Desde hace 10 años es posible que las mujeres puedan realizarse un aborto legal en la Ciudad de México. No sólo eso, el sistema de salud de la capital apoya a las mujeres que hayan tomado dicha decisión, para que lo realicen de manera segura. El programa ha tenido los resultados planeados. A la fecha, ninguna de las alrededor de 180 mil mujeres que tomaron esa decisión, ha muerto como resultado de la intervención médica correspondiente realizada por la Secretaría de Salud de la Ciudad.

La política en cuestión, puesta en marcha durante el gobierno de Marcelo Ebrard, permite que cualquier mujer, independientemente de sus condiciones económicas, pueda interrumpir un embarazo, cuando antes eso sólo estaba al alcance de quienes podían acudir a un servicio médico privado, dispuesto a violar la ley o a aprovechar sus áreas grises. La ciudad también realiza acciones precisamente para prevenir los embarazos, algunas muy innovadoras como aquel famoso libro de educación sexual de secundaria, que se quiso censurar. Sin embargo, aún falta mucho para poner al alcance de todas y todos, los instrumentos y la información sexual que la población demanda. La interrupción legal del embarazo es el tipo de políticas que reduce de manera dramática los riesgos de salud de las personas y que no se implementan en más entidades, debido a los prejuicios morales y religiosos.

Seamos claros. La única manera de no criminalizar a las mujeres que abortan es establecer un esquema similar al de la Ciudad de México. Legislaciones como las que promueve el gobernador perredista de Michoacán (sí, del PRD) Silvano Aureoles, tendrán simplemente como resultado que mujeres sean perseguidas y encarceladas. Me pregunto ¿cómo alguien piensa que es bueno para la sociedad que una mujer reciba una pena de cárcel por tomar una decisión de esa naturaleza? Puedo entender que las personas consideren que la vida inicia antes del nacimiento y entonces, incluso en una situación difícil, una mujer decida no practicar un aborto, o en el caso de un hombre, no recomendarlo o tratar de disuadir para que no se realice.

Lo que es inaceptable, es que el sistema penal sea utilizado en contra de las mujeres por decisiones que toman con respecto a lo que sucede en su cuerpo. En ese sentido, es también difícil pensar en que alguien pueda tener una posición feminista, sin defender también el derecho de una mujer a interrumpir un embarazo.

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Políticas, como la interrupción legal del embarazo, que reducen los riegos a la salud de la población, están en riesgo por la influencia que logran los grupos religiosos en las políticas públicas. Ese es el caso del matrimonio igualitario, que ayuda a reducir la discriminación contra la población LGTBTI y, por tanto, mejora su acceso a los servicios de salud y en general a tener una mejor calidad de vida.

Recientemente, en la Cámara de Diputados, se decidió no discutir, a pesar de que estaba listada, una reforma para establecer en la Ley, la norma que garantiza la posibilidad de interrumpir un embarazo a una mujer víctima de violencia sexual. Este supuesto, el del aborto en caso de violación, no está penalizado por la legislación federal, pero el protocolo que la Secretaria de Salud establece al respecto no se cumple en todas las entidades, por lo que es necesario reforzarlo en la legislación correspondiente. Pero en la Cámara de Diputados ni si quiera eso se quiso conceder, cuando el dictamen era supuestamente, parte de las conmemoraciones del Día de la Mujer.

Hasta donde puedo ver, nada terrible ha sucedido ni a las familias, ni a la sociedad capitalina como resultado de que las mujeres que lo decidan puedan interrumpir el embarazo sin la posibilidad de ir a prisión. Por el contrario, creo que ha contribuido al proceso de empoderamiento, todavía insuficiente, que viven las mujeres en la capital y que queremos para nuestras hijas.

Es una política que contribuye a reducir las brechas de desigualdad, en este caso entre los hombres y las mujeres. Francamente no creo que exista la posibilidad de que este derecho se revierta en la capital del país, aunque debió de haber quedado con todas sus letras en la nueva constitución, tal y como ocurrió con el matrimonio igualitario. Preocupa, en cambio, lo que sucede en otras entidades, como Michoacán, donde se busca criminalizar todavía más a las mujeres.

Me parece que esto puede ser parte de una reacción absurda y peligrosa por parte de quienes profesan la cultura del machismo, frente a los avances de la sociedad mexicana en materia de equidad de género. Ante esto, es importante poner a la política de interrupción legal del embarazo de la Ciudad de México, como un ejemplo de cómo la agenda de equidad de género va en serio y sirve para construir una sociedad mejor.

 

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