En México, hasta el primer semestre de 2018, 8 de cada 10 personas se sienten inseguras en su ciudad, esto de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Los espacios donde nos sentimos más inseguros los habitantes de las ciudades son: cajeros automáticos, transporte público, calles, mercados, carretera y parques recreativos. Eso, por sí mismo, es terrible para cualquier persona, pero resulta grave para un Estado Nación que su ciudadanía no sólo tenga esa percepción de inseguridad viviendo en un estado de derecho, sino que, además, su expectativa sobre su seguridad sea tan negativa, ya que la misma encuesta señala que 6 de cada 10 personas espera que siga igual de mal e incluso espera, que el siguiente año, la inseguridad  empeoré.

¿Qué hay entorno a la  construcción de esa percepción y pesimismo en materia de seguridad? Está lo que la Organización  de las Naciones Unidas, Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo han marcado como la pauta fundamental para el desarrollo de nuestros países y es la necesidad y urgencia de: “Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles  instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas”.

Así, la construcción de paz, de justica e instituciones sólidas y transparentes, son temas de agenda obligada no sólo para México, sino para los países del resto mundo, y ese fue el eje de reflexiones y discusiones en el XXIII Encuentro Iberoamericano de Autoridades Locales que se llevó a cabo en Medellín de Bravo y Orizaba, estado de Veracruz, del 22 a 25 de julio de 2018, con presencia de 18 países.

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Resulta de gran interés para nuestro país, especialmente por el momento de transición política en el que nos encontramos, escuchar los ejes y la visión de lo que debe ser la construcción de políticas públicas en materia de seguridad desde la perspectiva de diversos expertos y autoridades municipales de Iberoamérica, las cuales centran sus recomendaciones sobre:

  1. Fortalecer la perspectiva de seguridad ciudadana, proximidad policial y participación ciudadana, en particular se habló de “sentar al ciudadano al volante para conducir la construcción de ciudades accesibles, seguras y en paz.
  2. Desarrollar políticas públicas integrales y transversales basadas en la justicia social, los Derechos Humanos, la atención a víctimas y la prevención social de la violencia y los delitos.
  3. Mejorar la gobernabilidad a través de acciones locales puntuales y visibles: luminarias, rescate de espacios públicos e intervenciones participativas que involucren a los sectores público, social y privada.
  4. Crear puentes o mecanismos de comunicación efectiva entre la ciudadanía y el gobierno para mejorar la confianza y combatir la corrupción, específicamente se habló de trabajar en la comunicación pública como una herramienta clave para mejorar la confianza de la ciudadanía en los gobiernos y la percepción en la seguridad.
  5. Mejorar la figura policial con un enfoque de proximidad, inteligencia social y de profesionalización permanente.
  6. Atender temas estratégicos para reducir la violencia pasando, evidentemente, por la atención a la corrupción, mejorar la justicia y atender la violencia contra la mujer.

Dos grandes reflexiones quedan para dar seguimiento en los siguientes meses, que remarquemos son decisivos en la construcción de una política pública en materia de seguridad para nuestro país.

La primera, en el contexto actual, innovar en seguridad es generar mecanismos de colaboración entre la ciudadanía y la policía. Específicamente se hizo énfasis en la importancia de hacer inteligencia social para mejorar la inteligencia policial, contar con estadísticas y generar mecanismos de intercambio de información entre ciudadanía y la policía. No se habla de innovación a través de procesos tecnológicos per se.

Las condiciones de violencia e inseguridad, corrupción, impunidad y desconfianza exigen voltear a ver y poner en el centro de esas acciones a la ciudadanía como un actor proactivo y decisivo para darle la vuelta a esos escenarios de inseguridad en las ciudades de América Latina.

La segunda gran conclusión es sobre la importancia que tienen, y deben tener, los poderes locales (municipios) en la construcción de condiciones y capacidades institucionales para la convivencia, el orden, la justicia, la seguridad y la paz. De manera decisiva se hizo un llamado a generar y fortalecer los liderazgos locales, efectivos, corresponsables e incluyentes que recuperen la confianza de la ciudadanía, que combatan la corrupción y que pongan esos temas en el centro de su agenda de gobierno.

Así, no cabe duda de que la construcción de paz, justicia e instituciones sólidas para la seguridad debe estar en el quehacer de los 2 mil 464 municipios, de las 32 entidades de país y del ejecutivo federal en materia de seguridad, justicia y paz para nuestro país.

Los escenarios no son nada alentadores, recordamos, por ejemplo, que sólo a nivel estatal contamos menos de 50% de la fuerza policial necesaria para prestar los servicios de seguridad y a nivel local, baste saber que, hay municipios que no cuentan con cuerpos de seguridad pública.

Más datos para documentar nuestro pesimismo: en el 2017 el Diagnóstico Nacional sobre las Policías Preventivas de las Entidades Federativas identificó que el promedio de policías por cada mil habitantes era de 0.8, mientras que el estándar mínimo a nivel nacional es de 1.8 policías por cada mil habitantes y el referente internacional es de 2.8 policías por cada mil habitantes.

Y no entremos en detalles fundamentales que permitirán contar con una fuerza policial que contienda con la violencia y la delincuencia en nuestro país, como  son: la formación de competencias básicas para ejercer la función policial, la evaluación de control y de confianza, la evaluación de desempeño y las condiciones básicas para el fortalecimiento del desarrollo policial: salarios, seguros de vida, servicios médicos, vivienda, entre otros y, si, estamos obligados como sociedad y gobiernos a generar capacidades legales, institucionales y presupuestales para la dignificación del servicio policial. Dignificación humana, profesional y social de la policía, de las y los policías de nuestro país.

Así, recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones de gobierno en general, pero, en particular, en las de justicia y seguridad y dignificar la función policial son aspectos “sutiles”, pero claves para dar la vuelta a un escenario trágico de altos índices delictivos y una expectativa social de que la seguridad no mejorará.

Para finalizar, la nota de buen aliento y mejores miras ¿a dónde ir? ¿dónde ver? No hay duda que unas son las “capacidades institucionales” creadas a nivel federal, y desde y con el Consejo Nacional de Seguridad Pública, y la otra la realidad y las experiencias desarrolladas por los propios municipios  –con lo que hay y con lo que tienen– y aquí baste mirar las experiencias creadas por municipios como Nezahualcóyotl (Estado de México), Escobedo (Nuevo  León) y Morelia (Michoacán) con su modelo de proximidad policial o el de Tlalnepantla de Baz (Estado de México) con su modelo de construcción de paz. Esas son las pautas que debemos observar y retomar para construir y avanzar en el quehacer de justicia, seguridad y paz para nuestro país.

 

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