El Consejo Nacional de Seguridad Pública es el órgano superior del Sistema Nacional de Seguridad Pública y donde concurren las autoridades involucradas con la seguridad pública de nuestro país y es o debería ser –en teoría, de acuerdo con el marco legal–, el espacio para presentar, discutir, evaluar y decidir sobre las políticas generales y la coordinación de acciones en materia de seguridad, justica y prevención social de la violencia y la delincuencia.

Así de importante es ese órgano colegiado y quienes hemos participado como especialistas y “representantes” de la sociedad civil sabemos la importancia y relevancia de ese espacio en la toma de decisiones, sí y sólo sí, sí se es capaz de poner en la mesa un tema de relevancia, se tiene la argumentación jurídica, técnica y social, así como la entereza para dar seguimiento operativo con los responsables del ejecutivo, para concretar un acuerdo ante Consejo Nacional y se requiere el doble de tesón para hacer que un acuerdo llegué a la acción dentro del Sistema Nacional de Seguridad Pública y créanme es una labor de tiempo completo y amplio compromiso.

Sin duda, la construcción de una agenda nacional en materia de justicia, seguridad y prevención social de la violencia y la delincuencia nos exige utilizar todos esos espacios institucionales colegiados a fin de hacer un balance de los problemas, los avances y los pendientes en materia de justicia, seguridad y prevención social de la violencia y la delincuencia.

En la coyuntura de transición de gobierno podemos dudar, aunque no, de la ruta a seguir para crear una política nacional en esas materias, pero no podemos dudar de un fin:

Para alcanzar la paz debemos dar acceso a justicia, impartir justicia, dar seguridad y reconstruir un orden básico de convivencia, y para eso necesitamos ciudadanía, familias, comunidades e instituciones fuertes. No tengamos duda.

En ese marco, la cuadragésima cuarta y última sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública que encabezará Enrique Peña Nieto, se antoja, como siempre, pero más ahora, autocrítica y reflexiva sobre el quehacer en temas vitales como:

  1. Política nacional para el desarrollo policial a fin de alcanzar la tan anhelada capacidad gubernamental para atender la seguridad pública con fuerza policial suficiente y con competencias ad hoc a las condiciones de violencia e inseguridad de cada municipio y entidad. Aquí, como en otras cosas, el balance nacional es negativo y las inversiones de tiempo, infraestructura, equipamiento y profesionales para la formación de recursos humanos es insuficiente para cubrir una matrícula básica suficiente para atender una decidida y amplia generación de nuevo ingreso.
  2. Atención a víctimas no podremos avanzar en la construcción de paz, sino somos capaces de aceptar la magnitud, las consecuencias y los costos humanos, familiares y sociales de la violencia y la delincuencia. Y a la fecha no hemos sido capaces ni como Estado ni como sociedad de aceptar los costos
  3. Atención y prevención de violencia contra la mujer, una nación que no es capaz de proteger a sus niñas y mujeres no tiene futuro, y México tiene una gran deuda en esa materia a nivel nacional. La orientación es simple: urge una política nacional, coordinada, transversal, integral y operativa en lo local.
  4. Prevención social de la violencia y la delincuencia, sin duda la administración del Lic. Enrique Peña Nieto jamás entendió qué es la prevención social y la pulverización de las acciones y recursos entre la Subsecretaría Prevención de Delito y Participación Ciudadana y el Centro Nacional de Prevención y Participación Ciudadana, llevó al completo fracaso un Programa Nacional de Prevención del Delito que se vislumbra indispensable y esperanzador, pero al final tenemos una política nacional en completo fracaso.
  5. Un Sistema Nacional de Información de Seguridad y Justicia claramente organizado para garantizar la producción de estadísticas objetivas, periódicas, estandarizadas, comparables, auditables y transparentes.

Otros temas en las que ese Consejo nos debe una reflexión con voces claras y fuertes son:

  • El papel de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública,
  • Las capacidades institucionales y humanas para la operación del inacabado Sistema de Justicia Penal,
  • Justicia para mujeres,
  • Justicia para adolescentes,
  • La eficiencia y calidad del 9-1-1 como número único de emergencias a nivel municipal, estatal y federal,
  • Los métodos alternativos de solución de controversias,
  • La justicia cívica,
  • La prevención del delito,
  • La atención y prevención de violencia contra la mujer,
  • La policía de proximidad o preventiva, y
  • Políticas de prevención social de la violencia.

En el inédito proceso de transición entre el presidente constitucional, Enrique Peña Nieto y el presidente electo Andrés Manuel López Obrador deben estar estos y otros temas, y la última sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública es, o debería ser, la oportunidad para hacer trinar las campanas para marcar un antes y un después en materia de justicia, seguridad y construcción de paz para nuestro país, y para las administraciones, la entrante y la saliente, debe ser una oportunidad para poner en la mesa lo construido y una agenda de lo faltante. Eso, sin duda, sería un ejercicio de plena democracia para una Nación que no puede y no debe reinvertarse cada seis años.

 

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