Los diferentes intentos por regular las redes sociales en todo el mundo de ninguna manera son homogéneos, por el contrario, tienen objetivos tan diversos que van desde la legitima protección de la seguridad de los infantes, el uso y comercialización de los datos personales y la seguridad de grupos vulnerables, hasta el intento de poner límites a las empresas tecnológicas o censurar los contenidos, sobre todo aquellos de carácter político.

Por ello, tanto gobiernos de diferentes países, como ONG han tratado de construir marcos legales en torno a las actividades digitales. No obstante, el debate sobre la regulación de los medios sociales gira en torno a estos 4 puntos.

1) Protección de datos personales. Francia recién utilizó el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea para demandar a Google por 50 millones de euros debido a que el sistema operativo Android no es claro respecto de cómo se utilizan los datos de los usuarios y cómo se monetizan. Por su parte, se ha especulado que Rusia pueda bloquear Facebook y Twitter debido a que no han acatado la normativa respecto del uso de datos personales en su territorio.

Los datos personales se han convertido en uno de los bienes más valiosos para las empresas de tecnología y aunque los usuarios no estén conscientes del valor que tienen, existen esfuerzos en todo el mundo para transparentar y regular la forma en la que las empresas de TI recopilan, usan, comercian y monetizan los datos de las personas, particularmente al usar redes sociales, visitar sitios web e instalar aplicaciones.

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2) Comunicación digital y elecciones. Los algoritmos de distribución de contenidos en las redes sociales son también una poderosa arma para la distribución de noticias falseadas y la construcción de burbujas de información en ciertos segmentos de la ciudadanía. Estados Unidos y la Unión Europea siguen tratando de poner límites al poder de las redes, aunque sin éxitos contundentes. Guatemala, por su parte, ha decidido prohibir a los partidos políticos pagar para tener mayor alcance en redes sociales, debido a que ninguna empresa que prestaba el servicio se inscribió debidamente como proveedor de servicios.

Los procesos electorales se han visto afectados por el uso de cuentas automatizadas y semiautomatizadas que impulsan o detienen flujos de información entre segmentos de usuarios digitales. Sin embargo, hasta el momento no se ha podido clasificar la metodología para la construcción de dichas burbujas informativas y, por consiguiente, tampoco se ha podido crear un marco normativo adecuado que proteja a los electores.

3) Libertad de expresión. En 2017, en Nogales, Sonora, un ciudadano fue bloqueado en redes sociales por el alcalde de la entidad al que no le gustaba ser cuestionado, sin embargo, un juez ordenó al edil que lo incluyera de nuevo, puesto que el funcionario utilizaba sus cuentas para informar sobre sus actividades públicas. Posteriormente, circuló en redes sociales un video donde presuntamente el alcalde de Juárez, Nuevo León, fue a la casa de una ciudadana y la amenazó por hacerle comentarios en Facebook. En ambos casos, los ciudadanos ejercían su derecho a la libre expresión y al derecho a la información frente a servidores públicos que son, a su vez, sujetos obligados de leyes que salvaguardan el derecho a opinar, incluso si los ciudadanos ejercen la libertad negativa de las redes sociales.

4) Regulación de contenidos. Si bien la importancia de salvaguardar la libre expresión en las redes sociales es de vital importancia, también lo es proteger a grupos vulnerables o a personas cuya intimidad ha sido expuesta. No obstante, existe aún ambigüedad en cuanto a la protección de las personas y el interés público, puesto que, aunque existen leyes que protegen a las personas del acoso cibernético y situaciones similares, ese mismo principio puede interpretarse como censura cuando el mismo principio se aplica a servidores públicos.

Regular las redes sociales no necesariamente implica prohibir, por el contrario, la importancia radica en la creación de normas que permitan el ejercicio de los derechos digitales con libertad y evitar abusos. Se antoja complicado, ya que por una parte existe una élite que ha visto a la comunicación digital como un lastre, caótico y difícil de controlar y, por otro lado, es que todos los usuarios de las TIC tengan leyes que permitan ejercer sus libertades y derechos.

 

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