El presidente Andrés Manuel López Obrador, ha planteado ya en diversos foros, el encargo que se ha asignado de ser el guardián de las elecciones en México. Asume que, a pesar del incremento de la participación ciudadana, el fantasma del fraude electoral se mantiene y que es necesaria su presencia para inhibir a quienes buscan usarlo de nuevo, para burlar la voluntad popular.
En su informe donde festejó el aniversario de su triunfo el primero de julio de 2018, fue más allá al advertir que, a pesar del enojo de muchas personas, él seguirá vigilando que el proceso electoral se realice de acuerdo a los estándares de la democracia. En un tono incluso que asemejaría el sentir de Porfirio Díaz cuando consideraba que las y los mexicanos de su época no estaban preparados para la democracia, el presidente López Obrador asume que aún no podemos ser garantes de nuestra propia democracia, de la cual él mismo resultó electo, por lo que tiene que erigirse alguien que garantice el proceso como tal.
En realidad, la historia de elecciones limpias y libres va más allá de la elección de 2018. En 1997 se eligió a un congreso donde el PRI perdió la mayoría, para que en el 2000 se eligiera a un presidente que ya no venía de las filas del PRI. Habrá que recordar que en ese mismo año el ahora presidente López Obrador ganó la elección de la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, en medio de cuestionamientos sobre su elegibilidad y la votación realmente obtenida.
El Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, reaccionaron asumiendo su papel en el contexto de la organización y sanción de las elecciones, pero lo cierto es que las y los verdaderos guardianes de la democracia electoral son las y los ciudadanos. Desde aquellos que con sus impuestos pagan el proceso electoral en su conjunto, pasando por quienes sirven recibiendo y contando votos el día de la jornada electoral, quienes realmente cargan el peso de la elección en sí.
La sociedad civil y la ciudadanía en su conjunto son quienes guardan que el proceso electoral se realice de manera limpia y honesta. Los órganos electorales, como parte de la elite electoral que desde hace algunos años vive beneficiada por el mismo discurso que el presidente profundizó a lo largo del tiempo sobre desconfianza en las elecciones, organizan el proceso electoral en un esquema de alto riesgo y posibilidad de ilegitimidad, por lo complejo e imbricado que se ha hecho la organización electoral, aderezada por la excesiva formalidad que la ley y las dimensiones políticas de dichos órganos electorales le imprimen.
Hemos llegado a un momento donde es fundamental reimaginar el sistema electoral que tenemos en México. Los organismos electorales como el INE y los OPLE, no pueden mantenerse funcionando con dos dimensiones, una técnica y la otra política, porque ésta última genera mucha presión a la primera, más aún cuando técnicamente las elecciones se organizan con estándares y candados que han sido ensayados desde 1991.
El riesgo de desmantelamiento de las prácticas y valores democráticos esta latente, como ha sido demostrado en otros países, más aún cuando es la misma autoridad electa bajo esos principios, quien busca ubicarse en términos morales y políticos por encima de ellos. La apuesta del presidente es de alto riesgo para el futuro de la democracia, porque el daño que puede hacerse a las reglas y prácticas, así como la confianza que se ha venido construyendo, pueden ser irreversibles en el corto plazo.
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