A pesar del compromiso por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, para esclarecer el paradero de los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos la noche del 26 de septiembre de 2014, los esfuerzos aún no son suficientes, indican expertos.
Esa misma voluntad también se espera de otras instituciones, como el Ejército, a la que se le ha solicitado información para avanzar en el caso, refirió Sofía de Robina Castro, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).
Reconoció la creación de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa, la cual preside el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, a partir de un decreto presidencial el 15 de enero de este año.
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Confió en que den resultado los operativos de búsqueda en terreno, los cuales han sido coordinados por la comisión que Encinas Rodríguez preside, en colaboración con la dirigida por la FGR y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Sin embargo, dijo que la Fiscalía General de la República (FGR) “tardó mucho en designar al fiscal para este caso”, ya que fue hasta el 27 de junio del presente año cuando el órgano judicial federal designó a Omar Gómez Trejo como titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa.
El caso se cae a pedazos
Tras la liberación de 24 policías de Iguala, presuntamente implicados en el caso, así como de Gildardo López Astudillo ‘El Gil’, supuesto “lugarteniente” del grupo criminal Guerreros Unidos, Robina Castro calificó como preocupante este hecho, sobre todo para las familias de los desaparecidos.
“Esas personas pudieran tener información importante para el caso”, explicó la representante de Centro Prodh.
Lo anterior es resultado, explicó, de la manera en que la pasada administración federal trató el caso, la cual “está llena de ”irregularidades”. “Además las pruebas eran ilícitas, ya que las obtenían bajo tortura”.
Aclaró que de estas liberaciones, solo al “Gil” se le absolvió, ya que al serles otorgada a los otros 24 elementos policíacos el auto de libertad, pueden volver a ser aprehendidos, en caso de que la FGR reinicie la investigación, y con base en los resultados, realice acusaciones apegadas a derecho.
Contra la “verdad histórica”
Desde su campaña presidencial, López Obrador prometió investigar por otras rutas el caso Ayotzinapa, “poner en duda los hallazgos del gobierno de Enrique Peña Nieto y llegar a fondo” del problema, refirió Martha Singer Sochet, experta en gobernabilidad y movimientos sociales de la UNAM.
El 27 de enero de 2015, el entonces titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, refirió que los 43 normalistas desaparecidos fueron “privados de la libertad, privados de la vida, incinerados y arrojados al río”. La “verdad históricas de los hechos”, de acuerdo con el funcionario.
Singer Sochet explicó que los padres de las víctimas han pedido “caminar por un sendero distinto” al de esta versión, la línea de investigación que siguió la administración de Peña Nieto.
No sólo no fue inadecuada esa línea de investigación, “sino que no daba un resultado útil para esclarecer los acontecimientos”, refirió la investigadora de la UNAM.
El 19 de este mes, el titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, anunció que debido a los vicios en el expediente, se reiniciaría la investigación en el caso Iguala en colaboración con los padres de las víctimas y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
Ante esto, Martha Singer Sochet señaló la importancia de no dejar de lado los avances que realizó el GEI en los expedientes y datos recabados.
“Si el juego político que de lo que se trata de desmentir que haya una verdad histórica, entonces habría que explorar caminos que no habían sido explorados hasta hoy”, subrayó la académica.
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