El año pasado se registró una cifra histórica de homicidios, la mayoría de ellos ejecuciones del crimen organizado, de acuerdo con el Semáforo Delictivo, una herramienta ciudadana de evaluación y análisis de la violencia en el país.

Según las cifras del reporte no gubernamental, en 2018 se registraron 28,816 homicidios, de los cuales 80% fueron ejecuciones. Esta cifra representa un promedio de 23 homicidios por cada 100,000 habitantes, cuatro veces más elevada que el promedio mundial que es de 6.2.

Aunado a esto, el número de homicidios de 2018 fue 15% mayor al que se registró en 2017.

Para reducir la tasa de estos delitos, la estrategia más efectiva es la regulación de la producción, venta y consumo de mariguana y otras drogas duras, afirmó Santiago Roel, director del Semáforo Delictivo.

Pese a que ya existe una propuesta para legalizar y regular el mercado del cannabis, impulsada por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, el resto del gobierno ha restado importancia a la necesidad de concretarla.

“Se nos ha distraído la administración, no es el tema más popular regular drogas porque la mayoría de los mexicanos no lo entiende, no es una medida tan popular y por ellos se han distraído en muchos temas, presupuestos, Guardia Nacional, el aeropuerto, se distraen con tanto tema y acaban seleccionando temas más populares”, apuntó.

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Roel añadió que el presidente no se ha pronunciado de forma contundente respecto a la regulación de las drogas en el país, lo que da a entender que tiene poco entendimiento de la propuesta que encabeza Sánchez Cordero.

Respecto a la estrategia del gobierno federal para contener la crisis de seguridad en el país, enfocada en la creación de la Guardia Nacional, Roel dudó que sea efectiva toda vez que el uso de grupos militares para la contención de los delitos opera desde 2006 sin ningún resultado positivo.

“¿En dónde quedó la propuesta de paz? Se nos vuelve a insistir en un diagnóstico equivocado, como si todo el tema de seguridad fueran las ejecuciones, como si todas las autoridades estatales estuvieran colapsados y como si la única solución fuera la fuerza bruta”, afirmó.

El activista explicó que desde la implementación de la “guerra contra las drogas” en la administración de Felipe Calderón, la tasa de delitos de alto impacto aumentó exponencialmente; por ejemplo, en 2006 se registraron 11,658 homicidios.

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