En México hay un sistema de complici­dad de protección mutua. Esto tiene que ver con el financia­miento de las campañas: si todos los que llegan tienen que pasar por el mecanismo de financia­miento ilegal, nadie puede sa­lirse del juego porque todos son fruto de ese juego, dice Luis Carlos Ugalde, ex presidente del Consejo General del IFE.

México tiene elecciones cada vez más reguladas y costosas, y a la vez más irrelevantes, en tanto que no producen cambios en la calidad del gobierno y, por el contrario, hay más corrupción.

El director de la consultora Integralia habla asimismo de la danza de millones que se activa con cada proceso electoral.

―Después de múltiples escándalos de corrupción, que tuvieron en el de la Casa Blanca su momento estelar, ¿cómo llegamos a esta elección?

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―Llegamos por una parte a una elección rutinaria, en el sentido de que se cumplen leyes, hay candidatos y gana quien tiene más votos. Eso es una buena noticia, porque significa que la violencia y la insatisfacción ciu­dadana no ha impedido que estas rutinas se cumplan.

Un segundo tema es que las elecciones son más competidas.

Pero las elecciones también pierden su fuerza como genera­doras de cambio, estimuladoras de la rendición de cuentas y correctoras del rumbo, (cuando) debieran de ser la forma para premiar o castigar a gobernantes, y no lo han sido.

No se percibe que las alter­nancias de un color u otro hayan cambiado la calidad del gobier­no, y la corrupción en algunos casos ha aumentado.

Cuando la gente dice ‘todos son iguales’ surgen las tentacio­nes populistas o las candidatu­ras de los mavericks, aquellos valientes que creen luchar contra las fuerzas del mal, a veces con buenas ideas, a veces sin ellas, con un partido o de forma independiente.

 

¿Cúal es tu diagnóstico en cuanto al dinero que se usa en las elecciones de manera legal o extralegal, qué hay de nuevo frente a elecciones previas?

―El problema ha venido empeo­rando en los últimos 10 años, así que la única probabilidad es que esto se mantenga o empeore, esto es, que las campañas cuestan cada vez más y que los candida­tos se fondeen de forma ilegal para ser competitivos.

Eso genera un problema de corrupción gubernamental, porque ya que llegas a la silla del poder tienes que pagar a quienes te financiaron de forma ilegal.

 

¿Por qué son cada vez más caras las elecciones?

Primero, porque hay más compe­tencia electoral; en los años 80, el PRI no necesitaba tanto dinero para ganar. Segundo, porque el dinero llamó al dinero; es decir, que el financiamiento público que el ife (hoy ine) dio a los partidos en los años 90 creció notablemente.

A partir de 1997 hubo mucho dinero en el mercado electoral, entonces llegaron muchos me­dios de comunicación ofertando publicidad y encuestas, así como ofertantes de material promo­cional y de clientelas, o incluso mercenarios que ofrecen opera­dores de campo y votos.

En la década pasada, con la liquidez del petróleo, los gober­nadores tuvieron mucho dinero, entonces podían invertir en obra productiva, crear empleo, en comprarse casas y en pagar cam­pañas para mantener la hegemo­nía de su partido.

Muchos gobernadores y presi­dentes municipales empezaron a entrar a las campañas y todo eso hizo que el mercado empezara a crecer y a encarecerse.

Contratistas, coyotes, em­presarios o gestores se dieron cuenta de que en el gobierno federal había mucho dinero para contratos y obras pública, así que se dijeron ‘vale la pena meterle lana a las campañas, es un buen negocio, es una alternativa de inversión’.

Hoy, cuando preguntas a un coordinador de campaña cuánto necesitan para ser competitivos, comúnmente dicen 8 o 10 veces más de lo que la ley permite.

Hay elecciones locales en las que el tope de campaña son 50 millones de pesos, y podemos escuchar historias que te dicen que están gastando 800 o 1,000 millones de pesos (mdp).

 

―¿Por qué más dinero no significó mejores controles y a quién le corres­pondía ponerlos?

―El tema tiene que ver con varios mecanismos de mayor control sobre el dinero, tanto de los gobiernos estatales, como de los municipales.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) nos ha dicho y repetido el caso de Veracruz, donde recibieron dinero para educación básica y lo usaron para campañas. Se deben con­trolar las haciendas estatales y municipales.

El segundo tema es cómo haces que un contratista dude en dar dinero porque no está seguro de que le puedan pa­gar. Hoy, tú le das 10 millones a un candidato y te puede decir ‘yo te voy a devolver el doble el primer año de mi gobierno’.

El tercer tema es cómo redu­ces el pago de cobertura infor­mativa que se ha encarecido. Hoy todo el mundo cobra por cober­tura informativa, cómo combates el mercado de mercenarios, de clientelismo y de movilización del voto.

 

―Eso no se combate, en cambio tene­mos un aparato de vigilancia para detectar si un candidato dijo una frase en un momento y ante un medio y público determinados. Hay los dos extremos.

―Es una tontería de una legisla­ción que incluso es ingenua, boba o frívola, porque está regulando cosas irrelevantes mientras lo fundamental no se está contro­lando, que es el dinero. Es una tontería que cuesta mucho.

 

―En cuanto al pago de cobertura a los medios, ¿cómo se puede combatir?

―Una solución es prohibir la publicidad de gobierno en todo tiempo y lugar. En la Pre­sidencia de Felipe Calderón se incrementó enormemente el presupuesto de comunica­ción social para medios y esto se reprodujo en todas las entidades del país.

 

―Con Vicente Fox los altos precios del petróleo produjeron excedentes, que se repartieron a los estados, pero nunca se habló de rendición de cuentas.

―Se quemó el dinero en plazas, en contratar burócratas, en comprar camionetas, en corrupción per­sonal, en casas, en campañas, fue un desperdicio. Hoy el escenario es el opuesto. Cu­riosamente también relacionado con el petróleo, hay una combinación de más endeudamiento estatal y menos presupuesto, sin embargo hay dinero para repartir en las campañas, ¿cómo se explica eso?

Apenas se van a empezar a ver los efectos de la caída de los pre­cios del petróleo.

En enero se tuvo una reduc­ción de ingresos públicos por primera vez en 20 años.

Tenemos que tener en mente que la actual clase política creció en la bonanza y nunca ha sabido lo que es un recorte presupues­tal. Sólo saben gastar y eso ha estimulado la corrupción.

Ahora que va a haber me­nos dinero es una oportunidad para poner orden. Cambiar ese modelo va a ser muy doloroso políticamente, claro, combatien­do el financiamiento ilegal de campañas.

 

―Respecto del INE, el órgano que debe su existencia a los procesos electora­les y de cuyo consejo fuiste presiden­te cuando se llamaba ife, has recono­cido que ahí muchas cosas ocurrían en lo oscurito, que no eran transpa­rentes. ¿Qué opinión tienes de su funcionamiento, está justificado que sea tan obeso? ¿Cómo se calcula el dinero que se le da a los partidos, hay un criterio profesional?

―El INE es el resultado de una le­gislación obesa, no es que el ife o el ine lo sean, son resultado de una legislación sobrerregulato­ria, punitiva, barroca, excesiva, boba e ingenua.

La legislación se ha venido engordando para meter pro­hibiciones, deseos, anhelos, tonterías, para negociar políti­camente, y da lugar a burocra­cias. Había estados en los que los institutos electorales tenían cinco integrantes, ahora tienen que ser siete. Se crearon salas especializadas en los tribunales para monitorear los spots, y para eso hay que construir toda una infraestructura tecnológica, con gente viendo spots.

Se ha burocratizado la administración porque genera intereses políti­cos, económicos y, en el caso de los partidos, el fi­nanciamiento no respon­de a ninguna lógica.

 

―También has dicho que presidentes municipales dan dinero a los legisladores para que aprueben ciertos pre­supuestos a sus municipios. Por tanto, las presiones no son sólo de afuera para obtener favores de un legislador o un gobernante, sino que entre ellos utilizan mecanismos de chantaje, ¿cómo se desmonta eso?

―Pues con un shock externo al sistema, es decir, ya sea porque, como en Brasil, salen cientos de miles de gentes a la calle a manifestarse y de repente un po­lítico dice ‘ni modo hay un shock externo, un meteorito que nos va a destruir a todos’.

O porque ganó un candidato outsider. En 2018 puede ganar uno, pero plantea un riesgo que puede ser un populista y en­tonces de llegar a combatir la corrupción llegue a darle gusto a las masas, y empeoren las cosas.

La otra es la abstinencia pre­supuestal: no hay dinero, se aca­bó y entonces se genera un pleito interno y ahí pueden surgir mecanismos para romper estos sistemas bastante obsoletos.

El nivel de complicidad y de corrupción del sistema es tan alto que ya no hay una solución endógena.

La idea de que desde dentro se puede cambiar fue la creencia en 1997 y 2000 cuando hubo al­ternancia en la Presidencia de la República. Pero no hay evidencia de que eso sea así, de lo que sí hay evidencia es que todos (los partidos) se portan de manera similar.

 

―¿Quiénes se benefician, en un sentido amplio, con toda esta maquinaria electoral?

―Hay excepciones. En el gobierno federal han puesto controles en los últimos 15 años y muchos funcionarios viven de su sueldo.

Pero en gobiernos y congresos estatales, en los liderazgos del Congreso federal y en ciertas áreas federales que hacen compras y licitaciones de obra pública, en muchos medios de comunicación, en todo el sector de construcción, ahí la corrup­ción es enorme.

El actor que ha empeorado todo son los legisladores locales y federales porque tienen la tarea de poner un alto, vigilar, revisar, castigar.

Hay un sistema de complici­dad de protección mutua. Esto tiene que ver con el financia­miento de las campañas: si todos los que llegan tienen que pasar por el mecanismo de financia­miento ilegal, nadie puede sa­lirse del juego porque todos son fruto de ese juego.

 

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