Por Oscar González Escárcega*

Es septiembre y el tema sísmico vuelve a estar presente en las conversaciones de gran parte de la población mexicana, principalmente entre los que viven en los estados del centro y sur del territorio nacional.

Expertos en protección civil, sismólogos, geofísicos, ingenieros y especialistas en movilidad, emitieron 13 recomendaciones al próximo gobierno federal y a los gobiernos locales de las entidades federativas ubicadas en zonas sísmicas, sobre qué hacer en caso de que se repitan en México escenarios como el de 1985 o el del 19 de septiembre del año pasado.

La intención de los expertos no es que la gente viva con la zozobra eterna y permanente de que puede temblar violentamente en cualquier momento, lo que buscan es que la ciudadanía permanezca tranquila porque sabrá cómo actuar ante sismos fuertes y que las autoridades sepan responder de manera rápida y eficiente ante un desastre con origen en las profundidades de la tierra.

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Esto es lo que recomiendan especialistas como Víctor Manuel Cruz Atienza, investigador titular del Departamento de Sismología del Instituto de Geofísica de la UNAM; Fernando Machuca Cisneros, CEO y Fundador de Machuca–Castro Consultores; Gerardo Suárez Reynoso, investigador titular del departamento de sismología del Instituto de Geofísica de la UNAM, y David Escalante, gerente de planeación y operación del transporte del World Resources Institute (WRI), al gobierno de AMLO:

1.- Dar marcha atrás a la transferencia de la dirección general de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP). Luego del anuncio de parte del gobierno entrante de Andrés Manuel López Obrador de que la dirección general de Protección Civil pasaría a la SSP, la recomendación es que esto no se realice. “El cometido de la SSP es otro, no es lo mismo seguridad pública que protección civil. Esta última tiene que ser vista de manera transversal e involucrar elementos tanto de gobernabilidad como de infraestructura, educación, asentamientos humanos, distribución territorial, salud, rescate, seguridad, etc”.

2.- Crear una institución similar a la Agencia Federal de Servicios de Emergencias de Estados Unidos (FEMA, por sus siglas en inglés), equiparable a una secretaría de estado. “Hay que mejorar dos aspectos básicos: cómo se gestiona y desde dónde se gestiona la protección civil; para ello debería existir una institución que maneje el Fondo Nacional de Desastres (FONDEN) y que tome el mando en una emergencia para coordinar e instruir a secretarías como la Defensa Nacional, Marina, Comunicaciones y Transportes, Salud, Educación, Sedatu, para que cada una de ellas atienda cuestiones de infraestructura dañada, capacidad hospitalaria, plan Marina, plan DNIII o se encargue de la reconstrucción”.

3.- Federalizar la protección civil. Es relevante fortalecer estados y municipios en la materia, erradicar la visión de que con agua, catres y cobijas se soluciona la emergencia, hay que invertir de manera importante en los municipios, etiquetar los recursos para capacitación, instalaciones, equipo, infraestructura y tecnología en protección civil. Se debe despolitizar el nombramiento de los directores generales de protección civil y alejarlo de amiguismos. “Los cargos deben de ser ocupados por personas verdaderamente capacitadas en el tema”.

4.- Ampliar la capacidad transmisora de la alerta sísmica oficial. Actualmente el Sistema de Alerta Sísmico Mexicano (SASMEX) se transmite de diversas maneras, siendo la más importante la emisión por ondas hertzianas desde transmisores de radio comunes, sin embargo sólo existen siete de ellos para todo el país: uno en Oaxaca, uno en Acapulco, uno en Chilpancingo y cuatro en el Valle de México, por lo que es muy poca la infraestructura para difundir la alerta sísmica; para cubrir con eficacia el territorio nacional expuesto a sismos se necesitarían 210 transmisores para hacer sonorizaciones masivas en ciudades y en zonas serranas, acompañados con una inversión en altavoces tipo los existentes en la CDMX y receptores de la señal de radio.

5.- Que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) impulse ante los operadores, la transmisión de la alerta sísmica gratuita vía Cel Broadcast. Es decir por telefonía celular común y corriente; aunque en las zonas serranas de Guerrero, Oaxaca o Chiapas, por ejemplo, no llega en muchas ocasiones la señal celular, sí serviría para las ciudades en donde la recepción es aceptable. No hay que confundir esto con las señales vía WiFi que utilizan algunas aplicaciones de alertamiento incluida la 911 de la CDMX.

6.- Incrementar el número de sensores sísmicos. “En seis años no hubo mucho avance”, dicen los especialistas. Faltan de instalar sensores-detectores en la frontera con Guatemala en Chiapas, en las colindancias de Oaxaca con Veracruz, así como hacer segundos frentes de detección sísmica en estados como Jalisco, Michoacán y Colima.

El Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (CIRES), que opera la alerta sísmica oficial, informó además que mediante un trabajo conjunto entre los doctores Gerardo Suárez Reynoso, del Instituto de Geofísica de la UNAM, y el investigador Armando Cuéllar, del CIRES, se modificó el algoritmo de detección en sus sensores de Puebla y Morelos por uno mucho más rápido que activa la alerta con la primera onda sísmica.

7.- Crear legislación nacional para alertas sísmicas existentes. Es necesario que haya una normatividad nacional para regular la implementación, uso, tecnología y protocolos de los sistemas de alerta sísmica que hay en el país, porque al día de hoy no existe. Si alguien quiere hacer pública una APP o un sistema de alerta sísmica, lo puede hacer sin ninguna restricción ni regulación y sin ninguna vigilancia de su operatividad y efectividad; de estos sistemas, solo hay uno que opera correctamente que es el Sasmex. Actualmente existe una norma para regular la operación del Sistema de Alerta Sísmico Mexicano, pero solo aplica en la Ciudad de México.

8.- Crear reglamentos de construcción adecuados para las diferentes ciudades del país. Si no se construye de acuerdo al suelo y condiciones sísmicas de cada estado, municipio, colonia, pueblo, ranchería y región del país, no servirán otras medidas, “esto es la base de todo, se deben buscar mecanismos dentro de la legalidad, que puedan ser una guía para construir mejor en todo el país”.

9.- Incrementar el presupuesto para investigación sísmica. El presupuesto del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) en 2018 es de poco más de 31 mil millones de pesos, 3.7 menor en términos reales, respecto a lo asignado en 2017. “Se requiere promover la investigación científica en todos aspectos, dotarla de mejores equipos, porque se necesita conocer mejor el fenómeno”. El Conacyt ha sufrido recortes de 25% en sismología y ciencias de la tierra.

Modificar el algoritmo de la Alerta Sísmica Mexicana por uno mucho más rápido en la detección de amenazas provenientes de Morelos y Puebla, como fue el caso del sismo del 19 septiembre de 2017, no se pudo haber hecho sin investigación, desarrollo y experimentación, pues se reclasificó y se reprocesó un algoritmo rápido y ya hay una mejora. Dicho algoritmo fue denominado 2(s-p), s-p y 3 segundos y fue postulado por Armado Cuéllar para obtener grado de doctor en geofísica por la UNAM; su tutor fue Gerardo Suárez Reynoso.

10.- Crear un protocolo de movilidad en caso de sismo. Se deben encontrar mecanismos de movilidad resiliente. El sismo del 19 de septiembre de 2017 derivó en colapso total de las vialidades de la Ciudad de México, obstaculizando el tránsito de servicios de emergencia y de cualquier tipo de ayuda, hay que disminuir el caos, el cual se alimenta de gente, de vehículos. Se debe facilitar la atención de la emergencia. “La ciudad no tenía un mecanismo para priorizar carriles para los servicios de emergencia en las calles y avenidas y en general para facilitar la movilidad”.

Para dicho protocolo se proponen varias acciones como inversión efectiva en transporte compartido por encima del transporte individual, coordinar la participación social derivada de la fuerza de voluntad y espíritu de ayuda de los ciudadanos, establecer procesos eficientes y precisos de comunicación para informar cuestiones del “día después” tan importantes como si abrirán los bancos, si habrá labores, clases, etc.

11.- Invertir en prevención. Se debe cambiar el paradigma actual que consiste en recuperarnos de un desastre, que desde luego es muy importante ser resilientes, a una visión de prevención; “la resiliencia dejará de ser importante cuando el impacto que deja un terremoto sea menguado y el desastre sea mucho menor”, eso se logra a través de la prevención, que es una filosofía multidisciplinaria basada en varias estrategias como el alertamiento temprano, la educación de la población, la planificación, la gestión integral del riesgo, etc.

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Es el caso de la instalación de una red cableada en el fondo del mar con la capacidad de transmitir datos de terremotos y tsunamis en tiempo real, es un nuevo sistema de alertamiento para estos dos fenómenos que estaría listo para echarse a andar ya, con voluntad política y fondos para ello.

12.-  Crear un consejo multidisciplinario de expertos en materia sismológica. Este consejo tendría la finalidad de evaluar, proponer y decidir estrategias que lleven a la mitigación del riesgo derivado de terremotos y tsunamis en México, deberá tomar todas las decisiones en la materia, desde los sistemas de alertamiento temprano, campañas de difusión y educación a la población, hasta la investigación. “No se entiende que en un país en donde los sismos son una amenaza cotidiana, casi no hay plazas de gente que investigue el fenómeno”.

13.- Garantizar el financiamiento del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (CIRES). Como se sabe, el CIRES que es una Asociación Civil, es el operador del Sistema de Alerta Sísmica Mexicano desde su creación. La propuesta concreta es que se le garantice su solvencia financiera desde el Estado, siempre y cuando las decisiones que tome, estén sujetas a lo que dicte el consejo de expertos, donde participarían ellos por supuesto. “Y que las recomendaciones del consejo sean vinculatorias y no opcionales”.

*El autor es periodista de negocios.

 

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