- Fortalecer la perspectiva de seguridad ciudadana, proximidad policial y participación ciudadana, en particular se habló de “sentar al ciudadano al volante para conducir la construcción de ciudades accesibles, seguras y en paz.
- Desarrollar políticas públicas integrales y transversales basadas en la justicia social, los Derechos Humanos, la atención a víctimas y la prevención social de la violencia y los delitos.
- Mejorar la gobernabilidad a través de acciones locales puntuales y visibles: luminarias, rescate de espacios públicos e intervenciones participativas que involucren a los sectores público, social y privada.
- Crear puentes o mecanismos de comunicación efectiva entre la ciudadanía y el gobierno para mejorar la confianza y combatir la corrupción, específicamente se habló de trabajar en la comunicación pública como una herramienta clave para mejorar la confianza de la ciudadanía en los gobiernos y la percepción en la seguridad.
- Mejorar la figura policial con un enfoque de proximidad, inteligencia social y de profesionalización permanente.
- Atender temas estratégicos para reducir la violencia pasando, evidentemente, por la atención a la corrupción, mejorar la justicia y atender la violencia contra la mujer.
Justicia e instituciones sólidas para la seguridad
Las condiciones de violencia e inseguridad, corrupción, impunidad y desconfianza exigen voltear a ver y poner en el centro de esas acciones a la ciudadanía como un actor proactivo y decisivo.
En México, hasta el primer semestre de 2018, 8 de cada 10 personas se sienten inseguras en su ciudad, esto de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Los espacios donde nos sentimos más inseguros los habitantes de las ciudades son: cajeros automáticos, transporte público, calles, mercados, carretera y parques recreativos. Eso, por sí mismo, es terrible para cualquier persona, pero resulta grave para un Estado Nación que su ciudadanía no sólo tenga esa percepción de inseguridad viviendo en un estado de derecho, sino que, además, su expectativa sobre su seguridad sea tan negativa, ya que la misma encuesta señala que 6 de cada 10 personas espera que siga igual de mal e incluso espera, que el siguiente año, la inseguridad empeoré.
¿Qué hay entorno a la construcción de esa percepción y pesimismo en materia de seguridad? Está lo que la Organización de las Naciones Unidas, Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo han marcado como la pauta fundamental para el desarrollo de nuestros países y es la necesidad y urgencia de: “Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas”.
Así, la construcción de paz, de justica e instituciones sólidas y transparentes, son temas de agenda obligada no sólo para México, sino para los países del resto mundo, y ese fue el eje de reflexiones y discusiones en el XXIII Encuentro Iberoamericano de Autoridades Locales que se llevó a cabo en Medellín de Bravo y Orizaba, estado de Veracruz, del 22 a 25 de julio de 2018, con presencia de 18 países.
Resulta de gran interés para nuestro país, especialmente por el momento de transición política en el que nos encontramos, escuchar los ejes y la visión de lo que debe ser la construcción de políticas públicas en materia de seguridad desde la perspectiva de diversos expertos y autoridades municipales de Iberoamérica, las cuales centran sus recomendaciones sobre: