La Subcontratación en nuestro país es uno de los temas más comentado y que genera gran inquietud por estos días a los miembros de las principales cúpulas empresariales, esto derivado de la consigna que se vislumbra ahora más cercana del Senador Napoleón Gómez Urrutia de regular esta figura tan polémica mejor conocida como outsourcing, y establecer sanciones importantes para quienes hagan un mal uso de ella generando con ello simulación de las relaciones de trabajo.

Con fecha 23 de octubre del año pasado fue presentada ante la cámara alta la Iniciativa de proyecto de decreto por el que se reforma la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social en materia de subcontratación laboral, en la que en términos generales establece como simulación laboral, toda aquella relación que se origine por una causa diferente a la especialización en relación con el objeto social de un empleador, lo cual no es en realidad diferente a lo que tenemos hoy como parte del cuerpo normativo que regula esta figura, sino lo contrastante serán las consecuencias y sanciones que de esta simulación se pudieran originar.

Dentro de los puntos a tratar por esta Iniciativa de Reforma encontramos el garantizar a los trabajadores subcontratados derechos fundamentales como lo son la libertad sindical, la negociación colectiva, un salario mínimo, el acceso al reparto de utilidades, el reconocimiento de antigüedad, el acceso a una verdadera capacitación, e indemnización ante accidentes de trabajo, que si observamos son derechos que ya tienen garantizados en nuestra norma vigente, pero que sin embargo debido a la simulación laboral y a falta de serias consecuencias ante esta son con frecuencia violados por algunos empleadores.

Ante las casi nulas consecuencias por la simulación laboral, la iniciativa presentada propone endurecer las mismas proponiendo equiparar la simulación laboral a la defraudación fiscal, e incluso a la delincuencia organizada toda vez que se configuran simultáneamente prácticas ilegales en materia laboral, fiscal, de seguridad social y de lavado de dinero, y es que con la norma actual la simulación laboral sanciona con 250 a 5000 días de salario mínimo, que en contraste con los beneficios derivados de estrategias fiscales por cada operación resultan “pecata minuta”, tomando en cuenta la poca inspección laboral tanto a nivel federal como estatal.

Mientras tanto también se suma el Ejecutivo Federal a esta importante tarea para cortar de tajo los vicios arraigados en la subcontratación en México, y por fin suman esfuerzos diferentes dependencias como la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF), ambas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), con el objeto de combatir y erradicar la simulación laboral implementando el Grupo Interinstitucional para combatir la Subcontratación Ilegal.

Este Grupo Interinstitucional establece la diferencia entre la Subcontratación legal, conceptualizándola como un servicio especializado que permite que los negocios se dediquen a su actividad principal sin distraerse en actividades no propias de la empresa. Y por otro lado la Subcontratación ilegal, definiéndola como aquella que traslada la plantilla laboral a empresas intermediarias con el propósito de encubrir la relación laboral a través de actos simulados para incumplir intencionalmente con las obligaciones laborales y/o de seguridad social, afectando gravemente a los trabajadores y a sus familias; fomentando la competencia desleal entre empresas, y mermando los ingresos públicos para el financiamiento de la Seguridad Social.

Así mismo han identificado con las inspecciones realizadas que esta práctica precariza el mercado laboral en perjuicio de los trabajadores ya que abarata el costo de la mano de obra atentando en contra de los derechos fundamentales de los trabajadores, así como también afecta la recaudación de ingresos por parte del Estado reduciendo la capacidad del Gobierno para fondear la seguridad social, en especial, los servicios de salud, pensiones y vivienda.

Algunas de las acciones particulares que implementará este Grupo intersecretarial son:

  • Inspecciones Laborales a través de la STPS.
  • Revisiones fiscales a cargo del IMSS, INFONAVIT y SAT.
  • Aplicación de medidas financieras por parte de la UIF.
  • Apoyo a la regularización de los patrones reales y sus trabajadores a cargo del: IMSS, INFONAVIT y SAT.
  • Generación de sanciones ejemplares y en su caso la conformación de expedientes por Defraudación Fiscal a través de la PFF.

Pudieran parecer exageras las medidas que se implementarán en contra de la simulación laboral sin embargo, ante los contantes abusos y poca inspección laboral se han hecho necesarias, el artículo 15-A de la Ley Federal del Trabajo a partir de la Reforma del 2012 estableció las condiciones para el uso de esta figura, sin embargo hasta la fecha no se le ha prestado atención, por lo que no quedó más remedio que endurecer las reglas.

 

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