X
BREAKING
Estas son las 30 promesas de los negocios 2024
Además de los 1,046 kilómetros de muro construidos hasta la fecha por Estados Unidos en su frontera sur, hay una barrera aún más alta y espesa que las láminas que alejan a México de sus socios del norte y en gene­ral de las economías más fuertes: la falta de reglas consistentes con los mercados internacionales e incumplimiento de las reglas que sí tiene y que impiden aprovechar al máximo el Tratado de Libre comercio con América del Norte (TLCAN). México está alejado de las mejores prácticas internacionales en materia de regulación y por supuesto en compara­ción con las que rigen en sus mercados socios en Norteamérica. “En el país hay un rezago muy im­portante con respecto de Estados Unidos, principal socio comer­cial”, expresa Mariana Campos, coordinadora del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa. La debilidad regu­latoria e institucional hace de México un país vulnerable a los cam­bios externos económicos y políticos, como ilustran las amenazas de Donald Trump, candidato republicano a la Presidencia de Estados Unidos, de que echará abajo el Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN) y deportará a millo­nes de mexicanos. El tipo de cambio es el primero en re­flejar esa debilidad. A medida que Trump muestra en las encuentas posibilidades de ganar, el peso se debilita ante el dólar. Cuando el ganó la candidatura, el 20 de julio, el tipo de cambio estaba en 18.57, y cuando el 19 de septiembre se colocó en las encuestas de Real Clear Politics a menos de un punto de su contrincante Hillary Clinton, el dólar llegó a 20.8 a la venta en bancos, un récord. Esta correlación entre las encuestas y el peso es una expresión de la des­confianza de los inversionistas de que México pueda soportar las decisiones de Trump si llega a la presidencia de Esta­dos Unidos. Entre las deficiencias regulatorias más evidentes que tiene México están los mecanismos de contratación pública. Con relación a quién asume la respon­sabilidad de lo que contrata el gobierno, en Estados Unidos no se permite que un funcionario público delegue esta respon­sabilidad en un subordinado, pues ello facilita actos de corrupción dado que el sancionado será el empleado firmante del contrato, que puede alegar que recibió órdenes “de arriba”. En México la práctica de delegar es usual. La manera como en el vecino país se evita esta artimaña es escalar hacia arriba la responsabilidad: cuando alguien por alguna razón no puede firmar un contrato, lo tiene que hacer su jefe o incluso el jefe de éste. Otra debilidad de México en esta materia es que la Comisión Fe­deral de Competencia Económica (Cofece) no está obligada a par­ticipar en los proce­sos de contratación, pese a que su presencia beneficiaría la gobernanza de los procesos de contra­tación y ayudaría a promover una libre competencia. El problema es que esa au­sencia se puede aprovechar para beneficiar a un contra­tista sobre otros. Con el fin de excluir a algunos de ellos, en los términos de referencia de los concursos se exigen requi­sitos innecesarios o no relevantes para el objetivo de la contratación, previo aviso al participante que se quiere beneficiar. Pero hay maneras de evitar esta farsa. La Cofece tendría que estar obligada a revisar los términos de referencia de los proyectos y a participar en los dictámenes de excepción a la licitación (documentos en los que se justifica que no se necesita licitar) y revisarlos, sobre todo en los proyectos importantes, tanto por su magnitud como por su posible impacto, expresa Campos. También puedes leer: Rechazar el TLCAN, una propuesta autodestructiva Contratos abiertos En México tampoco hay la obligación de hacer públicos todos los contratos, sea cual sea el procedimiento de contratación pública utilizado, como marcan los están­dares internacionales, y no solamente los adjudicados mediante licitaciones. Para ajustarse a la práctica internacio­nal, tendría que volverse a modificar la Ley General de Transparencia, que esta­blece la obligación para las licitaciones pero no para las adjudicaciones directas. “Eso es una mala práctica en los estándares de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), organización de la que México es miembro y (que) establece que no debe haber distinción en las obligaciones de transparencia en función del procedi­miento de contratación”, añade Campos. Otra manera de dar certidumbre a los inversionistas es obligar que las propues­tas que entregan los contratistas durante los concursos sean también públicas, al igual que la investigación de merca­do que justifica la obra una vez que se haya publicado el fallo con el ganador o ganadores. También cabe señalar que otra deficiencia de autoridades y órganos reguladores mexicanos en esta materia es la falta de rendición de cuentas perió­dica sobre la contratación pública. No existen infor­mes trimestrales en los que el gobierno informe cuántas contrataciones hizo, cuán­tas por adjudicación directa y cuántas por licitación. “Todos esos son aspectos clave en la rendición de cuentas en materia de contratación y el gobierno de México no entrega, ni al Congreso, ni a sus ciuda­danos, un informe en donde podamos consultar esta información de cómo van los contratos, (además) tenemos nula rendición de cuentas sobre las auditorías internas y las visitas físicas que hace la autoridad durante el desarrollo de las obras públicas. Esto daría certidumbre”, afirma Campos. Debe de haber medidas preventivas para reducir la impunidad, las malas prácticas y las omisiones, agrega la espe­cialista de México Evalúa. México podría tomar el ejemplo de Eslovaquia, señala Campos, donde atacaron la corrupción, la ineficiencia y el desperdicio de recursos en materia de contratación, al impedir que un contrato entrara en vigor si no estaba publicado con todos los documentos de los procedi­mientos empleados. Las débiles regulación va de la mano de la corrupción. México ocupa el lugar 95 en el Índice de Percepción de la Corrupción 2015, elaborado por Transparencia Internacional, en el que los primeros lugares del ranking son los países menos corruptos de 167 naciones evaluadas. Estados Unidos está en el lugar 16 y Canadá en el nueve. “Hay estudios que han calculado eso (la corrupción) como un sobrecosto de parte de los empresarios, porque dentro de la tramitología ya están contemplando un porcentaje adicional para solventar ese tipo de coacciones”, señala Leticia Armenta, experta del Tec de Monterrey. “Todo lo que tiene que ver con trans­parencia y combate a la corrupción se debe enfrentar con mayor fuerza, como lo está haciendo el Estado mexicano, y que sin duda en el mediano plazo serán elementos importantes para atraer nue­vas inversiones”, acepta Paulo Carreño, subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). grafico_muro Sólo ubicación Buena parte del poder de atracción de inversiones de México se basa en su ubi­cación geográfica. Y en efecto, eso le da una gran ventaja. Por ejemplo, el puerto de Lázaro Cár­denas, en Michoacán, de cara al Océano Pacífico, está a solo 1,266 kilómetros y 64 horas por ferrocarril de la terminal multimodal de Altamira, ciudad fronte­riza de Tamaulipas, y a 1,558 kilómetros y 94 horas de la Terminal Intermodal de Kansas City Southern de México (KSC), en Laredo, Texas. “La vecindad es una ventaja también en el sentido de que nos permite compe­tir favorablemente con países como Chi­na o con los del lejano oriente, de África o inclusive de América Latina”, señala Andrés Rozental, embajador emérito. Pero el éxito económico basado sólo en la cercanía es endeble, por más que el vecino tenga el mayor Producto Interno Bruto del mundo (17.9 billones de dólares en 2015, según el Banco Mundial (BM). Los números evidencian la brecha que hay entre los tres socios que tiene el TLCAN, vigente desde 1994. En el Índice de Competitividad Global 2015-2016, ela­borado por el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés), Estados Unidos ocupa el tercer lugar, mientras que Canadá tiene la posición 13, y muy lejos está México, en el sitio 57, incluso debajo de naciones de su región como Chile, Panamá y Costa Rica. Por lo demás, Rozental advierte que Estados Unidos y Canadá tienen acuer­dos de libre comercio con otras naciones, y que actualmente negocian otros más, por lo que la ventaja de la ubicación no está garantizada para siempre. “Yo no creo que se abusa de eso (de la vecindad), pero sí deberíamos comple­mentar la vecindad con el crecimiento de una economía que involucre el desarrollo de nuevas técnicas para ser más competi­tivos”, añade el diplomático. También puedes leer: Estados Unidos perderá (y mucho) si suspende el TLCAN con México El lastre La noticia del fallido proyecto del tren para pasajeros de alta velocidad Mé­xico-Querétaro, que construiría un consorcio encabezado por la empresa China Railway Construction Corporation y que se canceló al salir a la luz pública la participación de Grupo Higa (empresa mexicana envuelta previamente en un escándalo de conflicto de interés que involucró al presidente Peña Nieto y su esposa) fue recibida por los mercados internacionales como un mensaje explíci­to de que México no tenía estructuras legales sólidas para regular los negocios entre el gobierno y las empresas privadas. “Ahí definitivamente envía una señal muy negativa, porque no se puede consolidar el plan de largo plazo que las empresas hacen cuando precisamente participan en un concurso de esta natura­leza, sin embargo creo yo que ese ejemplo en particular no se ha repetido muchas veces en nuestra historia reciente, pero sí deja un muy mal precedente”, indica Leticia Armenta Fraire, experta del Tec de Monterrey. En junio de este año se aprobó la Ley General del Sistema Nacional Antico­rrupción, sin embargo todavía hay mucho por avanzar en materia de resolución de controversias. En un segundo paquete de refor­mas a esta ley debe de haber incentivos adecuados para que si alguien gana una licitación y cumple con todos los elementos del contrato, tenga todas las herramientas a su disposición para que le paguen bien y a tiempo y para resolver cualquier conflicto o controversia si hay un incumplimiento. La Ley Anticorrupción tiene un par de mecanismos de resolución de con­flictos de manera voluntaria a través de la Secretaría de la Función Pública (SFP). “Pero casi nunca se usa y quizá lo que requerimos es una ley que dé mayor seguridad y mayor claridad a ambas par­tes”, especifica Max Kaiser, director de Anticorrupción del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). La regulación deficiente y la corrup­ción son factores de baja competitividad. En el reporte Doing Busines 2016, que mide las facilidades que ofrece un país para hacer negocios, México ocupa el lugar 38 (de 189 economías), cuatro esca­ños más arriba que en 2015. Sin embargo, Estados Unidos fue situado en el escaño siete y Canadá en el 14. En el estudio, que tomó en cuenta a las ciudades de México y Monterrey, el país registró mejoras en obtención de electricidad, obtención de crédito y pago de impuestos. En contraste, bajó en apertura de una empresa, manejo de permisos de cons­trucción, registro de propiedades, protec­ción de los inversionistas minoritarios, comercio transfronterizo y resolución de la insolvencia. En cumplimiento de contratos permaneció igual. “Siempre en este renglón de gobierno es donde la competitividad se ve deterio­rada y eso obviamente cambia de estado a estado, de región a región, aunque finalmente no todos los gobiernos locales son iguales”, indica Armenta, del Tec de Monterrey. Agrega que la corrupción es lo que hace disminuir la competitividad del país. “Los cambios que se tienen que hacer en México son necesarios y urgentes, y mientras no los hagamos, tendremos menos posibilidades de ser competitivos hasta donde potencialmente podríamos serlo”, opina Andrés Rozental, embajador emérito. Desde su punto de vista, “no podemos seguir nadando de a muertito, dejando que todo sea igual”. El también presidente de Rozental & Asociados añade que la transformación debe darse en el ámbito cultural, pero también en la administración de la justi­cia, y en el combate al crimen organizado. “No sólo nos merman (estos factores) en cuanto al comercio y la inversión, nos merman a los mexicanos mismos, todo esto es un freno al crecimiento económi­co, (que impide) que México pueda ser un país más justo, desarrollado, rico, con más empleos y mejor calidad de vida.” Si se midieran en kilómetros los pendientes en materia de transparen­cia, reglas anticorrupción y condiciones competitivas, México quedaría muy lejos de sus socios en el TLCAN.

 

Siguientes artículos

Vips lanza menú para ciegos
Por

A partir del mes de noviembre, dicho menú estará disponible en todas las sucursales de las más de 60 ciudades del país e...