Por: Oscar González Escárcega El precandidato a la Presidencia de la República por Morena, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), propuso en días pasados descentralizar 31 dependencias federales y moverlas a distintas entidades federativas. La idea, señalan especialistas, no es tan sencilla y podría tardar unos 30 años en llevarse a cabo. La propuesta contempla, por ejemplo, trasladar a la Secretaría de Turismo a Chetumal, Quintana Roo; Semarnat a Mérida, Yucatán; Pemex a Ciudad del Carmen, Campeche; SENER a Villahermosa, Tabasco; CFE a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; Conagua a Veracruz; Sedesol a Oaxaca, y SEP a Puebla. Para especialistas en urbanismo que conversaron con Forbes México, esta propuesta puede ser positiva, siempre y cuando antes de tomar una decisión al respecto se analicen también otros aspectos como la densidad poblacional de cada lugar, su capacidad instalada en términos de infraestructura, los servicios, las telecomunicaciones disponibles y los recursos humanos existentes. “Dichas iniciativas tiene que estudiarse con una perspectiva verdaderamente informada, planear, proyectar, analizar, evaluar y generar escenarios. De no realizarse así podría significar más una ocurrencia”, dijo Angélica Garnica, experta en planeación y políticas metropolitanas. Lee: Así repartiría AMLO las dependencias federales en los estados La especialista señaló que además se debe analizar con mucha precisión en términos de las características de la entidad a donde se piense ubicar la dependencia, si estos lugares tienen un crecimiento urbano bajo, medio o nulo, y cuáles son los impactos al medio ambiente y al entorno urbano. En cuanto al aspecto socioterritorial, dijo Ángelica Garnica, se tiene que analizar en dónde se va a construir, con qué se construirá, qué magnitud de crecimiento implica, bajo qué ordenamiento se va a generar, cuál es la proyección sociodemográfica, cuál es el cambio de uso de suelo, etc. La especialista estimó que hacer el cambio de secretarías a diferentes estados de la República llevaría por lo menos 30 años, debido a las implicaciones sociodemográficas, de inversión pública, infraestructura complementaria y nuevas capacidades territoriales, sociales y profesionales, para que las condiciones de estas ciudades y la operación de las propias dependencias sean viables. Para los urbanistas, dicha propuesta representaría poner en el mapa económico nacional, literalmente hablando, a distintas ciudades del país que se podrían convertir en verdaderos polos de desarrollo, lo que podría hacerlas más atractivas para distintos tipos de inversionistas. “Un movimiento de esta magnitud traería consigo una amplificación de la economía de mercado en esos lugares al generar aglomeración y urbanización”, dijo Israel Rodríguez Ramírez, planificador territorial por la UAM y maestro en urbanismo por la UNAM. Sin embargo, el experto advirtió que estos movimientos deben estar sustentados en estudios extensos de factibilidad urbana, movilidad, impacto ecológico y, ante todo, deben ser indexados al plan de desarrollo urbano de cada entidad o municipio. “Si esto se hace bien, propiciará que crezca la economía local y regional, siempre y cuando el desarrollo económico vaya de la mano con el desarrollo urbano planificado y con infraestructura suficiente, equipamientos, vialidades, vías de comunicación, vivienda, espacios verdes, etc. No puedes de la nada meter una dependencia en una pequeña ciudad porque generarías caos”, subrayó Israel Rodríguez. El especialista en planificación territorial dijo que consideraba positivo el plan de movilización, siempre y cuando se invierta y se detone la economía local y regional. Descartó que mover una institución a una ciudad, como la Sedatu a Pachuca, Hidalgo, impacte negativamente el entorno urbano y la densidad poblacional, ya que, concluyó, “las propuestas que se dieron a conocer son mover las dependencias a ciudades consolidadas”. Te puede interesar: Los hombres y mujeres que integrarían el gabinete de AMLO

 

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