Los límites de las redes sociales y espacio privado

En agosto pasado, Luis Oscar Ruíz, cuya cuenta en Twitter es @raczoblue, quiso comentar una actualización de la red social del alcalde de Nogales, Sonora, Cuauhtémoc Galindo, sin embargo, no pudo hacerlo porque se encontraba bloqueado. Por tal motivo, Ruíz interpuso un juicio de amparo ya que considera que “Los servidores públicos no deben privarnos unilateralmente de lo que, como tales, informan en sus redes”, explica en un tuit fijado en su perfil personal. Así, bajo el argumento de que estaba siendo discriminado como ciudadano y que estaban siendo vulnerados sus derechos de libre expresión y de acceso a la información, el Juez Quinto de Distrito en Nogales admitió el recurso. El hecho de que el amparo fuera admitido implica que la causa está fundamentada y si bien, esto no significa que el Juez ordene al funcionario público admitir al ciudadano en sus redes sociales, sí implica una revisión del caso de forma exhaustiva para dictar sentencia. El caso en sí mismo me parece emblemático: un funcionario público que informa de su trabajo a través de las redes sociales bloquea aun ciudadano que le parece incómodo. La pregunta fundamental es ¿tiene derecho a hacerlo? En las redes sociales podemos estar a expensas del comportamiento de perfiles que han sido creados ex profeso para acosar a otros usuarios; los troles pueden tener muchos motivos, sin embargo, en ese sentido no se trata de personas, sino de personajes, es decir, no son ciudadanos con nombre y apellido, sino personajes ficticios que aprovechan el anonimato para ofender. Sin embargo, tal no era el caso. Incómodo quizá, pero ciudadano, al fin y al cabo. Por otra parte, también cabe hacerse la pregunta de si el alcalde está en su derecho al bloquearlo, ya que a pesar de tener una cuenta certificada y de utilizarla para hablar de su trabajo público, no se trata de un canal oficial de comunicación, sino de una cuenta personal y en ese sentido, podría interactuar o no con quien quisiera. Algo a destacar es que cualquier intento de limitar o censurar los contenidos u opiniones dentro de las plataformas digitales, abriría la puerta para prohibir lo que sea, convirtiendo a la crítica social en una especie de delito. Obviamente, los límites de esa libertad se encuentran en contenidos que atenten contra los derechos humanos, la seguridad o constituyan un delito en sí mismos. Cabe hacerse otra pregunta: ¿las redes sociales son espacios públicos o son espacios privados? La respuesta parece no ser sencilla, ya que las plataformas digitales de interacción social son un híbrido de fronteras borrosas entre lo público y lo privado. Si bien es cierto que un usuario es responsable (que no dueño) de su perfil y de los contenidos que comparte, de lo que ve y de con quién interactúa, también lo es que, atendiendo a su configuración de privacidad, dicha interacción se da en un espacio público digital que está a la vista de todos y en la que cualquier otro usuario puede participar, aun sin su consentimiento. Esta ordenación de lo público y lo privado abre la puerta a una discusión sobre si es posible que estemos ante la construcción de un nuevo espacio público digital y, en todo caso, de nuevos derechos ciudadanos, en el que usuarios y desarrolladores tenemos derechos y obligaciones. Las redes sociales pueden ser una herramienta muy valiosa para la democracia, ya que su naturaleza de comunicación horizontal plantea que Gobierno y ciudadanos se encuentran en un mismo nivel de comunicación que puede favorecer el diálogo y la crítica. Lo importante del caso es que el debate sobre el servicio público, redes sociales y derechos ciudadanos abona a la construcción de una democracia que busca extenderse hacia todas las plataformas y formas de comunicación e interacción a las que podamos tener acceso.   Contacto: Correo: [email protected] Twitter: @sincreatividad Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.