El mayor riesgo de México no son las ideas de Trump sobre el TLCAN
Para reforzar su sociedad con Estados Unidos y Canadá, México necesita elevar los estándares de sus reglas anticorrupción y ser más transparente en la contratación de obra pública.
Además de los 1,046 kilómetros de muro construidos hasta la fecha por Estados Unidos en su frontera sur, hay una barrera aún más alta y espesa que las láminas que alejan a México de sus socios del norte y en general de las economías más fuertes: la falta de reglas consistentes con los mercados internacionales e incumplimiento de las reglas que sí tiene y que impiden aprovechar al máximo el Tratado de Libre comercio con América del Norte (TLCAN).
México está alejado de las mejores prácticas internacionales en materia de regulación y por supuesto en comparación con las que rigen en sus mercados socios en Norteamérica. “En el país hay un rezago muy importante con respecto de Estados Unidos, principal socio comercial”, expresa Mariana Campos, coordinadora del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa.
La debilidad regulatoria e institucional hace de México un país vulnerable a los cambios externos económicos y políticos, como ilustran las amenazas de Donald Trump, candidato republicano a la Presidencia de Estados Unidos, de que echará abajo el Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN) y deportará a millones de mexicanos.
El tipo de cambio es el primero en reflejar esa debilidad. A medida que Trump muestra en las encuentas posibilidades de ganar, el peso se debilita ante el dólar. Cuando el ganó la candidatura, el 20 de julio, el tipo de cambio estaba en 18.57, y cuando el 19 de septiembre se colocó en las encuestas de Real Clear Politics a menos de un punto de su contrincante Hillary Clinton, el dólar llegó a 20.8 a la venta en bancos, un récord.
Esta correlación entre las encuestas y el peso es una expresión de la desconfianza de los inversionistas de que México pueda soportar las decisiones de Trump si llega a la presidencia de Estados Unidos.
Entre las deficiencias regulatorias más evidentes que tiene México están los mecanismos de contratación pública. Con relación a quién asume la responsabilidad de lo que contrata el gobierno, en Estados Unidos no se permite que un funcionario público delegue esta responsabilidad en un subordinado, pues ello facilita actos de corrupción dado que el sancionado será el empleado firmante del contrato, que puede alegar que recibió órdenes “de arriba”.
En México la práctica de delegar es usual. La manera como en el vecino país se evita esta artimaña es escalar hacia arriba la responsabilidad: cuando alguien por alguna razón no puede firmar un contrato, lo tiene que hacer su jefe o incluso el jefe de éste.
Otra debilidad de México en esta materia es que la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) no está obligada a participar en los procesos de contratación, pese a que su presencia beneficiaría la gobernanza de los procesos de contratación y ayudaría a promover una libre competencia.
El problema es que esa ausencia se puede aprovechar para beneficiar a un contratista sobre otros.
Con el fin de excluir a algunos de ellos, en los términos de referencia de los concursos se exigen requisitos innecesarios o no relevantes para el objetivo de la contratación, previo aviso al participante que se quiere beneficiar.
Pero hay maneras de evitar esta farsa. La Cofece tendría que estar obligada a revisar los términos de referencia de los proyectos y a participar en los dictámenes de excepción a la licitación (documentos en los que se justifica que no se necesita licitar) y revisarlos, sobre todo en los proyectos importantes, tanto por su magnitud como por su posible impacto, expresa Campos.
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Contratos abiertos
En México tampoco hay la obligación de hacer públicos todos los contratos, sea cual sea el procedimiento de contratación pública utilizado, como marcan los estándares internacionales, y no solamente los adjudicados mediante licitaciones.
Para ajustarse a la práctica internacional, tendría que volverse a modificar la Ley General de Transparencia, que establece la obligación para las licitaciones pero no para las adjudicaciones directas.
“Eso es una mala práctica en los estándares de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), organización de la que México es miembro y (que) establece que no debe haber distinción en las obligaciones de transparencia en función del procedimiento de contratación”, añade Campos.
Otra manera de dar certidumbre a los inversionistas es obligar que las propuestas que entregan los contratistas durante los concursos sean también públicas, al igual que la investigación de mercado que justifica la obra una vez que se haya publicado el fallo con el ganador o ganadores.
También cabe señalar que otra deficiencia de autoridades y órganos reguladores mexicanos en esta materia es la falta de rendición de cuentas periódica sobre la contratación pública. No existen informes trimestrales en los que el gobierno informe cuántas contrataciones hizo, cuántas por adjudicación directa y cuántas por licitación.
“Todos esos son aspectos clave en la rendición de cuentas en materia de contratación y el gobierno de México no entrega, ni al Congreso, ni a sus ciudadanos, un informe en donde podamos consultar esta información de cómo van los contratos, (además) tenemos nula rendición de cuentas sobre las auditorías internas y las visitas físicas que hace la autoridad durante el desarrollo de las obras públicas. Esto daría certidumbre”, afirma Campos.
Debe de haber medidas preventivas para reducir la impunidad, las malas prácticas y las omisiones, agrega la especialista de México Evalúa.
México podría tomar el ejemplo de Eslovaquia, señala Campos, donde atacaron la corrupción, la ineficiencia y el desperdicio de recursos en materia de contratación, al impedir que un contrato entrara en vigor si no estaba publicado con todos los documentos de los procedimientos empleados.
Las débiles regulación va de la mano de la corrupción. México ocupa el lugar 95 en el Índice de Percepción de la Corrupción 2015, elaborado por Transparencia Internacional, en el que los primeros lugares del ranking son los países menos corruptos de 167 naciones evaluadas. Estados Unidos está en el lugar 16 y Canadá en el nueve.
“Hay estudios que han calculado eso (la corrupción) como un sobrecosto de parte de los empresarios, porque dentro de la tramitología ya están contemplando un porcentaje adicional para solventar ese tipo de coacciones”, señala Leticia Armenta, experta del Tec de Monterrey.
“Todo lo que tiene que ver con transparencia y combate a la corrupción se debe enfrentar con mayor fuerza, como lo está haciendo el Estado mexicano, y que sin duda en el mediano plazo serán elementos importantes para atraer nuevas inversiones”, acepta Paulo Carreño, subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
Sólo ubicación
Buena parte del poder de atracción de inversiones de México se basa en su ubicación geográfica.
Y en efecto, eso le da una gran ventaja. Por ejemplo, el puerto de Lázaro Cárdenas, en Michoacán, de cara al Océano Pacífico, está a solo 1,266 kilómetros y 64 horas por ferrocarril de la terminal multimodal de Altamira, ciudad fronteriza de Tamaulipas, y a 1,558 kilómetros y 94 horas de la Terminal Intermodal de Kansas City Southern de México (KSC), en Laredo, Texas.
“La vecindad es una ventaja también en el sentido de que nos permite competir favorablemente con países como China o con los del lejano oriente, de África o inclusive de América Latina”, señala Andrés Rozental, embajador emérito.
Pero el éxito económico basado sólo en la cercanía es endeble, por más que el vecino tenga el mayor Producto Interno Bruto del mundo (17.9 billones de dólares en 2015, según el Banco Mundial (BM).
Los números evidencian la brecha que hay entre los tres socios que tiene el TLCAN, vigente desde 1994. En el Índice de Competitividad Global 2015-2016, elaborado por el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés), Estados Unidos ocupa el tercer lugar, mientras que Canadá tiene la posición 13, y muy lejos está México, en el sitio 57, incluso debajo de naciones de su región como Chile, Panamá y Costa Rica.
Por lo demás, Rozental advierte que Estados Unidos y Canadá tienen acuerdos de libre comercio con otras naciones, y que actualmente negocian otros más, por lo que la ventaja de la ubicación no está garantizada para siempre.
“Yo no creo que se abusa de eso (de la vecindad), pero sí deberíamos complementar la vecindad con el crecimiento de una economía que involucre el desarrollo de nuevas técnicas para ser más competitivos”, añade el diplomático.
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El lastre
La noticia del fallido proyecto del tren para pasajeros de alta velocidad México-Querétaro, que construiría un consorcio encabezado por la empresa China Railway Construction Corporation y que se canceló al salir a la luz pública la participación de Grupo Higa (empresa mexicana envuelta previamente en un escándalo de conflicto de interés que involucró al presidente Peña Nieto y su esposa) fue recibida por los mercados internacionales como un mensaje explícito de que México no tenía estructuras legales sólidas para regular los negocios entre el gobierno y las empresas privadas.
“Ahí definitivamente envía una señal muy negativa, porque no se puede consolidar el plan de largo plazo que las empresas hacen cuando precisamente participan en un concurso de esta naturaleza, sin embargo creo yo que ese ejemplo en particular no se ha repetido muchas veces en nuestra historia reciente, pero sí deja un muy mal precedente”, indica Leticia Armenta Fraire, experta del Tec de Monterrey.
En junio de este año se aprobó la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, sin embargo todavía hay mucho por avanzar en materia de resolución de controversias.
En un segundo paquete de reformas a esta ley debe de haber incentivos adecuados para que si alguien gana una licitación y cumple con todos los elementos del contrato, tenga todas las herramientas a su disposición para que le paguen bien y a tiempo y para resolver cualquier conflicto o controversia si hay un incumplimiento.
La Ley Anticorrupción tiene un par de mecanismos de resolución de conflictos de manera voluntaria a través de la Secretaría de la Función Pública (SFP). “Pero casi nunca se usa y quizá lo que requerimos es una ley que dé mayor seguridad y mayor claridad a ambas partes”, especifica Max Kaiser, director de Anticorrupción del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
La regulación deficiente y la corrupción son factores de baja competitividad. En el reporte Doing Busines 2016, que mide las facilidades que ofrece un país para hacer negocios, México ocupa el lugar 38 (de 189 economías), cuatro escaños más arriba que en 2015. Sin embargo, Estados Unidos fue situado en el escaño siete y Canadá en el 14.
En el estudio, que tomó en cuenta a las ciudades de México y Monterrey, el país registró mejoras en obtención de electricidad, obtención de crédito y pago de impuestos.
En contraste, bajó en apertura de una empresa, manejo de permisos de construcción, registro de propiedades, protección de los inversionistas minoritarios, comercio transfronterizo y resolución de la insolvencia. En cumplimiento de contratos permaneció igual.
“Siempre en este renglón de gobierno es donde la competitividad se ve deteriorada y eso obviamente cambia de estado a estado, de región a región, aunque finalmente no todos los gobiernos locales son iguales”, indica Armenta, del Tec de Monterrey. Agrega que la corrupción es lo que hace disminuir la competitividad del país.
“Los cambios que se tienen que hacer en México son necesarios y urgentes, y mientras no los hagamos, tendremos menos posibilidades de ser competitivos hasta donde potencialmente podríamos serlo”, opina Andrés Rozental, embajador emérito. Desde su punto de vista, “no podemos seguir nadando de a muertito, dejando que todo sea igual”.
El también presidente de Rozental & Asociados añade que la transformación debe darse en el ámbito cultural, pero también en la administración de la justicia, y en el combate al crimen organizado.
“No sólo nos merman (estos factores) en cuanto al comercio y la inversión, nos merman a los mexicanos mismos, todo esto es un freno al crecimiento económico, (que impide) que México pueda ser un país más justo, desarrollado, rico, con más empleos y mejor calidad de vida.”
Si se midieran en kilómetros los pendientes en materia de transparencia, reglas anticorrupción y condiciones competitivas, México quedaría muy lejos de sus socios en el TLCAN.