La reforma a la Ley del Banco de México aprobada en el Senado y que se analizará en la Cámara de Diputados, abre la posibilidad de un diálogo del más alto nivel con la Reserva Federal y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, para modificar medidas unilaterales que desde 2012 limitaron la recepción de dólares provenientes de México.
El momento geopolítico, con la entrada de Janet Yellen como primera mujer titular de la Reserva Federal, así como la relación de los presidentes Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador, son la oportunidad para que se concrete tal interlocución por parte de Banxico y Hacienda.
La reforma es plenamente aplicable a nuestro sistema financiero y en ella destaca el nuevo artículo 20 que le deposita la confianza para que implemente controles adicionales en la detección y bloqueo de dinero de dudosa procedencia.
El Banco de México es una institución con autonomía, pero no está fuera del marco legal ni constitucional de nuestro país. Claramente la voluntad del Congreso de la Unión fue que tuviera una autonomía acotada, con atribuciones específicas, en el contexto en que corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional. Así que no es correcta la defensa de la autonomía de Banxico como si fuera una especie de extraterritorialidad.
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Decisiones unilaterales del Departamento del Tesoro desde 2012 y ratificadas hasta 2014, redujeron la capacidad de la Banca Mexicana para colocar en EU dólares en efectivo a través de corresponsales bancarios estadunidenses.
Ha faltado atención y sensibilidad de funcionarios del Departamento del Tesoro, la Reserva Federal y los propios bancos de EU, para percibir las acciones realizadas en México en el control del lavado de dinero.
Nuestra nación tiene reglas precisas en aplicación; los bancos tienen autorizados como tope, mil 400 dólares en transacciones por mes por persona; 4 mil dólares si se tiene cuenta bancaria y 14 mil para pequeñas y medianas empresas que depositan dólares de actividades en zona turística.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador han realizado acciones relevantes que deben ser planteadas y reconocidas por el gobierno de Estados Unidos y las instancias correspondientes.
Por las medidas unilaterales mencionadas, sólo un corresponsal bancario estadounidense monopoliza el 75% de los dólares que la banca establecida en México envía a EU, es el Bank of América, cuya concentración es generadora de riesgo. Hay otro banco relativamente pequeño, el Southwestern National Bank, que trabaja con un conjunto de bancos medianos y pequeños, pero si en alguna situación ambos no hicieran su labor, generarían un problema severo para la estabilidad financiera macroeconómica del país.
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Han pasado muchos años con la inercia en este tema, asumiendo las instituciones tácitamente que la situación afecta a los migrantes y en general al sistema de bancos que opera en México, pero no había alternativas.
Hubo una renovación en el Banco de México, tenemos nuevas autoridades en Hacienda, pero lo que hay en primera instancia es resistencia ante el Poder Legislativo; enseguida el anuncio hace unos días, de un plan que no es suficiente, pero que no hubiera sido presentado de no iniciarse la revisión del tema y la reforma en el Senado.
De entrada está fuera de lugar la medida anunciada de asignar al naciente Banco del Bienestar, propiedad del gobierno federal con 500 sucursales, la tarea de absorber dólares de los migrantes. ¿Qué va a hacer cuando tenga miles de millones de dólares y los bancos corresponsales estadunidenses no quieran recibirlos?
Los bancos que operan en México, Banxico, Hacienda y otros actores, tienen la capacidad de instrumentar la reforma que los dota de mecanismos para hacer posible un mayor control. Es momento de confianza y acción.
Brenda Calderón Ovando es Antropóloga, periodista, especialista en comunicación y derecho parlamentario, pero sobre todo, mujer de izquierda inmersa en la escena política nacional, siempre trabajando por las mejores causas de México.**
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