Walmart de México dijo este jueves que está trabajando desde inicios de año con sus proveedores para que anticipen lo más posible la entrega de sus productos que cumplan con las nuevas normas del nuevo etiquetado de la NOM-051.
“(Estamos) tomando las medidas necesarias respecto al inventario de lento movimiento para evitar que los productos que tienen el etiquetado anterior se sigan ofreciendo en nuestros anaqueles. Sabemos que la transición de las normas actuales a las nuevas formas van a implicar costos que no podemos dimensionar en su totalidad”, señaló la empresa en su reporte financiero del segundo trimestre del año.
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El nuevo etiquetado de alimentos y bebidas entra en vigor el próximo 1 de octubre.
Grupo Lala dijo esta semana que estaba lista para responder a los requisitos de la nueva Ley del Etiquetado en Alimentos y Bebidas.
En octubre pasado, el Senado aprobó la ley para obligar a las empresas de alimentos y bebidas a incluir un etiquetado frontal más informativo que implica la colocación de sellos de advertencia que indiquen los altos niveles de azúcar, sodio y grasas.
Una de las principales causas para promover el cambio en el etiquetado es que 70% de los mexicanos padece sobrepeso y casi una tercera parte sufre de obesidad, enfermedad que se asocia principalmente con la diabetes y enfermedades cardiovasculares, pero también con trastornos óseos y musculares y algunos tipos de cáncer, de acuerdo el Gobierno de México.
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La implementación del nuevo etiquetado ha causado polémica desde el año pasado y una constante pugna entre el Gobierno y empresas de alimentos y bebidas.
De hecho, la semana pasada el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, calificó a los refrescos como “veneno embotellado”.
Mediante un posicionamiento difundido este domingo, la Asociación Nacional de Productores de Refrescos y Aguas Carbonatadas (Anprac) consideró inaudito que un funcionario público federal, estigmatice a una industria que cumple a cabalidad con todas las normas y regulaciones en México.
“Un calificativo como el que utilizó el subsecretario López-Gatell evidencia una animadversión personal contra la industria, basada en prejuicios e información imprecisa, y representa un peligroso sesgo ideológico que pone en riesgo a sectores productivos estratégicos que resultan vulnerados en su credibilidad”, señala el comunicado de la Anprac.
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