Este jueves empezó la ronda de interrogatorios a los acusados en el juicio al proceso independentista de Cataluña. El primero en hablar fue el anterior vicepresidente de la Generalitat (gobierno de Cataluña), Oriol Junqueras. “Trabajar por la independencia de forma pacífica, no es delito; votar en un referéndum, no es delito”, dijo. Hacía más de un año que el público no le escuchaba la voz y el político utilizó el interrogatorio de su abogado para pronunciar una defensa más política que técnica o legal de su causa. Las respuestas del más alto cargo encausado en este proceso penal se dirigieron a justificar la naturaleza democrática de la lucha por la creación de una república catalana y el carácter pacífico de la misma. En este último punto fue insistente, porque Junqueras enfrenta cargos por un delito que, según la ley penal, sólo puede producirse con el uso de la violencia: el delito de rebelión (golpe de Estado, en el Código Penal español). La Fiscalía pide 25 años por él. “Si se nos lee, si se nos escucha, nadie nunca puede tener duda de que siempre, siempre hemos rechazado la violencia, porque cualquier objetivo político noble puede resultar inmoral si los mecanismos son indecentes”, afirmó. En cuanto a la declaración unilateral de independencia (DUI, la supuesta proclamación de la república catalana luego de la votación del 1 de octubre), dio a entender que el gobierno catalán no tenía intención de declarar la república sino de forzar al gobierno español de Mariano Rajoy a una negociación. El exvicepresidente y aún presidente de su formación, el partido Esquerra Republicana Catalana, dijo que el referéndum del 1 de octubre “no les costó nada” a los contribuyentes, en un intento de desvanecer dudas sobre si usaron fondos públicos para organizar la votación. Junqueras se negó a responder a las preguntas de la acusación, formada por la Fsicalía, la Abogacía del Estado y el partido de extrema derecha Vox, que ejerce la acusación popular. Esto, porque considera que se trata de un “juicio político” y por ser candidato electo a las elecciones europeas, de mayo de este año. El papel de la policía catalana y su responsable Más dura y técnica fue la declaración del que fue secretario de Interior cuando se produjeron los hechos ahora encausados, Joaquim Forn. El exconseller (consejero, en catalán) aceptó responder a las preguntas de la acusación, excepto a las del partido de extrema derecha. Las preguntas de la Fiscalía denotaban la intención de demostrar que pese a que el exfuncionario sabía de la ilegalidad del referéndum, éste trabajó para que se celebrara. Asimismo, se interesó por el operativo policial de los días previos al 1 de octubre en los que hubo varias manifestaciones ciudadanas, así como la actuación de los Mossos de Esquadra (policía catalana en el día de la votación). El interés en este punto está en el hecho de que los fiscales también sostienen que tanto Forn incurrió en delito de rebelión, que implica el uso de la violencia. Según los mismos, el gobierno de Cataluña se valió de la policía autonómica para conseguir llevar a cabo el golpe de Estado. “Para dar cumplimiento al requerimiento de la Fiscalía se hizo un dispositivo inédito. Ni en el 17 de agosto (día de los atentados jihadistas en Barcelona) era tan amplio”, dijo. Según Forn, en el día del referéndum los Mossos d’Esquadra trabajaron para dar cumplimiento a las órdenes del Tribunal Constitucional, cerrando varios colegios electorales. El juicio a los políticos catalanes independentistas se reanudará el próximo martes, con más interrogatorios a exfuncionarios y a los dos activistas encausados. También puedes leer:
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