distorsionada de la propiedad de medios

Foto: Reuters

En la teoría constitucional mexicana en la que todo lo que está en el subsuelo y en el aire del territorio nacional pertenece a la Nación, se constituyeron las emisoras de radio y televisión como concesiones. Aire propiedad de la Nación que se ‘renta’ a particulares para que estos construyan la comunicación que deberá entretener, educar y unir a los mexicanos en todo el territorio nacional. Una responsabilidad social de mucha relevancia pues lleva consigo el frágil manejo de las mentes, las conciencias, los intereses políticos, los moldes de conducta, los límites de comportamiento socialmente aceptable, la exposición de la cultura, y un larguísimo etcétera que se convierte en un doble y peligroso juego: ser los promotores de la evolución, convivencia y cambio social y cultural, o ser el espejo de los cambios de la sociedad. Doble peligroso juego porque en la falla conceptual de los distintos modelos de comunicación se corre el riesgo de ‘culpar’ a la sociedad de la falta de calidad, disfrazando de ‘conformismo emocional y cultural’ los contenidos que impiden la dialéctica constructiva de la sociedad bajo el argumento de: ‘es lo que pide la gente’.

Fundadas la radio y la televisión mexicanas por un grupo de empresarios con una auténtica visión inicial culta y responsable de la nueva forma de influir en el ‘pueblo’, se crearon los grandes contenidos históricos que fueron modelos de producción para varias generaciones. Radionovelas, programas de variedad, de comedia, concursos de canto, de conocimientos generales, radioteatros, así como participaciones sesudas de conductores que construían el imaginario colectivo de las madrugadas, de los momentos más íntimos de los radioescuchas, afinando la imaginación con productos realizados con los elementos básicos del ‘teatro de la imaginación’ perfectamente entendidos. La aparición de la televisión, si bien desplazó en un primer momento a la radio, en realidad lo que hizo fue reposicionarla y colocarla en su dimensión complementaria en la creación de la dinámica de la mass media.

Cuando en las décadas de los 80 y 90 comenzaron los cambios generacionales al mando de la industria de radio y tv, aquellos pioneros empresariales que vivían bajo una disciplina cívica nacional con la que asumían su compromiso con el país como uno de alto honor entendiendo y balanceando los intereses políticos, comerciales, de entretenimiento y cultura buscando dejar un modelo de calidad en la radio y la tv mexicanos, tanto como productores de contenidos únicos, como del papel que en el concierto social jugaba la poderosa influencia de ‘los medios’, fueron sustituidos por herederos, segunda generación de los pioneros y fundadores de la industria de la comunicación que vieron el primer indicio de lo que ocurriría posteriormente con la industria con la llegada de Emilio Azcárraga Milmo, se dio una destrucción sistemática de los principios que habían, hasta entonces, mantenido un equilibrio y sana tensión entre los intereses de poder político y la preocupación por un auténtico contenido creado y dirigido al público. Con la famosa sentencia de ‘soy soldado del PRI’ o ‘hago televisión para jodidos’ se sintetizó el pensamiento que iba a influir en los nuevos dirigentes de la industria de la comunicación.

Entre 1980 y el año 2000 la industria de la radio, por ejemplo, dejó entrar en su propiedad a través de marometas en la orilla de la legalidad, inversiones extranjeras de carácter activo. Esto es, no sólo inversiones pasivas que apoyaran la consolidación de negocios mexicanos hechos por mexicanos, sino inversiones activas en donde en algunos casos asumieron el control directivo de estaciones de radio, de grupos radiofónicos completos. Sumada a la superficialidad de concepto de las nuevas generaciones al mando, las recurrentes crisis económicas impusieron el criterio administrativo por encima del criterio creativo minimizando la prioridad creativa de contenidos innovadores para desarrollar una comunicación en función de opciones de comercialización que generaran ingresos más rápidos. Así fue como se permitió que el principal generador de dinero, el gobierno federal y los gobiernos estatales y municipales, así como los poderes de la Unión, se convirtiera en el cliente número uno a través de campañas a favor de personajes que buscaban su colocación en la opinión pública, llegando incluso al nivel de concebir la entrevista como un ente comercializable, perdiendo cualquier intensión de perfil noticioso o personalidad periodística del medio.

En el inicio del siglo XXI con nuevos jugadores en el poder, la frivolidad con que se manejaron las relaciones entre medios y poder eliminó cualquier frontera de protección al balance que había sido una de las propiedades más cuidadas en los inicios de la radio y la televisión. Totalmente involucrados en los procesos de poder -debido al esquema de contratación de publicidad por parte de los poderes fácticos en donde la ‘simpatía’ o ‘antipatía’ al sistema influye en la decisión de inversión- la radio y la televisión fueron cediendo cada vez más la posesión de su esencia estructural convirtiéndose en replicadores incoloros e insípidos que usaron los espacios que no estaban comercializados, para crear productos que satisficieran el mínimo necesario de justificación para estar al aire. Los largos programas de televisión de varias horas en las mañanas en donde la producción se limita a ver a tres o cuatro personas hablando, cantando, jugando, es el ejemplo de la depreciación del contenido en función del ahorro en inversión para la creación y producción.

La radio, en específico, de ser un medio en constante dialogo con el poder gubernamental al evolucionar en sus primeras décadas en función de las necesidades sociales, pasó a ser un cómplice del poder gubernamental, un medio al servicio del poder que se encuentre al mando, durante el tiempo que se encuentre en el mando, diseñando contenidos que en lo posible, no sean fuente de potenciales problemas que afecten el aceitado engranaje que define las inversiones de presupuesto publicitario, generando consecuentemente una inmovilidad en investigación, exploración, proposición, desarrollo y producción de contenidos que paulatinamente convirtieron en ‘inofensivos’ y poco desafiantes a la imaginación sus transmisiones.

Esta visión distorsionada de la propiedad de los medios ahora resulta que no sólo afecta los contenidos ya existentes, sino también está demostrando que es capaz de buscar impedir la aparición de nuevos participantes. La salida de una licitación con nuevas reglas para colocar 178 nuevas frecuencias de radio en el país, licitación largamente postergada desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, y que era la posibilidad de que nuevos jugadores entraran con nuevas ideas, nuevos conceptos, rompiendo la hegemonía de grupos que han hecho del acaparamiento de estaciones -vía compra, renta o control operativo- una razón más para la decadencia del medio (Radiorama por ejemplo, con 240 emisoras en el país, en algunas ciudades controlando el mercado de inversión publicitaria -Campeche tres de siete emisoras en FM, Ciudad Obregón seis de 14, Mérida siete de 17, Reynosa seis de ocho, Tampico ocho de 11-), fracasó contundentemente cuando un grupo empresarial se registró para postularse por 37 frecuencias, las más atractivas del paquete en concurso, ofreciendo la descabellada cantidad de 288 millones de pesos elevando el valor de referencia en 3,400% eliminando las posibilidades de participación de, efectivamente, nuevos jugadores.

Con el visto bueno de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, manifestado el 15 de enero de 2017, el grupo Tecnoradio llamó la atención de periodistas y estudiosos en general precisamente por el volumen de la operación. Al investigar y explorar la información del grupo, especialistas profesionales del negocio de los medios en México, con Javier Tejado al frente, descubrieron que la empresa ‘ganadora’ del paquete de 37 estaciones es presidida por Alí Eduardo Bañuelos, esposo de Viviana Toscano, sobrina de Javier Pérez de Anda, propietario de Radiorama, información que no manifestó la empresa a lo largo del proceso de licitación -más de seis meses de duración- cuando era una de las reglas específicas del concurso: declarar cualquier parentesco, hasta cuarto nivel, con propietarios actuales de medios de comunicación. Inconcebible que dicha omisión fuera el resultado de ‘un error’, la ostensible actitud patrimonialista de concesionarios y operadores de radio y televisión actuales, y que queda de manifiesto en esta acción ilegal a todas luces realizada al amparo de una demostración de aparente inmunidad que genera la suspicacia de un arreglo en lo oscurito que fue descubierto gracias a la labor de investigación periodística, debería ser motivo de profunda reflexión sobre el papel de los medios masivos electrónicos en la actualidad, participes, no todos naturalmente, de la contagiosa corrupción que tanto esta enfermando todos los frentes del acontecer nacional.

El martes 30 de mayo, el Ifetel anunció que estaba iniciando un proceso penal en contra de Alí Eduardo Bañuelos, por falsedad de declaraciones en el proceso de licitación. La gran duda es: ¿por qué si un periodista/especialista en la industria de la radio y televisión en México pudo descubrir esta información que tanto afecto el proceso de licitación más importante de los últimos años en materia de medios, no lo hicieron en su momento el Ifetel o la SCT?

 

Contacto:

Correo: lgs@r101ck.mx

Twitter: @lgsrock101

Facebook: Rock101

Página web: Rock101online.mx

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.